La miserable vida de 24 trabajadores en una finca

Una denuncia anónima al 145 reveló una situación de semiesclavitud en un viñedo del pueblo de Barrancas, en las afueras de la capital mendocina. Durante quince días trabajaron doce horas sin descanso, se endeudaban con el almacén de la finca y eran amenazados por los encargados. La historia de jornaleros que desconocían siquiera dónde estaban

Los 24 vivían en unas habitaciones precarias levantadas en una frontera del campo. Se levantaban temprano. La jornada laboral comenzaba a las seis de la mañana. No terminaban antes de las ocho de la noche. Las interrupciones de descanso estaban vedadas. Eran trabajadores golondrina, la figura metafórica para clasificar a los hombres y mujeres que, como las golondrinas, migran de hábitat en la misma época del año: las aves hacia lugares cálidos por la disponibilidad de alimento, los jornaleros por las ventanas laborales según las demandas estivales. Se instalaron sobre el perímetro de la localidad de Maipú, al sureste de la capital de Mendoza. Su tarea: reacondicionar los viñedos tras el invierno para reiniciar un nuevo ciclo vegetativo.

Trabajaron solo quince días. El miércoles 29 de noviembre hubo un llamado anónimo al 145, la línea gratuita del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata de Personas para denunciar casos de explotación de personas. Un día después, un operativo de fiscalización nucleó a personal del RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores), de la UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de la Subsecretaría de Trabajo de la provincia y el Comité contra la Trata corroboró lo denunciado y libró un oficio para la intervención del programa dependiente del Ministerio de Justicia de Nación con asistencia de Gendarmería.

Las condiciones de los trabajadores en la finca estaban reñidas ante la ley. No hubo sorpresa genuina. Ariel -que no se llama Ariel y cuyo nombre real se preserva en esta nota- calificó la situación de “horrible, fatal, fiera”. Apeló a otro animal -no a una golondrina- para graficar su estado: “Estábamos como burros laburando”. Le pegaban 650 pesos la hora. Por día le correspondía entre 6.500 y 7.000 pesos. “El hombre estaba detrás de nosotros, delen que delen que delen. Teníamos que trabajar de lunes a domingo. Si no salíamos a trabajar no nos quería dar la mercadería ni el documento. Siempre hubo maltrato de parte de él y de esa mujer que vive ahí también. Nunca nos apoyó, nunca habló por nosotros. Nos tiró, nos dejó ahí”, relató.

Las autoridades informaron que los empleados no tenían agua potable, trabajaban sin elementos de protección personal y, entre otras irregularidades, se les retenían sus documentos

Ariel, su familia y otras familias habían llegado desde Salta atraídos por la oferta laboral que les había ofrecido el propio Víctor Manuel Quispe, el cuadrillero. El pasaje se descontaría luego de su salario. Arribaron veinte adultos y una menor de siete años. Otras cuatro personas ya residían allí desde hace un año. De los veinticuatro trabajadores, cinco eran mujeres: una está embarazada de tres meses y otra es una adolescente de 17 años. Cuando las autoridades ingresaron a la finca constataron que había veinticuatro trabajadores en sus puestos: solo la niña de siete años se encontraba en una de las habitaciones.

Debían pagar el alquiler para vivir en condiciones de semiesclavitud. Nunca cobraron por sus labores. Se les adeudaba quince días de trabajo pero, en una vil estrategia de sometimiento, los que debían dinero eran ellos. La finca tenía un almacén, regentado por la esposa del cuadrillero. Los trabajadores compraban fideos, jugos, caballa, yerba. Alguien se animó a adquirir un trozo de carne, pero el peso del corte hacía de la estafa una incertidumbre. Todos los consumos quedaban anotados en un cuaderno solo fiscalizado por los dueños. Las deudas, al momento de la fiscalización, alcanzaban los treinta mil pesos promedio por cada golondrina. “Cuando les mostraron el cuaderno, los trabajadores decían que había algunas cosas que no habían comprado. Ellos tenían bien claro lo que sacaban del almacén porque, como podían, llevaban su cuenta. Había un abuso de querer cobrarles cosas que no habían consumido y a precios desorbitantes”, graficó Andrea Bouzo, la delegada regional de la Dirección del Comité Ejecutivo contra la Trata y la Explotación de Personas.

5075 víctimas de trata fueron rescatadas en la Argentina entre 2020 y octubre de 2023, de las cuales aproximadamente un 60% corresponden a víctimas de explotación laboral, básicamente del ámbito rural

Habían impartido, entienden las autoridades competentes, un sistema coercitivo de obediencia y dependencia. No tenían otro modo de subsistir que endeudándose comprando mercadería a precios arbitrarios de un único comercio manejados por los mismos perpetradores. Se le retenía el documento. Les decían que cuando pagaran la deuda, se los iban a devolver. Había un trabajador que no sabía leer ni escribir, que no sabía sumar. Había una mujer embarazada que nunca pudo ir a la salita del pueblo. “Era tal la violencia que ejercían sobre ellos… Estaban presos en una situación de vulnerabilidad extrema”, resumió la delegada.

