El estallido social de 2019 desató en Chile una turbulenta corriente política que osciló primero con fuerza hacia la izquierda, hasta que el fracaso de una primera reforma constitucional en 2022 dio paso a otra que ahora dejó los cambios a merced de la ultraderecha, si bien en diciembre volverá a definir el voto de la ciudadanía.
Chile vuelve a la carga con una reforma de la Constitución que heredó de la dictadura de Augusto Pinochet, pero a diferencia del primer intento, cuando la izquierda parecía imponer su idea de un nuevo país, es la ultraderecha en alianza con la derecha la que imprimirá su sello en un segundo proceso constituyente, que los chilenos deberán aprobar o rechazar, nuevamente, a finales de año.
Las elecciones del nuevo Consejo Constitucional, con un 70 por ciento de participación, le dieron a los Republicanos, de extrema derecha, un contundente triunfo con un 35% de los votos, que le aseguró 23 de los 50 escaños del organismo y, por lo tanto, el crucial poder de veto (tres quintos).
Los republicanos, liderados por el excandidato presidencial José Antonio Kast, derrotado en 2021 por el actual presidente izquierdista Gabriel Boric, tendrá como aliado natural para conformar una mayoría absoluta en la redacción de la Constitución a la coalición de centroderecha Chile Vamos (21,4% y 11 bancas).
El progresismo que llevó al poder a Boric, cuyo proyecto inicial capotó en el plebiscito de septiembre pasado se dividió para la consulta y la mayoría reunida en Unidad para Chile (Partido Comunista, Partido Socialista y Revolución Democrática, entre otros partidos) se tuvo que conformar con 27% y sólo 17 bancas en el Consejo Constitucional. La izquierda tradicional (DC, Partido Radical y PPD), liderada por el expresidente Ricardo Lagos, sufrió un duro revés, con 9% y fuera del organismo.
Lo que viene ahora
Este segundo proceso constitucional, que por los resultados de mayo pasado no será la continuación lineal del primero, inició con meses de negociación política sobre el formato y el fondo de la reforma, que en 2022 dividió agriamente las aguas sobre temas como plurinacionalidad, división de poderes y medio ambiente.
Al final, los distintos sectores acordaron esta vez que el Consejo Constitucional trabaje apoyado en un grupo de 24 juristas expertos elegido por el Congreso y encargado de redactar entre junio y noviembre un borrador de carta política que, después sí, puedan discutir los 50 consejeros.
La Constitución aprobada durante la dictadura de Pinochet (1973-1991) sigue básicamente vigente en la actualidad, aunque fue reformada parcialmente en 2005, bajo el gobierno de la Concertación progresista que encabezaba Lagos. El nuevo texto será sometido a aprobación popular el 17 de diciembre, con voto obligatorio.
Pero la desmovilización se cierne riesgosamente sobre el nuevo intento reformista. La elección de consejeros tuvo un 70% de participación con voto obligatorio, y mientras en octubre de 2020, cuando el 78% aprobó cambiar la Constitución, ahora sólo declara estar interesado el 31%, según la encuestadora Criteria.
Los años que van desde el estallido hasta ahora -que incluyen la pandemia y la crisis económica que trajo consigo en todo el mundo- fueron protagonistas de la euforia izquierdista por la elección de Boric, pero después también de una sucesión de desencantos con su gobierno, que dio aire a la oposición de derecha.
“Hoy Chile derrotó a un gobierno fracasado”, dijo el ultraderechista Kast después del histórico triunfo de su Partido Republicano en la elección al Consejo Constitucional, que el sector considera un primer peldaño en el camino a ganar la presidencia en las elecciones de 2026.
“Volvemos una vez más a tener una oportunidad de construir con diálogo y encuentro una nueva Carta Magna que represente de la mejor manera posible los anhelos y el tipo de país en el que como chilenos queremos vivir en las próximas décadas”, respondió Boric dirigiéndose a toda la ciudadanía.
Modelos y bordes
La elección de Beatriz Hevia (foto), del Partido Republicano, como nueva presidenta del Consejo Constitucional con 33 votos, 22 de su fuerza y 11 del bloque de centroderecha, fue un anticipo de la alianza conservadora que operará en adelante y que difícilmente pueda romper la izquierda en la redacción del texto de reforma.
El discurso de Hevia fue más allá de lo operativo: “Doy fe de la crisis profunda que vive nuestro país, una crisis política, económica, pero por sobre todo social”, dijo esta abogada de sólo 30 años, que inició su carrera política con Kast como líder juvenil y, por derecha, representa el recambio generacional de la política chilena.
“Esta crisis integral la antecede una profunda crisis moral que se manifiesta en la descomposición de la vida familiar, en el desprecio por la autoridad, las normas que el Estado de Derecho y por cierto en la justificación de la violencia y su solapada promoción como método de acción política”, afirmó Hevia.
A su vez, esta ultraderecha de ascendencia pinochetista tendrá el desafío de probar que su ejercicio del poder es prudente y tolerante, de cara a las presidenciales de 2026 y considerando el antecedente negativo de las radicales reformas impulsadas por la izquierda en el primer intento de reforma, que terminaron rechazadas por casi dos tercios de la población (62%) en el “plebiscito de salida” de septiembre pasado.
El Comité de Expertos, elegido por el Congreso (12 hombres y 12 mujeres), ya elaboró un anteproyecto constitucional de 118 páginas, que incorpora nuevos principios legales inéditos en la historia chilena, como la limitación de la reelección del presidente, mecanismos de participación ciudadana para proponer normas y el reconocimiento de los pueblos indígenas como parte de la nación chilena.
La dirigencia política chilena se dio además una salvaguarda adicional con la redacción de una lista de 12 “bases constitucionales” que incluya el nuevo texto, unos llamados “bordes” que eviten infructuosos debates sobre asuntos sin salida y permita a los consejeros avanzar sobre terreno más seguro y predecible, aunque luego a falta de consenso decidan las votaciones por mayoría.
En la reforma anterior, esos “bordes” se habían limitado a un criterio muy general, “respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. Ese consenso se reveló insuficiente.
Los márgenes establecidos esta vez son una docena y muy puntuales:
- Asegurar que Chile es una República Democrática, cuyo poder debe radicar en el Estado.
- Establecer que Chile es un Estado Unitario y Descentralizado.
- Consagrar a Chile como un Estado Social de Derecho.
- Respetar los emblemas patrios, escudo nacional, himno.
- Proteger derechos fundamentales como: la libertad de conciencia y de culto, el derecho de propiedad, a la vida, la libertad de enseñanza.
- Consagrar estados de excepción constitucional en materias de orden y seguridad.
- Definir constitucionalmente con subordinación al poder civil la existencia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad, con mención expresa a carabineros y policía de investigaciones.
- Reconocer a los pueblos originarios como parte de la nación chilena.
- Definir que el Estado chileno tiene 3 poderes separados e independientes: el Poder Ejecutivo; con jefe de gobierno e iniciativa fiscal de gasto, el Poder Judicial; con unidad jurisdiccional y con pleno respeto de las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y el Poder Legislativo compuesto por cámara de Diputados y Senado.
- Consagrar los siguientes órganos autónomos: Banco Central, justicia electoral, Ministerio Público y Contraloría.
- Consagrar el cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad.
- Establecer que la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los Derechos Humanos reconocidos en los tratados internacionales.
