En 2007, el hampón chubutense que protagonizó fugas y robos a bancos, fue el cerebro de un asalto al Ministerio de Economía de Chubut que terminó con dos policías muertos. La semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia confirmó su prisión perpetua por el caso, pero su abogada respondió con un nuevo recurso
Martín Alejandro Espiasse nunca quiso ser famoso. Siempre dejó que la épica destructora de su vida hablara por él. Esa vida puede comenzar a ser contada desde cualquier punto. Desde su última caída por ejemplo. Fue en noviembre de 2017, en un búnker en el campo, en las afueras de la ciudad de Mendoza. Había llegado allí tras cuatro años de vida clandestina. Había escapado del penal de Ezeiza, la célebre fuga de agosto de 2013, fue el último de los ocho que huyeron. Lo encontraron con cuatro identidades falsas, un arsenal de alto calibre con explosivos plásticos y un sistema completo de detonación, una perra dogo llamada Cielo y más de 20 palmeras de marihuana. Mientras estuvo prófugo, su hijo mayor, que llevaba su mismo nombre, fue apuñalado por su mejor amigo en una riña tumbera en un penal de Bahía Blanca.
Ezeiza no fue su única fuga. “Banana” —apodado así por la curvatura de su nariz— se había escapado ya en 2010 del Hospital Central de Mendoza, donde fue trasladado para un control médico. Corrió por la capital de la provincia y se lanzó a un túnel de desagüe vacío, una caída libre de cinco metros sobre hormigón armado. No murió. Ni siquiera se rompió una pierna.
Estaba preso con un nombre falso por robar con ametralladoras una fábrica de campera en Godoy Cruz. Nunca nadie chequeó su identidad real. Hubiesen descubierto que estaba prófugo por otro asalto, el hecho más resonante de su vida: el robo comando cometido el 15 de junio de 2007 en el Ministerio de Economía de Chubut en Rawson, hecho en el que dos policías —Oscar Cruzado y Pablo Rearte— fueron acribillados con una ametralladora soviética SKS, la precursora de la AK-47.
Así, lo llevaron a Chubut luego de que los investigadores provinciales lo reconocieran. Le dieron perpetua por el doble homicidio en el Ministerio de Rawson, una pena confirmada el 7 de diciembre de 2012 por la Cámara Penal de Trelew. La Cámara razonó algo clave: no jaló el gatillo, el verdadero tirador incluso disparó para salvar a Espiasse luego de que fuera reducido por Rearte y Cruzado, pero su plan maestro fue lo que llevó al doble crimen. Su cabeza fue esencial para esas muertes.
Hoy, 15 años después, esa historia sigue abierta.
Poco antes de la fuga de Ezeiza, la defensa de Espiasse, integrada por su histórica abogada, la penalista Patricia Croitoru —una de las más avezadas del fuero penal, experta en representar pesados de alto calibre— y el defensor oficial Sergio Rey, habían recibido el turno para que Espiasse se presentara ante el Tribunal Superior de Justicia de Chubut para tratarla impugnación extraordinaria presentada por Croitoru de su condena a perpetua en septiembre de 2013. Lógicamente, Espiasse jamás se presentó.
Así, pasaron los años. A comienzos de 2022, la Justicia chubutense comenzó un trámite para unificar la pena mendocina y la perpetua dictada años atrás. Había una audiencia pendiente. El 25 de febrero, Espiasse enviaba una nota manuscrita a la Justicia pidiendo una audiencia urgente con Sergio Rey. El 7 de marzo de este año, Espiasse, preso en Chaco, fue informado de que esa audiencia era suspendida y reprogramada. Se encontraron con un pequeño problema: la causa chubutense nunca había sido confirmada. Por ende, no podía ser unificada a ninguna otra.
Entonces, el tratamiento de la impugnación extraordinaria volvía a entrar en juego, según confirmaron fuentes judiciales y cercanas a Espiasse a Infobae.
La semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia de Chubut integrado por los juecesCamila Banfi Saavedra, Daniel Esteban Báez y Silvia Alejandra Bustos confirmó finalmente la condena a prisión perpetua y declaró improcedente la impugnación.
En su planteo, Croitoru pidió la absolución de Espiasse por haberse llevado a cabo un debate anterior —el juicio original del expediente, que ocurrió con “Banana” prófugo— que implica la violación al principio constitucional del juicio previo. También argumentó que se violó el derecho de defensa de Espiasse por considerar que fue impedido de contar con su defensora de confianza al momento del juicio. Croitoru no pudo presentarse en su momento, ya que otra causa la ocupaba en Buenos Aires. Sergio Rey, su defensor oficial lo representó en aquel proceso. “Espiasse no sufrió indefensión. Se comprobó que el doctor Rey ejerció una firme intervención durante las audiencias de debate y también el propio inculpado tuvo una activa participación”, afirmó el fallo.
El acusado, según dijo la jueza Banfi en su voto, “evitó ser juzgado antes colocándose en rebeldía. Ahora quiso evitar de nuevo el juzgamiento con el pretexto infantil de repudiar al propio defensor y señalar a otra defensora, la que está en Buenos Aires y no puede defender a Espiasse en razón de otros compromisos de la abogada señalada por Espiasse. El derecho a la defensa en juicio no puede ser abusivo”.
Un tercer y último punto fue que los magistrados del juicio original valoraron prueba supuestamente recolectada bajo apremios ilegales, con una presunta golpiza a Walter di Muro, cómplice de Espiasse en el asalto, algo que Di Muro afirmó en una declaración jurada ante la Justicia pero que nunca fue ratificado por expediente alguno, o una revisión forense.
Para los jueces, 15 años después, esa golpiza no existió. También, recordaron todos los años que pasó prófugo.
Tras la negativa, Croitoru redobló la apuesta y fue por el recurso extraordinario federal, una instancia superior y pidió ir a la Corte Suprema. Afirmó en el escrito presentado que “el fallo del Superior Tribunal de Justicia violenta las garantías constitucionales del debido proceso, el derecho de defensa en juicio y el derecho al recurso, incurriendo en una clara contradicción con el bloque de constitucionalidad y las obligaciones internacionales”.
Así, pidió que se “conceda el recurso interpuesto y ordene la remisión del expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que, en su oportunidad, anule la resolución recurrida por violación de las garantías constitucionales de la defensa en juicio, el debido proceso legal y el derecho al recurso, con reenvío para el dictado de una nueva sentencia acorde a derecho”.
Así, la historia de Espiasse se extiende en el tiempo. La Corte suena como una batalla larga.
Por Federico Fahsbender – Infobae