Más de nueve millones de guatemaltecos están habilitados este 25 de junio para votar en una primera vuelta de elecciones presidenciales, parlamentarias y locales lastrada por una endémica fragmentación política y la exclusión judicial de varios candidatos que allanó el camino a las propuestas más conservadoras.
Unos 9,2 millones de guatemaltecos podrán votar este domingo 25 de junio en la primera vuelta de las elecciones para presidente, parlamentarios y autoridades locales, en un contexto de exclusiones y fragmentación política que complica la postergada recuperación de un país castigado económicamente por la pobreza (59%) y desangrado socialmente por la violencia interna y la migración al exterior.
Más de 1.200 candidatos de todos los niveles fueron proscritos durante los últimos meses por las autoridades electorales, entre ellos tres candidatos favoritos con posibilidades de suceder al presidente Alejandro Giammatei (en Guatemala no hay reelección). Si ninguno de los 22 candidatos supera el 50%, el nuevo mandatario surgirá de un ballottage que se disputará el 20 de agosto.
Desde que Guatemala recuperó su democracia, en 1986, todavía en medio de una guerra civil que duró una década más (1960-1996), los candidatos oficialistas fueron siempre derrotados, una tradición que promete repetirse con Manuel Conde, del derechista Vamos. A su vez, tampoco la izquierda ganó una elección en 70 años y siempre se necesitó una segunda vuelta para elegir presidente desde 1986.
Los candidatos con más posibilidades de pasar esta vez a una segunda vuelta son tres (dos mujeres) y todos con programas conservadores: Sandra Torres, exesposa del expresidente Álvaro Colom (2008-2012) y que lo intenta por tercera vez; Zury Ríos Sosa, hija del exdictador Efraín Ríos Montt; y el exdiplomático Edmond Mulet.
Las fuerzas progresistas y de izquierda que presentan candidatos presidenciales tienen escasas opciones de pasar al ballotage según las encuestas: Semilla, la coalición del URNG-Maíz con el Movimiento Político Winaq y VOS, que reivindican la defensa de derechos de grupos vulnerables y de poblaciones indígenas. Pero las tres pierden casi todas las posibilidades al concurrir por separado.
En el camino quedó impedido de participar por decisión de la justicia electoral Carlos Pineda (51 años, Prosperidad Ciudadana), un candidato “anti establishment” de gran manejo de las redes sociales (el “rey del Tik Tok”) que hasta mayo marchaba primero en las encuestas y amenazaba seriamente las posibilidades de los derecha tradicional. Fue excluido de la carrera presidencial por supuestas irregularidades en la asamblea partidaria que lo designó.
Lo mismo pasó con Roberto Arzú, hijo del expresidente Alvaro Arzú (1996-2000), por lanzarse a la campaña antes de tiempo; y con el mismo argumento fue excluida la indígena maya mam Thelma Cabrera (52 años), ya candidata en 2019 por el movimiento campesino CODECA, que defiende los derechos a la tierra, el acceso a la energía eléctrica y rechaza la privatización de los servicios básicos, y que sufrió el asesinato de al menos 26 miembros de la agrupación que lidera.
Los analistas -que para el análisis de la compleja situación político institucional de Guatemala ya incorporan el concepto de “vaciamiento democrático”- prevén una primera vuelta tan incierta como la de 2019, cuando el actual presidente Giammatei resultó el segundo más votado, con apenas 14% de los votos, aunque en el ballottage se terminó imponiendo a Torres, con el 57,9%.
Los guatemaltecos -la mitad del padrón son mujeres- tendrán que usar cinco boletas: una para elegir entre las 22 fórmulas presidenciales (sólo tres de izquierda), otra para 340 alcaldes, la tercera para 160 legisladores nacionales, otra para el distrito central y una última para el Parlamento Centroamericano (20).
Contrastes
La estabilidad macroeconómica de Guatemala, sostenida en gran medida por el envío de remesas de dólares de guatemaltecos a sus familias desde el exterior, principalmente desde Estados Unidos (un tercio del ingreso de divisas y hasta 13% del PIB antes de la pandemia), contrasta con las grandes estadísticas sociales y un fenómeno muy notorio: medio millón de guatemaltecos deja el país cada año.
En 2021, la población de Guatemala superó los 17 millones y su PIB alcanzó los 86 mil millones de dólares (5.025 dólares per cápita), con un ritmo de crecimiento de 3,5% en 2010-2019, respaldado por una ajustada gestión fiscal y monetaria, según el Banco Mundial. Tras un rebote en 2021 (8%), Guatemala creció 4% en 2022, impulsada por el consumo privado, la inversión y el consumo público, con un pronóstico de suba de 3,2% en 2023.
Sin embargo, las tasas de pobreza y desigualdad de Guatemala se encuentran entre las más altas de la región de América Latina y el Caribe (más de la mitad de los niños de menos de 5 años sufre desnutrición), con una numerosa población desatendida, en su mayoría rural e indígena y empleada en el sector informal. El Estado es ineficaz para proveer educación (es el que menos invierte en América Latina), salud, justicia y oportunidades reales de empleo, en una economía con más de 80% de informalidad y menos de 60% con acceso a Internet.
