El Parlamento dijo "sí" al comienzo del proceso de ruptura con España; el presidente Mariano Rajoy se mostró dispuesto a utilizar todas las herramientas a su alcance para frenarlo
Fue un día histórico para los catalanes. Por 72 votos a favor y 63 en contra, el Parlamento aprobó la resolución para comenzar con un proceso de independencia que podría concluir en la creación de un Estado propio.
Pese a que ni bien se dio a conocer la noticia el presidente español Mariano Rajoy se mostró firme y convencido de que no dejará que esta iniciativa prospere, el gobierno en funciones de Artur Mas y los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y CUP comenzaron a esbozar el plan de pasos a seguir para continuar con la ruptura con España.
Aunque sólo pasaron horas, la resolución será suspendida, de forma provisional, por el Constitucional tras el pedido de Rajoy. Sin embargo, ni la Generalitat ni Junts pel Sí y la CUP se opondrán al pronunciamiento por lo que se expondrán a quedar por fuera de la ley. Las autoridades catalanas se mostraron dispuestas a enfrentar las consecuencias.
Ante este desacato, el gobierno español buscará identificar desde el primer momento a los responsables del desacato. La presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, podría quedar expuesta a una petición de inhabilitación si no cumple con su rol y frena la resolución, según lo publicado por el diario El País. También podría afrontar cargos Artur Mas, quien ya tiene en su contra una querella por la consulta del 9 de noviembre.
Con la mira puesta en avanzar con la iniciativa, Junts pel Síy la CUP preparan a sus diputados para que de acá a un mes elaboraren la ley del proceso constituyente, la de la hacienda catalana y la de la seguridad social.
En la resolución aprobada ayer queda explícito que la Generalitat sólo deberá obedecer las leyes emanadas del Parlamento catalán y que determinadas normas antes en función dejarían de aplicarse. Entre ellas se encuentra la ley de pobreza energética, que busca garantizar el suministro de gas, de luz y de agua a personas que estén en riesgo de exclusión social y reubicar a quienes hayan sido desalojados.
Otra de las medidas impulsadas ayer junto con el proceso independentista es que a partir de ahora cualquier extranjero que viva en Cataluña no tendrá que esperar tres meses sino que obtendrá de inmediato una tarjeta sanitaria. Y una tercera deja la puerta abierta a que se deje de aplicar la ley educativa Wert para concretar una inmersión
