Los raptores enviaron a la familia de la víctima un video en el que le arrancaban una uña y lo golpeaban salvajemente. La mente detrás del plan criminal ingresó al país la semana pasada desde Bolivia
Ocho personas fueron detenidas en Salta por secuestrar a un hombre en medio de un ajuste de cuentas narco, puesto que exigían como recompensa el pago de una deuda del negocio de las drogas por su rescate. La víctima cumplía una condena con prisión domiciliaria antes de ser capturada y sufrir graves heridas durante su tiempo en cautiverio.
Las personas aprehendidas son Horacio Erik Chauqui, Cristián Martínez, Micaela Riquelme, Daniel Llanos, Emanuel Yamil Arjona, Aurelio Florentino Maldonado, Carlos Gustavo Lozano y Roy Carlos Choque Aguirre, quienes enfrentan cargos por secuestro extorsivo, agravado por el número de intervinientes y las lesiones gravísimas causadas a la víctima.
De acuerdo con la reconstrucción del caso que realizó el fiscal federal Ricardo Toranzos, el plan criminal comenzó el jueves pasado, cuando Choque Aguirre, Lozano y Llanos ingresaron al país desde Bolivia. Para Toranzos, este “movimiento en bloque” da la pauta de que existía una organización previa.
Una vez que arribaron a la capital de la provincia, Choque Aguirre fue quien coordinó con sus otros dos cómplices el secuestro de un hombre que cumplía en su domicilio una condena de 4 años y 6 meses de prisión por un caso de narcotráfico. La elección de la víctima no fue algo al azar, puesto que la persona secuestrada es familiar de un hombre que le debía dinero a los acusados por un negocio de drogas, según la información a la que pudo acceder Télam.
Una vez que la familia dio aviso a la Policía, las autoridades vigilaron de cerca la casa de la víctima
Sobre la modalidad en la que llevaron a cabo el secuestro, el fiscal explicó que los detenidos ingresaron encapuchados a la casa del hombre, mientras él compartía un asado con otros familiares. En ese momento, se presentaron como policías y lo secuestraron.
Tiempo después, los captores se comunicaron con los parientes de la víctima y enviaron un video en el que se veía cómo uno de ellos le arrancaba con una pinza la uña del dedo meñique de la mano derecha. Luego, se volvieron a contactar para exigir que otro familiar entregara la suma de dinero adeudada por aquel negocio, al tiempo que amenazaron que si acudían a la Policía la situación se complicaría aún más. Sin embargo, al día siguiente, los allegados de la víctima denunciaron lo que sucedía al 911.
En consecuencia, los investigadores de la policía de Salta ordenaron vigilar la casa de la persona secuestrada, a la que Choque Aguirre regresó a bordo de un Fiat Cronos para exigir que se pague el rescate y pedir la dirección de un tío del hombre. En el vehículo, se encontraban Maldonado y otra persona más.
La Policía intervino de inmediato y logró detener a Choque Aguirre y al conductor, pero el otro ocupante se dio a la fuga durante el operativo. En paralelo, comenzó a sonar el teléfono de los detenidos, el número que los llamaba coincidía con el que fue utilizado para amenazar a los familiares. De esta manera, los agentes pudieron dar con una vivienda ubicada en el barrio Santa Rita II, de la zona sur de la ciudad de Salta, en la que se encontraba cautiva la víctima.
Los detenidos fueron imputados por secuestro extorsivo, agravado por el número de intervinientes y las lesiones gravísimas causadas a la víctima
Al llegar, hallaron al hombre debajo de una cama con gravísimas lesiones, quien luego relató que, tras ser secuestrado de su vivienda, lo encapucharon y lo golpearon mientras era trasladado al lugar de donde fue rescatado, según el portal Fiscales del Ministerio Público.
En este contexto, por pedido de Toranzos, la jueza federal de Garantías 2 de Salta, Mariela Giménez, dio inicio formal a la investigación penal en contra los implicados en la causa impulsada por el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, que cuenta con el apoyo de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese).
Además, Giménez ordenó la prisión preventiva de todos los acusados por considerar que son fehacientes los riesgos de fuga y entorpecimiento esgrimidos por el fiscal, al tiempo que coincidió con la gravedad extrema del hecho.
Fuente: Infobae