Cerca de 1.5 millones de toneladas son contrabandeadas mensualmente hacia Bolivia y Paraguay. Representa un desfalco multimillonario que oscila alrededor de los US$ 400 millones.
El contrabando de soja oscilaría los 1,5 millones de toneladas mensuales. Es lo que se transportaría iliegamente hacia Bolivia y Paraguay, donde no hay retenciones ni brecha cambiaria, por lo cual la mercadería vale más del doble. Estas acciones ilícitas ocasionan pérdidas económicas considerables, estimadas en hasta US$ 400 millones.
Este tráfico ilícito, que afecta directamente a la economía nacional, se lleva a cabo a través de una frontera aparentemente vulnerable. Miles de camiones, que originalmente deberían dirigirse a los puertos ubicados en la reconocida zona de Santa Fe, un importante cluster exportador con 19 terminales, están siendo desviados.
El escenario se tiñe de un diferencial de precios entre la Argentina y los países limítrofes, que genera una tentación irresistible para aquellos dispuestos a desafiar la ley. La soja, cuyo valor promedio ronda los 47.000 pesos en Argentina, alcanza cifras exorbitantes de 80.000 u 85.000 pesos en Paraguay y Bolivia.
El presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras, alzó la voz contra esta maniobra flagrante que socava la economía del país. “Están pasando más de 3000 camiones por mes por la frontera”, afirmó.
El ejecutivo consideró que no se trata de un contrabando hormiga que pasa inadvertido, sino de una operación a gran escala que involucra la complicidad de diversos actores, tanto públicos como privados. “Se nos están yendo grandes volúmenes. Se calcula que 750.000 toneladas de grano de soja a Bolivia y un número similar a Paraguay. Estamos hablando de US$ 300 o 400 millones”, reveló.
Pero la situación no se limita únicamente a la soja. El contrabando se extiende a otros cultivos y sus derivados, como el aceite de girasol. La magnitud de la defraudación es impresionante: un flujo constante de alrededor de 3000 camiones cada mes que, en lugar de dirigirse a los puertos de exportación, se filtra por la frontera, fugando divisas valiosas de la Argentina. Un “cluster exportador” que debería ser fuente de ingresos para el país, se ve reducido y afectado por esta maniobra clandestina.
Ante esta situación, las autoridades han trabajado en operativos para combatir el contrabando de granos, aunque la magnitud de la denuncia de Idígoras deja entrever la necesidad de una estrategia más robusta y sostenida. La extensión de la carta de porte electrónica y la coordinación entre distintas áreas estatales buscan fortalecer la trazabilidad y controlar la comercialización de los productos.
La lucha contra el contrabando de soja y otros granos se alza como una batalla clave en la defensa de la economía argentina, donde cada tonelada robada representa un golpe a las arcas nacionales.
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Ante el contrabando, se intensifican los controles en la frontera
Este martes en un operativo que pone de manifiesto la complejidad y alcance del contrabando, efectivos de la Prefectura Naval Argentina lograron desbaratar una maniobra ilícita de exportación de soja en la costa misionera de El Soberbio. Más de 9.800 kilos de soja, valuados en más de $2 millones, fueron incautados en un patrullaje terrestre a la altura del kilómetro 1150 del río Uruguay, mientras estaban siendo cargados desde un camión hacia una embarcación de gran porte.
El operativo, llevado a cabo en coordinación con el Juzgado Federal de Oberá y la Dirección General de Aduanas, destaca la lucha constante de las fuerzas de seguridad contra el contrabando de productos agrícolas en la región. El contrabando de soja y otros granos no solo representa pérdidas económicas significativas para el país, sino que también socava la integridad de la cadena de producción y exportación de alimentos, afectando a los productores legítimos y la economía en su conjunto, afirmaron las autoridades.
Este caso ilustra el alcance del problema, que no se limita a una actividad localizada, sino que opera a lo largo y ancho de las fronteras argentinas. La cooperación entre las fuerzas de seguridad, el sistema judicial y las instituciones aduaneras se vuelve esencial para enfrentar el contrabando de manera eficiente y prevenir que estas operaciones ilícitas continúen erosionando los cimientos de la economía y la estabilidad del país. En un momento en el que la recuperación económica es crucial, el combate contra el contrabando se erige como un imperativo para proteger los recursos y las oportunidades de desarrollo de la nación.