La pandemia elevó la incidencia de la pobreza al 59% en 2020, y se espera que baje a 55,2 por ciento en 2023 y a 54,2 por ciento en 2024, pero la desigualdad se mantendrá alta, según el Banco Mundial. El Índice de Capital Humano (HCI) de Guatemala aumentó de 0,44 a 0,46 entre 2010 y 2018, pero el puntaje general del HCI del país sigue estando muy por debajo del promedio de América Latina. Esos indicadores son bajos entre los pueblos indígenas y afrodescendientes, que representan alrededor del 45% de la población en 2018.
Por otra parte, sólo en 2022 hubo algo más de 3.000 víctimas de homicidio en el país, lo que supuso un aumento del 6.2% respecto a 2021, cuando perdieron la vida de forma violenta al menos 2.829 personas, según UNDP de Naciones Unidas.
Propuestas
Las propuestas de los tres principales favoritos para pasar a la segunda vuelta del 20 de agosto son, para empezar, seguir el surco abierto en la vecina El Salvador por el presidente Nayib Bukele, y sus políticas de detenciones y encarcelamiento de miles de acusados de participar de las “maras” o bandas de crimen organizado, muy cuestionadas a nivel internacional por falta de garantías judiciales.
Por ejemplo, Ríos Sosa (55 años, del derechista Valor-Unionista), está en contra del derecho al aborto y a favor de la pena de muerte. “Tenemos que reconocer que el presidente Bukele ha tenido el carácter, la fuerza y la determinación de aplicar la ley”, afirmó, y resumió su programa de gobierno: “Dios, el respeto a la propiedad privada, el respeto a la búsqueda de la felicidad y la libertad de pensamiento”.
La candidata reivindica la herencia de su padre, el dictador Ríos Montt (1982-1983), condenado a 80 años de prisión por genocidio y delitos de lesa humanidad, una sentencia anulada por el máximo tribunal constitucional, que ordenó repetir el proceso, al final inconcluso porque el militar falleció en 2018.
Otra mujer confronta directamente con Ríos Sosa, la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres (67 años), que fundó ese partido hace dos décadas y llevó a la presidencia a su exesposo, el socialdemócrata Álvaro Colom (2008-2012), cuyo gobierno se caracterizó por desarrollar programas sociales en favor de agricultores y sectores económicamente pobres.
Torres, líder de un movimiento más conocido como “sandrismo”, protagonizó una carrera política accidentada tras la gestión de Colom, de quien se divorció en 2011 para poder postularse y salvar el impedimento que impone la ley a los candidatos familiares directos de expresidentes, pero la Corte invalidó la maniobra. En 2015, perdió ante el comediante Jimmy Morales y en 2019 ante Giammattei, cuyas denuncias la llevaron al arresto domiciliario por delitos electorales de los que la justicia la desligó. Su partido, sin embargo, dio respaldo a Morales y a Giammatei.
El tercer candidato en liza con posibilidades ciertas es el exdiplomático Mulet (76 años), quien se destacó por desafiar al gobierno de Giammatei en el caso de la detención y condena a seis años de prisión del periodista José Rubén Zamora, una defensa que le valió denuncias de obstrucción judicial que quedaron en la nada.
Desde un perfil moderado de base urbana, Mulet prometió destituir a la fiscal general Consuelo Porras, a quien le atribuye haber orquestado la persecución de periodistas y a la que Estados Unidos sancionó retirándole la visa de entrada bajo los cargos de obstruir la lucha contra la corrupción y de socavar la democracia.
Integridad electoral
Lo que une a los tres candidatos favoritos por igual es su proximidad con grupos religiosos cristianos de sesgo conservador y gran incidencia electoral en Guatemala (42% de la población evangélica y 45% católica). Así, los tres suscribieron una propuesta conjunta de grupos contrarios al derechos al aborto, que reivindican la supremacía de los valores de la familia cristiana, abogan contra los derechos sexuales y reproductivos y repudian a la comunidad LGBTI.
Sólo dos gobiernos considerados centristas gobernaron Guatemala desde 1986, los de Vinicio Cerezo Arévalo, hasta 1991, y el de Alvaro Colom, entre 2008 y 2012. El resto de los presidentes fueron derechistas, como los últimos cuatro (Otto Pérez Molina, 2012-2015, cuyo gobierno cayó por denuncias de corrupción; Alejandro Maldonado Aguirre, 2015-2016; Jimmy Morales, 2016-2020; y Alejandro Giammattei, 2020-2024), en un contexto en el que los partidos pueden formarse y desaparecer, pese a lo fuertemente ideologizado del escenario político.
Una reciente encuesta de Prensa Libre muestra que 6 de cada 10 entrevistados afirman que confían en las iglesias (evangélica y católica) y en el Ejército, mientras los partidos políticos tienen el más bajo nivel de confianza de los últimos 11 años, igual que la presidencia, que en 2023 mostró su peor calificación (11,4%), y el Congreso, la institución peor valorada (8,9%).
La Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-Gt) alertó que la creciente judicialización y numerosas irregularidades del actual proceso electoral pueden derivar en que este pierda totalmente su integridad y legitimidad.
Juan Papier, subdirector para las Américas de Human Right Watch, consideró que “lo que está sucediendo en Guatemala es que gobierna un proyecto político cuya principal causa es la impunidad por hechos de corrupción y abuso de poder. Han perseguido a los jueces y fiscales independientes que se atreven a investigar o exponer la corrupción y han tomado venganza con aquellos que investigaron estos casos en el pasado y ahora van a por los periodistas independientes que publican sobre estos casos”, como el de José Rubén Zamora, recientemente condenado a seis años de prisión por supuesto lavado de dinero.
