Un inesperado cruce se dio este jueves en la red social del pajarito cuando el ex ministro de Economía durante el gobierno de Fernando de La Rúa y actual diputado liberal porteño, Ricardo López Murphy posteó un gráfico de los recursos coparticipables elaborado por la consultora Invecq donde se exhibe que CABA recibe 11 pesos coparticipables por habitantes per cápita.
López Murphy se quejó diciendo que “los porteños recibimos solo 11 pesos de cada 100 pesos coparticipables del Estado Nacional que aportamos en impuestos; ¿para qué?: para mantener feudos peronistas en el interior del país; Soy Federal, no tonto: hay que laburar más para generar recursos”, disparó duramente.
Quien salió a responderle tomando la “voz del interior” fue el ministro de hacienda misionero Adolfo Safrán, que le subrayó “que es exactamente al revés, Misiones recibe la tercera parte de lo que aporta. El cálculo del diputado no tiene sustento. toma el aporte de empresas que fijan domicilio fiscal en CABA pero obtienen toda su renta de Misiones y el interior del país.
Y siguió: “al margen de los otros servicios y otras áreas es evidente que CABA no tiene producción primaria ni de bienes. No es CABA sino el interior y particularmente Misiones quienes más aportan y menos reciben”, cerró tajante el funcionario de la tierra roja.
Cabe recordar que en la polémica por el fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia para la Ciudad de Buenos Aires en el litigio con el Gobierno Nacional por fondos recortados en septiembre de 2020, el gobernador Oscar Herrera Ahuad mostró su disconformidad con la determinación judicial pero aseguró que “Misiones es muy respetuosa de las instituciones”, para en un comunicado posterior junto a los gobernadores Gustavo Saénz, Arabela Carrreras y Omar Gutiérrez ( Salta, Río Negro y Neuquén respectivamente) la injusticia de que la Ciudad Autónoma reciba mayores recursos pero que esos fondos podados sean distribuidos equitativamente a todas las jurisdicciones.
En tanto que Alberto Fernández y otros 14 mandatarios provinciales intercambian con la administración porteña de Horacio Rodríguez Larreta una serie de revocatorias, presentaciones de quejas y rechazo de pago en bonos ante la Corte, en un sainete político-judicial que el máximo tribunal no comenzará a resolver hasta antes de febrero 2023, cuando acabe la feria judicial veraniega y de curso a la catarata de expresiones legales manifestadas durante este días tan convulsionados como agitados.