El presidente del gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, negocia con independentistas de Cataluña el apoyo que necesita para ser reelegido por el Congreso, una estrategia que ha reabierto la “cuestión catalana” en un escenario de áspera confrontación derecha-izquierda que vuelve a dividir a España.
Los conservadores fueron la opción más votada en las elecciones del 23 de julio en España, pero su fracaso en formar una coalición con la ultraderecha abrió ahora la puerta a la reelección del presidente socialista Pedro Sánchez, cuyos acuerdos con el independentismo catalán en busca de apoyo desató una tormenta política.
El respaldo anunciado del separatismo catalán implica concesiones económicas de Sánchez pero contiene un punto que desata la furia política opositora: una amnistía para los líderes condenados por el “Procés”, la fallida tentativa de secesión de la región de Cataluña de España en 2017.
Sánchez, con amplio apoyo (87%) de los afiliados del Partido Socialista (PSOE) para su estrategia, acordó ya con el apoyo de una de las fuerzas independentistas catalanas, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
El PSOE (121 bancas) cuenta con el apoyo de su aliado izquierdista Sumar (31) pero no llega a las 176 bancas necesarias para formar gobierno. Junts le aportaría 7 y ERC otros 7, que sumados a los vascos radicales de Bildu (6) y los gallegos de Bloque Nacionalista (BNG, 6) le asegurarían la mayoría a Sánchez.
“Estamos en la cuenta atrás del pacto, el tramo final de una negociación que ha sido difícil y que nos va a permitir abrir una nueva etapa”, dijo Jaume Asens, uno de los principales encargados por el PSOE para negociar con Carles Puigdemont, el exiliado líder de Junts.
Si la investidura como presidente de Sánchez no se resuelve antes del plazo 27 de noviembre, habrá nuevos comicios en diciembre.
El conservador Partido Popular (PP), el más votado el 23-J con 137 bancas, fracasó en octubre en el intento por investir a su líder, Alvaro Núñez Feijoó, con los votos del ultraderechista Vox (33) y de otras fuerzas afines del País Vasco (5), Navarra (1) y Canarias (1).
La otra minoría independentista que precisaba Sánchez, distanciada de ERC, era Junts per Catalunya (JxCat). ERC gobierna la región en solitario (33 de los 135 diputados) tras romper con JxCat, una debilidad política que afectaba la causa independentista hasta que Sánchez necesitó de todos sus votos.
Núñez Feijoó convocó a marchas contra la amnistía en todo el país y anticipó que el PP se opondrá como primera minoría en el Congreso de los Diputados y con su mayoría absoluta en el Senado. “Una democracia sin Estado de derecho es una democracia hueca”, dijo, y clamó por la “igualdad de los españoles”.
Los partidos conservadores y socialistas son considerados en España partidos “constitucionalistas”, en contraste con fuerzas democráticas vascas y catalanas que sin embargo cuestionan el orden jurídico y territorial nacional creado por la Constitución de 1978.
Si los separatistas obtienen finalmente de un gobierno central la opción legal de convocar a un referéndum, aprobado por el Parlamento, se abrirían las puertas de un desmembramiento del actual reino de España de 17 comunidades autónomas.
El procésDurante una década, Cataluña fue escenario de masivas manifestaciones a favor y en contra de su independencia de España. También celebró dos consultas populares no oficiales (2014 y 2017) y tres comicios para elegir a los diputados del Parlament catalán (2010, 2012, 2015).
Al final, el 1 de octubre de 2017, el “govern” de Cataluña -junto con Galicia y el País Vasco una de las tres regiones “históricas” de las 17 de España y a las que se les reconoce una autonomía especial- organizó un referéndum de independencia que el Tribunal Constitucional español había declarado ilegal y suspendido.
La consulta se realizó igual pese a la intervención de fuerzas de seguridad nacionales enviadas desde Madrid para impedir el intento secesionista del gobierno de Puigdemont, entonces presidente de la Generalitat. Con el boicot de muchos catalanes -43% de participación- un 90% de votantes apoyó la independencia.
Dos semanas más tarde, pese a los intentos negociadores desde Madrid y Barcelona, el Parlamento autónomo catalán confirmó la secesión, con el boicot esta vez de los partidos no secesionistas, como el PSOE y el PP.
El gobierno central aplicó entonces por primera vez desde la aprobación de la Constitución española de 1978 -aprobada tras la Transición desde el fin del régimen franquista (1939-1975)- el artículo 155, que le permitía tomar control de la región.
Los líderes del “procés” fueron acusados por la justicia española del delito de rebelión, un cargo que según un centenar de catedráticos y profesores de Derecho rechazaron por inexistencia de “alzamiento público y violento”.
En 2019, el Tribunal Constitucional de España condenó a penas de 9 a 13 años para el exvicepresidente catalan Orio Junqueras y los demás separatistas por sedición y malversación. El expresidente Puigdemont continúa residiendo en Bruselas, fuera de España, en condición de “prófugo” de la justicia.
Ahora, Sánchez está acordando con partidos separatistas catalanes, pero también con los pequeños bloques de nacionalistas vascos y gallegos, la presentación de un proyecto de ley del futuro gobierno para amnistiar a los líderes del “procés”.
En medio de las negociaciones, la justicia española anunció que investiga también a Puigdemont por los disturbios ocurridos en Cataluña en 2019 en protesta por las condenas a penas de cárcel de otros líderes independentistas. En respuesta, Puigdemont denunció un “golpe de Estado permanente” de la justicia, a la que los independentistas consideran un instrumento de “represión” del Estado español.
Salida incierta
“En el interés de España, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década pasada”, dijo Sánchez. En campaña electoral había dicho: “El independentismo lo que pide es la amnistía, algo que este Gobierno no va a aceptar y que no entra dentro de la Constitución española. No han tenido la amnistía y no van a tener un referéndum de autodeterminación”, insistió.
Núñez Feijoo, quien busca todavía forzar otras elecciones en diciembre, dijo que “si Sánchez pretende llevar la amnistía adelante, deberían someterlo a la decisión de todos los españoles. No es convivencia, es convivencia”.
Los acuerdos en danza incluyen dejar establecida la condición “política” y no jurídica del conflicto independentista en Cataluña, pero también la necesidad de “soluciones con un amplio consenso social y parlamentario” en la región y que respeten seguridad jurídica y ordenamientos democráticos.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), organización conservadora mayoritaria entre los jueces españoles, consideró que una amnistía representaría “el principio del fin de nuestra democracia” y “volar por los aires el Estado de Derecho”.
Los partidos independentistas catalanes retrocedieron en las elecciones del 23 de julio y sólo reunieron 24% de los votos, la mitad que en 2019 (en 2021 habían sacado un 48% que les aseguró el gobierno regional hasta hoy..
Según encuestas, en 2017 la opción de la independencia era todavía la favorita para casi la mitad de los catalanes (48%, frente a 44% en contra). A finales de 2019 esta tendencia cambió y ahora 42% de los catalanes preferirían un estado independiente frente a un 52% en contra.
