Son horas decisivas para el futuro del Frente de Todos. Después de las críticas por el ajuste fiscal plasmado en el Presupuesto 2021, el oficialismo trazó una agenda parlamentaria que incluyó como eje principal el tratamiento del proyecto de aporte extraordinario de las grandes fortunas. Con su media sanción en Diputados, Alberto Fernández logró, quizás sin buscarlo, ordenar su frente interno. Y ostentó, a su vez, las alianzas sobre las que sostiene su gobernabilidad, con los representantes de la Renovación en primera línea.
Antes fue necesario alinear la política económica detrás de Martín Guzmán. Es que el ministro de Economía comenzó a hacer todos los deberes para acceder a un programa de Facilidades Extendidas con el Fondo, que le permitiría a Fernández patear los vencimientos de la deuda hasta 2024. Al anuncio del descongelamiento de tarifas, le siguió la presentación de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que comenzará a regir el año que viene y dejará de contemplar la inflación en su cálculo.
Las medidas generaron fricciones entre las distintas tribus que conforman la coalición gobernante. Sin ir más lejos, Cristina Kirchner volvió a salir a la cancha. Lo hizo a través de otra carta, esta vez dirigida a Kristalina Georgieva y firmada por el bloque de senadores del Frente de Todos. La vicepresidenta llamó al Gobierno a no ceder ante un eventual pedido de mayores condicionalidades por parte de Washington. Mucho menos, si vienen de un organismo de crédito que, como confesó un alto funcionario estadounidense, violó sus propios estatutos para beneficiar electoralmente a Mauricio Macri.
En el Palacio de Hacienda admitieron que el mensaje “no ayudó”. El contenido del texto no fue consultado con Guzmán, pese a haber sido publicado en medio de plenas negociaciones. Un desplante que se suma al ocurrido apenas pocos días antes: el sorpresivo pedido de sesión, por parte de Máximo Kirchner, para tratar el aporte de los ricos. Con dictamen desde septiembre, se esperaba que la iniciativa fuera enviada junto con la reforma tributaria que el oficialismo está terminando de delinear, pero los tiempos políticos se aceleraron.
Después de seis meses de haber sido anunciado, el proyecto por fin llegó al recinto esta semana. En él se propone que las personas físicas que cuenten con un patrimonio superior a los $200 millones deban pagar un gravamen a modo de contribución extraordinaria para afrontar las consecuencias de la pandemia. Además, contempla diversas escalas de acuerdo a la suma total de bienes en su valor fiscal. A partir de alcanzar un universo potencial de 9.298 personas, la AFIP espera recaudar alrededor de $307.000 millones.
Es una incógnita cuántos misioneros figuran en esa nómina privilegiada. Hasta el momento, el único nombre que se conoce es el de Maurice Closs. El exgobernador está entre los ocho senadores nacionales alcanzados por el aporte. Según su declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, cuenta con un patrimonio de $783.981.643,49. Es un monto que, según señalan en su entorno, le fue heredado por su padre. Si el proyecto se aprueba tal cual, Closs deberá pagar unos $18.309.660. El aristobuleño ya adelantó que votará a favor. Un tipo solidario.
Así y todo, a la ley le espera un derrotero judicial más que incierto. El lobby del Círculo Rojo contra la iniciativa es feroz. El Foro de Convergencia Empresarial lanzó un comunicado pidiendo que el proyecto sea retirado del Congreso. En ese sentido, el presidente del Banco Macro, Jorge Brito, amenazó con una “rebelión fiscal” y cuestionó: “No es un impuesto nuevo en un país con una tributación sencilla, sino otro impuesto más, que aunque sea por única vez, se da en un país con una alta tributación y una gran cantidad de impuestos”.
El argumento de la presión fiscal asfixiante que sufriría la Argentina es un mito tan instalado como fácil de refutar. Basta con ir a las fuentes. Según un informe realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el peso del sistema impositivo sobre el PBI nacional fue, en 2017, del 30,3%. Es un porcentaje similar al de países vecinos como Uruguay (30,9%) o Brasil (32,2%). Por debajo, incluso, de Japón (30,6%) o del promedio de los miembros de la Unión Europea (37,5%).
En realidad, el dato a mirar es otro. El país percibe de impuestos a los sectores de mayores ingresos solo el 5,3% de su PBI. Una cifra que contrasta, por ejemplo, con las de Francia (10,9%), Israel (11,6%) o Alemania (12,2%). El cálculo, que realiza la OCDE, tiene en cuenta la suma del conjunto de los gravámenes progresivos aplicados por cada país. Y se basa, sobre todo, en el que refiere a los Bienes Personales. A diciembre de 2019, ese impuesto sólo explicaba el 0,5% de la recaudación a nivel nacional. Mientras tanto, el IVA es hace décadas el principal tributo con el que recauda el Estado, un gravamen indirecto e indiscriminado.
Toma y daca
La contribución extraordinaria fue aprobada en la Cámara baja con 133 votos a favor. Para llegar a ese número, al Frente de Todos contó con el apoyo de la totalidad de los diputados misioneros, con excepción de Luis Pastori. El jefe del bloque renovador, Ricardo Wellbach, había declarado que acompañarían siempre y cuando se garantizara que lo recaudado fuera coparticipable. Pero ese punto nunca fue tratado. Sin haber hecho mención alguna durante las más de doce horas de debate, los misioneristas se limitaron, llegado el momento, a levantar la mano.
Hay motivos de sobra para entender ese voto silencioso. Sin embargo, el fundamental está en la aprobación definitiva del artículo 124 del Presupuesto, que crea la zona especial aduanera para Misiones. Las expectativas son enormes. Los renovadores se esperanzan con brindar en Año Nuevo con la noticia de que Fernández firmó el decreto que confirma lo acordado en la ley de leyes. Si eso ocurriera, el 2 de enero comenzaría una nueva etapa en la historia económica de la provincia. Aunque las proyecciones oficiales son demasiado ambiciosas: describen un cuadro en el que los precios bajarían casi un 50% y el ingreso de divisas alcanzaría niveles inéditos. ¿El final de la aduana paralela?
Atrás parecen haber quedado las tensiones con el kirchnerismo por los nombramientos en los cargos nacionales. El capítulo de la disputa por Yacyretá fue el más relevante y se cerró sin mayores heridos. Después de varias idas y vueltas, esa caja terminó quedando en manos del gobierno central. La Renovación intentó disimular el golpe recibido aduciendo que la mayoría de las obras comprometidas ya fueron concretadas, por lo que la influencia del cargo de director de la EBY ya no sería determinante. Pero no cabe duda de que se trató de una batalla perdida.
La reaparición pública de Carlos Rovira sirvió para dejar en claro una sola cuestión: la importancia que tiene para el líder renovador el cumplimiento de lo que se promete. Su discurso en la inauguración del nuevo Tribunal de Cuentas fue un guiño directo a Sergio Massa y un tiro por elevación a la propia Cristina Kirchner. Se trata, como a lo largo de los últimos años, de pagar gobernabilidad con gobernabilidad. Solo que, al igual que Hugo Passalacqua con Cambiemos, Oscar Herrera Ahuad también lo hace al contado. La última palabra, a fin de cuentas, la sigue teniendo la Casa Rosada.
Por Pedro Lacour para Misiones Para Todos