Vivían y trabajaban en el pueblo de Barrancas, a 23 kilómetros de Mendoza Capital, en un paraje atravesado por la ruta provincial 14, al borde del río Mendoza. Pero ellos no lo sabían. Nadie sabía exactamente dónde estaba. Nadie sabía exactamente hacia dónde escapar. Por eso, tal vez, el llamado anónimo al 145. Andrea Bouzo explicó que ningún trabajador tenía consciencia de cómo podía volver a la ciudad, a la terminal, a su casa.

El único baño donde se bañaban los trabajadores. Debían hacerlo con baldes y el agua la extraían de un pozo

En el relevamiento, las autoridades detectaron indicios de explotación laboral y alertaron a la fiscalía federal de turno que libró un oficio para un allanamiento. Gustavo Vera, director operativo del Comité de Lucha contra la Trata, indicó: “Constataron que efectivamente había una situación que acreditaba la inmediata intervención judicial por los siguientes motivos: las jornadas eran extendidas y superaban largamente las doce horas; había retención de los documentos u se le pagaba un salario muy inferior no solamente al convenio sino al mínimo vital y móvil; estaban viviendo en condiciones de hacinamiento extremo y había una menor que estaba en un estado muy crítico que tuvo que ser hospitalizada a través del equipo de trabajo infantil interdisciplinario en el hospital pediátrico de la zona”.

La niña no era explotada laboralmente, pero no estaba escolarizada y evidenciaba signos de maltrato, mala alimentación y abuso. Se activó automáticamente el protocolo para hacer un abordaje integral de su estado de salud. Decidieron internarla en el Hospital Pediátrico doctor Humberto Lotti. Al día siguiente, se desencadenó un allanamiento ordenado por el juez Marcelo Garnica y la secretaria Marcela Díaz. Gustavo Vera acreditó: “Se detectó explotación laboral y se constató que estos trabajadores estaban con retención de documentos y con retención de dinero. Había todo una manipulación. No se les dejaba salir. Era una situación de de esclavitud, donde se constataba las tres criterios que plantea la OIT (Organización Internacional del Trabajo): la jornada de trabajo, el salario y las condiciones de trabajo. Tres ítems claves para detectar explotación laboral que se cumplían acabadamente”.

“En lo inmediato, a todos les corresponde una prestación por explotación laboral que da el RENATRE: por única vez se les da un salario mínimo, vital y móvil”, anunció Gustavo Vera

16 adultos manifestaron la intención de irse inmediatamente. Otras cuatro personas lo hicieron al día siguiente del allanamiento. Los cuatro trabajadores que allí residían desde hace un año se negaron a declarar. Víctor Manuel Quispe continúa detenido en la unidad 32 del Centro de Detención Judicial Mendoza, según ordenó la secretaría penal C del Juzgado Federal de Mendoza. Se le incautó teléfonos celulares y anotaciones para profundizar la investigación por el delito de explotación laboral. Su esposa, encargada del almacén interno, está libre. “El delito que le correspondería a los culpables sería trata con fines de explotación laboral. Esa pena puede variar la cantidad de años, depende de los agravantes que haya, depende de la gravedad. En este caso, había trabajo adolescente, había una menor en estado muy crítico, había retención de documentos, de dinero y un impedimento para salir del establecimiento. Había parámetros muy claros, muy taxativos de reducción a la servidumbre. Por lo tanto, calculo que le van a aplicar una pena importante. El problema es a quién le van a aplicar la pena”, sostuvo Vera.

El funcionario dijo que, por geolocalización, constataron que la empresa se llama Agrícola José Sociedad Anónima, que en verdad operaba para otra finca, administrada por una empresa denominada Viñas de Lontué. “A su vez esta Agrícola José Sociedad Anónima delegaba su responsabilidad en un encargado que fue detenido e incomunicado que se llama Víctor Manuel Quispe. Es habitual en la explotación rural que haya una especie de mamushka, digamos. Mucho disimulo respecto a quién es el verdadero explotador o quién se está beneficiando económicamente de esa explotación”, graficó.

No tenían agua potable. Debían extraerla de un pozo. Se bañaban en condiciones extremas, también provistos de baldes. No tenían colchones: dormían en colchonetas de goma espuma en habitaciones signadas por la deficiencias y la escasez. Las condiciones de higiene eran precarias. Las condiciones de seguridad eran, directamente, nulas. No tenían calzados apropiados ni ropa de trabajo. Según la ley de trabajo vigente, por estos quince días de trabajo se les adeuda 240 mil pesos a cada uno. Algunos trabajadores regresaron a Salta. Otros continúan en Mendoza. Hay cuatro personas que aún permanecen allí, en algún suelo de Barrancas donde nace el buen vino argentino.

Por Milton Del Moral-Infobae