Elías Núñez Pinheiro y Ariel Zanchetta seguirán con prisión preventiva. Mientras tanto, el juez busca dilucidar dudas sobre participación de terceras personas y espera respuesta a un exhorto internacional.
Ya son tres los procesados en la megacausa que investiga la tramitación de líneas telefónicas a nombre de jueces de la Corte Suprema y el hackeo a magistrados clave de la Justicia Federal.
Es que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi firmó el procesamiento del hacker misionero de 22 años Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro y del exintegrante de la Policía Federal, Ariel Pedro Zanchetta, tras comprobar que realizaron maniobras “de forma mancomunada y posiblemente con terceras personas” para acceder al control de los teléfonos de integrantes de Comodoro Py como Mariano Borinsky, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, entre otros integrantes del Poder Judicial. Los defensores ya trabajan en las apelaciones, supo este medio.
Tras varias semanas de investigación, el juez firmó los procesamientos con prisión preventiva el pasado viernes, al tiempo que dictó la falta de mérito de J.M.B. Se trata de un paseador de perros cuyo alias de Mercado Pago fue ofrecido para recibir fondos producto de solicitudes indebidas de dinero a contactos de Giménez Uriburu, juez del Tribunal Oral Federal N.º 2 de la ciudad de Buenos Aires, que sufrió la pérdida de control de su línea entre el 8 y el 14 de septiembre de 2022.
Sin embargo, con respecto a los dos procesados con prisión preventiva, el magistrado les endilgó la presunta comisión de los delitos de violación de secretos y de la privacidad (Art. 153 del Código Penal) y el acceso a banco de datos personales mediante la violación del sistema de confidencialidad (Art. 157 bis inc. 1). Ello en concurso ideal con entorpecimiento de las comunicaciones (Art. 197) y en concurso real con el delito de defraudación en grado de tentativa. Sobre ambos pesa un embargo de bienes de 400 mil pesos y la prisión preventiva.
Quiénes son los procesados
Nuñes Pinheiro es el hacker oriundo de El dorado, Misiones, que aparece involucrado en las causas que investigan el hackeo al exministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y al diputado nacional Diego Santilli, a quienes hackeó mediante la maniobra SIM Swapping.
Zanchetta, por su parte, es un ex integrante de la Delegación Junín de la Policía Federal que hizo más de 2 mil consultas en la base de datos SudaméricaData para obtener información personal de los jueces de la Corte Suprema y de otros jueces federales y funcionarios judiciales que, en gran medida, sufrieron alguna maniobra ilegal con sus teléfonos.
En declaración indagatoria, Zanchetta justificó que esos pedidos de información fueron realizados a partir de su trabajo como “periodista de investigación” para tres portales de menor envergadura. Sin embargo, de acuerdo a una resolución judicial a la que accedió PERFIL, la Justicia no pudo dar con ninguna evidencia que avalara su actividad periodística. “No se cuenta con elemento alguno que permita aseverar que el encausado efectivamente se dedicaba a dicha labor, ni menos aún que la información obtenida en relación con los magistrados haya sido concretamente utilizada en el marco de alguna nota periodística“, señala la resolución.
Para Martínez Giorgi, en cambio, “el destino de su actividad se presenta propicio para la acumulación de la información utilizada para la validación de la identidad que requieren las compañías“. Es decir, hasta el momento el propósito de Zanchetta coincide con uno de los tres pasos definidos en la descripción de la maniobra del hackeo hecha por la Justicia (NdR: la obtención de datos por medio de bancos de información; la toma de control de las líneas por medio del SIM Swapping y el acceso ilegítimo a las APP).
En el auto de procesamiento, el juez advirtió que “los efectos alcanzados por el accionar delictivo indican que Núñes Pinheiro y Zanchetta actuaron con el conocimiento y la volutnad de causar una interrupción de los servicios de telefonía” de las víctimas. También dio por probado que ambos actuaron “de forma mancomunada” pese a que ambos, al ser indagados, negaron conocerse.
La pista en Chile
Si bien la mayor parte de la maniobra se realizó en la localidad misionera de Eldorado, durante la investigación se obtuvo una dirección IP que motivó la redacción de un exhorto internacional por parte del juez a la República de Chile, para obtener información de suma importancia para reconstruir el rompecabezas de la maniobra.
Ocurre que a partir de la información aportada por WhatsApp, se estableció que el 8 de septiembre del 2022, cerca de las 22 horas de Argentina, se accedió desde la señalada IP al teléfono de Giménez Uriburu. Esa IP aparece asignada a un proveedor de internet llamado Indax Spa.
Por ello, el juez busca saber detalles acerca del usuario específico que usó esa dirección IP en la fecha y hora indicada. Quiere saber nombre, documento, domicilio, profesión, actividad y demás informes acerca de la persona o las personas que estuvieron detrás del acceso al teléfono de este integrante del Tribunal Oral Federal de la ciudad de Buenos Aires sobre el cual hubo pedidos de dinero a sus contactos.
Fuentes judiciales indicaron a PERFIL que el exhorto se envió hace un mes y que no hay plazos establecidos para que haya una respuesta.
Las dudas que busca dilucidar la Justicia
El exhorto referenciado anteriormente todavía no fue contestado, pero, a priori, va en el mismo sentido que la hipótesis que sostiene que, además de Zanchetta y Nuñes Pinheiro, podría haber “terceras personas” que participaron en las maniobras.
El procesamiento sostiene que “ha quedado debidamente comprobado que el Sr. Ariel Pedro Zanchetta aportó la información que obtuviera a través del acceso a la firma SudamericaData a efectos de poder, de forma mancomunada con Núñes Pinheiro y otras personas hasta el momento no identificadas, acceder al control de aquellas líneas de teléfono y perpetrar las maniobras”.
Vale recordar que el joven misionero declaró que después de hacer cerca de una treintena de trabajos de hackeo por los que cobraba de 15 a 50 mil pesos, lo contactó por Telegram el usuario “Eljuanxd”, quien le encargó los “recuperos”. Le pasaba para ello el número de trámite del DNI de las víctimas o en otras ocasiones él mismo lo conseguía en Nosis o al ingresar a la plataforma Dark PFA, a la que accedió gracias al usuario “Pr1sox” que lo contactó y le proporcionó una cuenta con el objetivo de que Nuñes Pinheiro le hiciera “recuperos” que nunca pudo concretar, consta en la causa.
Las dudas en torno a la participación de terceras personas también quedaron expuestas en el procesamiento cuando el magistrado sostuvo que la prueba reunida hasta el momento “no permite acreditar si la activación de las aplicaciones se produjo en los mismos equipos tecnológicos en poder de Núñes Pinheiro, en donde se activaron las líneas de las víctimas, o si el nombrado recibió en dichos celulares los códigos de activación de las aplicaciones y los proporcionó a terceros”.
Desde computadoras, esos terceros podrían haber activado las aplicaciones gracias a los códigos y así penetrar en los chats, contactos y archivos de las víctimas. Todas esas dudas respecto de qué otras personas pudieron haber intervenido en la maniobra están englobadas en una pregunta todavía más compleja de resolver: ¿Quién estuvo detrás de la autoría ideológica o intelectual de los hackeos?
Por ahora no hay respuesta.
Ariel Stemphelet-Perfil