El Tribunal Oral Federal (TOF) N° 3 porteño dio a conocer el veredicto del juicio que se le siguió a 12 acusados de ser parte de una organización dedicada al tráfico de marihuana que operaba desde la ciudad correntina de Itatí
El caso desató un escándalo en la provincia de Corrientes porque en el marco de la investigación, en marzo de 2017, fueron detenidos los por entonces intendente y viceintendente de Itatí, Natividad “Roger” Terán y Fabio Aquino, respectivamente. En el expediente también fue procesado el histórico juez federal con competencia electoral Carlos Soto Dávila.
El juicio que duró casi dos años estuvo a cargo de los jueces Ante los jueces Andrés Basso, Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal general Juan García Elorrio y por el fiscal federal Diego Iglesias y el auxiliar fiscal Martín Uriona, funcionarios de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).
Ahora, los jueces deben decidir si homologan o no el acuerdo de juicio abreviado al que llegó el Ministerio Público Fiscal con las defensas de otros 27 acusados.
Bareiro fue encontrado culpable del delito de transporte de material estupefaciente en concurso real con los delitos de comercio de ese tipo de sustancias, agravado por la intervención de funcionarios públicos y por servirse de menores de edad, en calidad de autor, en concurso real con asociación ilícita, en carácter de jefe.
“Estamos ante una organización criminal dedicada al tráfico de drogas con una importante logística tanto a nivel nacional como internacional, con permanencia en el tiempo y persecución de beneficios patrimoniales, que ejerció una poderosa influencia, de forma directa o indirecta, en el funcionamiento de múltiples dependencias públicas de orden municipal, provincial y nacional”, había sostenido el fiscal Iglesias al comenzar su alegato, el 29 de abril pasado.
La segunda mayor condena dictada por el tribunal a cargo del debate fue para Diego Ocampo Alvarenga, que llegó a ocupar el cargo de comisario y fue la máxima autoridad de la Policía de Corrientes en Itatí. Los jueces le fijaron una pena de nueve años y medio de cárcel. Lo encontraron culpable del delito de de comercio de material estupefaciente, agravado por la intervención de funcionarios públicos y por servirse de menores de edad, en concurso real con asociación ilícita, el primero en calidad de autor y el segundo en carácter de miembro.
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Fuente: La Nación