Las cartas están echadas. Esta semana, la media sanción a la ley de intervención voluntaria del embarazo volvió a encender el debate en el recinto del Congreso. La demanda de un amplio sector de la sociedad argentina llevó a que Alberto Fernández no pueda seguir haciéndose el distraído con una de sus principales promesas de campaña. El aborto es un tema tan urgente como polémico. Sin embargo, al igual que en 2018, los votos misioneros en Diputados fueron en su mayoría negativos. La Renovación hace tiempo que tomó una postura: está jugada por el color celeste.
De los siete representantes de la provincia en la Cámara baja, fueron cinco los que rechazaron la iniciativa. El radical Luis Pastori mantuvo su voto negativo, al igual que el renovador Ricardo Wellbach. Así también ocurrió con los legisladores que asumieron en 2019: Diego Sartori y Alfredo Schiavoni no acompañaron la medida. La kirchnerista Cristina Britez fue la única del Frente de Todos misionero en votar a favor. Mientras que su compañero de banca, Héctor “Cacho” Bárbaro, ensayó una anunciada abstención.
La sorpresa de la jornada la dio Flavia Morales. Cuando todo indicaba que la diputada renovadora se volvería a posicionar en contra, dio su voto afirmativo para la aprobación del proyecto. “No se trata de lo que yo piense, sino de lo que uno escucha en el territorio. Es el Estado el que debe regular”, dijo en su discurso. Su decisión alimentó las suspicacias. Es que Morales nunca se había pronunciado públicamente a favor del derecho a decidir de las mujeres. “Había que quedar bien con todos”, murmuró una garganta malpensada.
Fue el propio Oscar Herrera Ahuad el que aprovechó, por su parte, la ocasión para reiterar su oposición al proyecto de ley. “Ya lo dije en varias oportunidades, independientemente de todo, es mi postura personal. Se pueden hacer mejor las cosas en lo que hace a la enseñanza de los jóvenes”, apuntó el gobernador. Y agregó que el tema casi no se trata dentro de las familias. “La cuestión de fondo está dada por los valores”, reflexionó.
En ese sentido, la dirigencia posadeña no se quedó atrás. Hace dos años, el Concejo Deliberante declaró a Posadas como ciudad “pro-vida”. Ahora, Pablo Velázquez, el impulsor de aquella declaración, salió a reconfirmar el carácter de esa voluntad. Es algo que va en línea con los 33 municipios de la provincia que se adhirieron a la convocatoria nacional de la “Caravana Por la Vida” del pasado 28 de noviembre. Muchas de las localidades, al igual que Posadas, ya habían acompañado. La última en sumarse fue Bernardo de Irigoyen. La subsecretaria de Cultos provincial, Rossana Barrios, fue la cara visible de la Renovación en la marcha, que volvió a replicarse el pasado jueves.
Es que, más allá de su pragmatismo característico, un dato permite comprender mejor esta monocromía renovadora: el férreo rechazo de Carlos Rovira a la legalización del aborto. En 2018, el líder renovador se expresó de manera contundente contra la medida. En su rol de presidente de la Cámara de Representantes, declaró de interés provincial las marchas celestes organizadas por grupos cristianos. Rovira nunca renegó de sus vínculos con sectores importantes de la Iglesia Católica. Sin ir más lejos, el gobierno provincial comparte la gestión de la Universidad Católica de las Misiones junto al Obispado de Posadas. Un lazo del que no puede esperarse no tener consecuencias.
Datos
El aborto está lejos de ser un tema porteño, como muchos pretenden instalar. Además de sus 285 internaciones por abortos inseguros, Misiones dobla prácticamente la media del resto del país en nacimientos de madres adolescentes. Es del 20%, ubicándose entre las primeras seis provincias de la Argentina. El dato más alarmante sigue siendo, sin embargo, las cifras de embarazos de niñas de entre 10 y 14 años. Aunque el pico fue en 2009, con 4,3%, ahora alcanza el 2,5%. Es un núcleo duro difícil de revertir: son producto de casos de abusos, muchos de ellos en el seno familiar. Durante 2019, 180 niñas-madres fueron obligadas a parir en la provincia.
Son consecuencias de la desidia médica. Muestra de eso es que más de un centenar de ginecólogos misioneros se inscribieron en el Registro de Objetores de Conciencia que habilitó el Colegio de Médicos de Misiones. Son aquellos que se niegan a practicar abortos en el marco del protocolo de interrupción legal del embarazo (ILE), que fue actualizado recientemente por el Ministerio de Salud de la Nación y al que la provincia adhirió. El Registro tiene como finalidad “resguardar el derecho de quienes por cuestiones morales, éticas, filosóficas, culturales, religiosas o ideológicas se consideren exentos de realizar actos médicos que se encuentren en contradicción con sus convicciones”. Profesionalismo, a marzo.
Al proyecto original del Frente de Todos se le agregaron algunas modificaciones, como la objeción de conciencia para las instituciones privadas y la obligatoriedad para menores de edad de ir acompañadas de un mayor. La interrupción del embarazo, hasta la semana catorce de gestación, está acompañada del denominado “Plan de los 1000 Días”. Es una política que busca guiar desde el Estado a la mujer que sí decide llevar adelante su embarazo. Le garantizo el cuidado de la salud durante la gestación y la primera infancia. Desde el feminismo denuncian que es una concesión de Fernández a la Iglesia Católica y los grupos evangélicos, y una trampa que solo serviría para presionar a las mujeres para que no se realicen la IVE.
En el Senado, el número continúa abierto. Mientras que Humberto Schiavoni volverá a ir por la positiva, los renovadores Maurice Closs y Magdalena “Maggie” Solari repetirían su decisión de hace dos años y votarían en contra. En 2018, la Cámara alta rechazó el proyecto por siete votos de diferencia. Sin embargo, ahora el cálculo se anticipa más ajustados. Y los promotores del proyecto no descartan un eventual escenario de paridad. La incógnita todavía se centra en la muñeca política de Cristina Kirchner. ¿Y si le toca desempatar?
Una combinación de factores llevaron a que el Estado comenzara a darle rango institucional a una problemática inocultable que afecta a todas las mujeres. Sobre todo, a aquellas de menores ingresos que, sin acceso a condiciones de mínima salubridad, ponen en peligro su vida. Los cerca de 500 mil abortos que se realizan por año en la Argentina son, en realidad, el último eslabón de una cadena más larga. Así como es necesario el acceso gratuito a métodos anticonceptivos y el efectivo cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral, es fundamental que la interrupción voluntaria del embarazo deje de ser una práctica clandestina. Es salud pública, no opinión.
Por Pedro Lacour para Misiones Para Todos