Los plazos para juzgar al exalcalde de Almafuerte y exdiputado provincial vencieron la semana pasada. Formalmente recuperó la libertad tras dos años prófugo por desobediencia y rebeldía por no presentarse ante el juez César Jiménez y tras faltar a tres citaciones a debate.
La Constitución Nacional lo proclama: “Todos los hombres son iguales ante la ley”. Aunque tal vez, en el caso de Pedro Darío Pietrowski, el escurridizo exlegislador provincial y exintendente de Almafuerte que esquivó tres veces el banquillo de los acusados y estuvo prófugo con orden de captura desde septiembre de 2021, sus derechos puedan interpretarse con subjetivo mayor peso a su favor, obviamente.
Luego de dos años de presunta búsqueda de la Policía de Misiones por orden del juez Correccional y de Menores 2, César Raúl Jiménez, el referente político de la zona centro de la provincia (durante más de veinte años jefe comunal de Almafuerte, localidad vecina a Leandro N. Alem) recuperó durante las últimas horas la libertad con la prescripción de la causa por amenazas de muerte a su exesposa.
Se negó a presentarse a debate oral en tres oportunidades entre marzo y septiembre de 2021 y la semana pasada fue beneficiado con la resolución del juez Jiménez que confirmó la prescripción de la causa iniciada en 2018 en el Juzgado de Instrucción de Leandro N. Alem en la que fue denunciado por amenazar de muerte a su expareja y mantener bajo el mismo amedrentamiento a sus hijos.
Con la declaración de la prescripción de la causa, el mismo juez dio de baja el estado de “rebeldía” que pesaba sobre Pietrowski por los tres faltazos a juicio. Durante dos años el exintendente y exlegislador provincial oficialista estuvo en condición de prófugo de la Justicia y presuntamente buscado por la Policía provincial.
El 18 de marzo del año pasado debió presentarse a juicio en la sala de audiencias de los juzgados correccionales y de menores de la Primera Circunscripción Judicial, para ser juzgado por el juez Jiménez y acusado por la fiscal María Laura Álvarez por el delito de “amenazas”.
El único que no concurrió fue Pietrowski y al día siguiente su abogado presentó un certificado médico en el que aseguraba que sufrió un pico de hipertensión que lo obligaba al reposo.
Volvió a ser citado para el 3 de junio (mismo año) y tampoco asistió. En este caso su defensor acercó al juez un certificado de COVID-19 positivo.
En los pasillos judiciales se oyeron quejas de bronca y se repitió el mismo término: “Impunidad”. Pero de todos modos se apostó a la “tercera será vencida” y se volvió a modificar la agenda de debates y marcaron el viernes 10 de septiembre como “la tercera es la vencida”.
Pero Pietrowski (y su letrado padrino legal) jugó una nueva carta para ausentarse: un hábeas corpus en el que solicitaba se analice que no debía ser juzgado porque ya estaba prescripta la causa, según la consideración defensiva.
La respuesta del juez fue declararlo en rebeldía y pedir a la fuerza de seguridad que se lo busque y detenga. El presunto rastrillaje detrás de Pietrowski duró dos años sin resultado positivo.
El 4 de agosto de 2018, Celia Mabel Smiak (47) recurrió a la comisaría de Leandro N. Alem para buscar resguardo para ella y sus tres hijos. Denunció a su expareja, Pedro Pietrowski por amenazas de muerte.
Durante veinte años, Pietrowski fue intendente de Almafuerte y en 2019 fue derrotado por su denunciante a su intento por volver al poder de la localidad de alrededor de 1.500 habitantes. Su expareja aseguró que fue amenazada de muerte en reiteradas ocasiones y que ya no alcanzaba la restricción de hogar judicial, dormía en una habitación de la casa de su padre.
De acuerdo al auto de elevación a juicio de la fiscal de Instrucción 5 de Alem, María Gisela Casafus de Castro, Pietrowski a medida que sus hijos crecían aumentaba el maltrato hacia su esposa. Cuando ella decidió romper el vínculo, las amenazas fueron de muerte y reiteradas.
Entre ellas se destacó de la denuncia: “Te voy a eliminar (…) No tengo problemas en quedar bajo la sombra (preso) (…) Si no lo hago yo lo va a hacer otra persona pero vos me vas a suplicar por la vida”.
Según afirma la acusación, la situación de miedo continuó hasta que en 2019 una medida cautelar del fuero Civil y Familia le prohibió acercarse al exhogar conyugal. Una hija del encartado, oportunamente declaró y coincidió con su madre: “Cuando mi papá maltrataba y amenazaba a mi mamá, ella corría al baño y cerraba con llave (…) Un vez mi madre estaba en la camioneta y llegó él (Pietrowski en otro vehículo) y la encimó, chocó y la amenazó con un cuchillo”. Otra de las víctimas, entonces menor de edad, resaltó que Pietrowski “la amenazaba a mi madre con cortarle la cabeza con un cuchillo, que si no le pasaba el terreno y la casa a su nombre la iba a matar”.
La causa llegó a debate por el delito de “amenazas”, artículo 149 Bis del Código Penal que indica: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. En este caso la pena será de uno a tres años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas”. En el segundo párrafo remarca: “Será reprimido con prisión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”.
Fuente: Primera Edición