En la agenda política de la semana se filtró una noticia pintoresca: el hallazgo de un helicóptero de la Bonaerense, junto con ocho aviones de pequeño porte, durante un allanamiento efectuado por la Policía Nacional de Paraguay en un hangar del aeródromo de Areguá, a 20 kilómetros de Asunción. Era parte de la flota de Jorge Teófilo Samudio González (a) “Samura”, el licenciatario local del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. Lo cierto es que el asunto sumió en una situación embarazosa a la ex gobernadora provincial, María Eugenia Vidal, y a su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo. Para comprender dicha trama conviene, ante todo, reparar en este empresario de pócimas prohibidas.
Su figura saltó a la luz a raíz del operativo “Espantapájaros”, en mayo de 2011, cuando agentes antidroga del vecino país decomisaron 370 kilos de cocaína y detuvieron al piloto Carlos Antonio Vivero López. Cabe resaltar que éste es primo hermano de Horacio Cártes (el anfitrión de la reciente visita de Mauricio Macri a la capital guaraní), quien gobernó a Paraguay entre 2013 y el 13 de agosto de 2018. En ese lapso el tal Samura supo gozar de una notable impunidad. Pero el 10 de octubre fue detenido. Aún así continuó manejando su imperio desde el penal La Emboscada, nombre que atesoraba una profecía.
Porque el 11 de septiembre del año siguiente, cuando era llevado desde el Palacio de Justicia de regreso a la cárcel en un camión celular escoltado por cuatro patrulleros con cinco guardiacárceles y 16 policías armados hasta los dientes, irrumpieron súbitamente unos ocho vehículos en el tramo final de la Costanera, cerca del Jardín Botánico de Asunción, y de sus cabinas brincaron unos 20 pistoleros con fusiles de asalto, ametralladoras y granadas. La escena, que parecía inspirada en alguna película de Sam Peckinpah, concluyó apenas dos minutos después con la caravana penitenciaria convertida en un colador, el cadáver de un comisario, y Samura en libertad.
Un dato: aquel miércoles el Robinson R-44, con matrícula FWC, de la Bonaerense, ya se encontraba en el aeródromo de Areguá.
Se podría afirmar que sobre los helicópteros de esa fuerza de seguridad pesa una maldición. Esta se remonta a 1992, cuando el entonces gobernador Eduardo Duhalde la dotó con 40 unidades Robinson R-22. A la semana de la entrega, tres se precipitaron a tierra por fallas del motor.
Tal adquisición había sido recomendada por el comisario Héctor Bassino, quien encabezaba la llamada División Aérea de aquella mazorca. Se decía que él había privilegiado los negocios por sobre la vida humana, puesto que tales aparatos tenían prohibido sobrevolar zonas urbanas por las precariedades de su mecánica. Eran desaconsejables para vuelos nocturnos y su gran inestabilidad los volvía peligrosos en zonas ventosas como las del Conurbano. También se rumoreaba que eso lo había enemistado con algunos de sus pares; de hecho, el 17 de junio de 1997, en medio de una interna policial, el tipo fue ejecutado a balazos por dos desconocidos en una esquina de Quilmes.
Su deceso fue muy lamentado por uno de sus entenados, el joven piloto policial Alejandro Férzola. Trece años después, este partió del aeródromo de Brandsen a bordo de un Robinson R-44 (idéntico al hallado en Areguá) hacia Santa Teresita para sumarse al Operativo Sol. Pero nunca llegó. La nave y su único tripulante habían desaparecido para siempre. Con posterioridad circuló una versión inquietante: ese helicóptero habría transportado el botín del robo a las cajas de seguridad en la sucursal Belgrano del Banco Provincia, cometido apenas unos días antes.
Por su parte, las actuales tribulaciones aéreas de la dupla Vidal-Ritondo son fruto del modelo macrista de ganancias sucias en sociedad con los amigos. De modo que, con la excusa de que la flota de aparatos de la Bonaerense no era utilizable, fue dibujada una licitación para alquilar aviones y helicópteros, que favoreció a las firmas Jas Fly, de Marcelo Scaramellini; Baires Fly, de la familia Macri, y Beech Flying, de Leonardo Spokojny. Este último fue quien, a cambio de cifras que oscilaban entre 51 y 170 millones de pesos anuales, de acuerdo a la cotización del dólar, aportó cuatro Robinson R-44 desde enero de 2016 a mediados de 2019.
“Leo” –como lo llama el ex presidente– es un viejo pájaro de cuentas. Asiduo aportante en las campañas electorales, supo brindar la logística aérea para sus desplazamientos proselitistas en 2015. Amante del arte, en septiembre de 2018 intentó cruzar a Uruguay nueve cuadros de valuación millonaria, que fueron retenidos por la Dirección General de Aduanas.
Por expresa indicación presidencial, Vidal firmó el contrato prorrogable para el uso de sus aparatos, pese a que tres de ellos presentaban un problemita burocrático: carecían del “despacho de plaza” (el procedimiento aduanero para ingresar bienes de importación). Dicho en cristiano, entraron de contrabando. Tal era el caso del Robinson descubierto en Paraguay. Al respecto se especula que ese aparato fue sacado presurosamente del país –el 30 de marzo del año pasado, según Spokojny– para torear algún entredicho con la AFIP.
Pero su versión quedó plasmada en un comunicado, donde se sostiene que ese helicóptero fue llevado en aquella fecha a Paraguay “por vencimientos mandatarios indicados por el fabricante (una verificación técnica)”, optando por realizarlo allí debido a la “conveniencia de los costos”. Y aclara que tal examen no resultó satisfactorio ya que “no hubo entendimiento con la marca”, quedando el aparato allí (o sea, en el hangar del bueno de Samura). Y sí reconoce que no retiró “en tiempo y forma el ploteo” de la Bonaerense.
En sintonía con esa versión, Ritondo, en un breve diálogo telefónico con Tiempo, dijo: “Cuando (los helicópteros) se devuelven es la empresa la que se encarga de sacar el ploteo para volver a alquilarlo. El destino de la aeronave es responsabilidad de esa empresa”.
Al respecto difundió una misiva fechada el 7 de junio de 2019 (más de dos meses después de la llegada del Robinson a Paraguay), donde el director de Operaciones Aéreas de la Bonaerense, comisario Miguel Kowalewski, le solicita a Spokojny retirar de inmediato el ploteo.
Sin embargo, una fuente cercana al ex ministro confirmó a este diario que el contrato de alquiler con Beech Flying recién venció en agosto de ese año. En otras palabras, durante más de cuatro meses un helicóptero alquilado por la gobernación bonaerense para su uso policial integró en realidad la flota del afamado Comando Vermelho. Una proeza de alto vuelo.
Por Ricardo Ragendorfer – Tiempo Argentino