El discurso liberal libertario es la fachada para satisfacer reclamos históricos de grandes grupos económicos. El DNU Milei es la re-regulación de mercados para consolidar e incrementar beneficios de corporaciones dominantes, al tiempo que en nombre de la libertad y la competencia desampara aún más a consumidores y pymes. Avanza sobre derechos laborales y busca debilitar la organización gremial de los trabajadores.
El DNU Milei tiene el extraordinario mérito de permitir descubrir el verdadero rostro del poder económico. Su conducción política, liderada por los grupos Techint y Clarín, ha expresado críticas o elogios en diferentes momentos políticos sobre variados tópicos de la realidad argentina a través de la Asociación Empresaria Argentina.
La más reciente manifestación fue el comunicado de AEA festejando una acción de gobierno autoritaria, antidemocrática e inconstitucional. Es tan potente este mensaje que desnuda la hipocresía de los dueños de empresas más poderosas del país.
Durante años se han autodesignados guardianes de la República y los buenos modales políticos. Desde un lugar usurpado de superioridad moral advertían cuando alguna medida supuestamente afectaba algunos de sus intereses corporativos o cuando una iniciativa política los ofendía en su ideología conservadora.
Ahora, cuando es la primera vez que un gobierno constitucional pretende legislar vía decreto sobre centenares de leyes, comunican a la sociedad que con el gobierno de Milei el país tiene “una oportunidad histórica”.
El exitoso Marcos Galperin, dueño de Mercado Libre, también aplaudió el DNU Milei en su cuenta de Twitter: “Te mintieron durante 80 años, ayer te dijeron toda la verdad en 10 minutos”, adjuntando el link del video de la cadena nacional del Presidente. Lo hizo sin escuchar al autor del mamotreto, Federico Sturzenegger, quien se mofó de las miles de personas que salieron a marchar y golpear cacerolas diciendo que lo sorprendió la manifestación porque ellos no pudieron tener tiempo de leer el DNU.
Galperín tuiteó sin haber tenido tiempo de leerlo e igual festejó, o existe la posibilidad de que él haya tenido el privilegio de conocer de antemano el contenido. En este caso, Sturzenegger no le recomendó lectura previa.
Responsables de las crisis
El comportamiento del poder económico apoyando regímenes poco afectos a cumplir reglas democráticas, impulsando iniciativas regresivas en materia laboral y presionando por medidas económicas conservadoras que favorecen sus propios negocios, es uno de los principales nudos que explican el estancamiento secular y de las varias crisis que arrastra el país.
El respaldo de AEA al DNU Milei, movida política que ordenó a otras cámaras empresariales a seguirla, es una de las pruebas más contundentes de las últimas décadas acerca de la responsabilidad de las elites en el estancamiento económico.
Casi todos los miembros destacados del mundo empresarial, sin embargo, están convencidos de que no hay motivo para considerar que ellos puedan tener algo que ver con el atraso relativo de la economía argentina. Por el contrario, se consideran víctimas del deterioro general, piensan que aportan más de lo que reciben, algunos hasta se sienten perseguidos y no pocos evalúan que no son lo suficientemente valorados por la sociedad.
Están seguros de que el DNU Milei los reivindica, cuando en realidad es el compendio obsceno de la satisfacción de reclamos históricos de grandes grupos económicos. Es una respuesta a contramano del concepto de desarrollo “densidad nacional”. Este consiste en la integración de la sociedad, la presencia de liderazgos con estrategias de acumulación de poder fundado en el dominio y la movilización de los recursos disponibles dentro del espacio nacional, y el fomento de la estabilidad institucional y política de largo plazo.
En los países considerados exitosos los liderazgos promovieron relaciones no subordinadas de sus países con el resto del mundo. El ejercicio del poder estuvo respaldado en la aceptación de las reglas del juego por todos los actores sociales y políticos involucrados. En estos países predominó en la sociedad un sentido de pertenencia y destino compartido. El Estado fue el instrumento esencial para poner en práctica las ideas del desarrollo nacional y la vinculación soberana con el contexto externo.
El poder económico rechaza esta concepción consolidando de este modo el sendero de retroceso relativo de la economía argentina.
La democracia, sistema político menor
El DNU Milei avanza en forma masiva y bastante caótica en la tarea de legislar en abierta violación al artículo 99 de la Constitución Nacional, que dice expresamente: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. Existe coincidencia en este sentido en casi todos los abogados constitucionalistas de origen ideológico diverso.
Este acuerdo no ha sido motivo de preocupación para los empresarios de más influencia y poder del país.
El comunicado de AEA, emitido al día siguiente de la cadena nacional, quedará como un registro histórico fundamental para evaluar esta etapa política, como hubo otros varios de cámaras empresariales en ciclos políticos oscuros pasados.
Sin hacer ni una mención al carácter autoritario y de espaldas al Congreso del DNU, los dueños de grandes empresas agrupadas en AEA dicen que “el inicio del nuevo gobierno genera la esperanza de que nuestro país pueda revertir un largo período caracterizado por el estancamiento económico, altísimas tasas de inflación, y un muy significativo aumento de la pobreza”.
Como si no hubiese pasado nada a nivel institucional, afirman que “acertadamente, el gobierno del presidente Javier Milei ha puesto foco en dos puntos centrales que explican ese muy mal desempeño: el tamaño excesivo del Estado en relación con el PBI y las consecuencias muy negativas que han tenido por largas décadas los déficits en las cuentas públicas”.
En un aval implícito al DNU Milei, señalan que “también valoramos muy especialmente que el Gobierno se disponga a tomar medidas que permitan el más pleno desarrollo del sector privado, sometido por años a injerencias estatales indebidas, a controles de precios, a una elevadísima presión tributaria, a restricciones arbitrarias en materia de comercio exterior y a amenazas como la Ley de Abastecimiento”.
Para cerrar con un mensaje de respaldo, sin mencionar en forma explícita el DNU anticonstitucional, destacan que “desde AEA estamos convencidos de que la eliminación de dichas anomalías y la revalorización del sector privado que propugna el Gobierno redundará en mayores inversiones productivas, en crecimiento del empleo y en un aumento de las exportaciones, todos ellos aspectos cruciales para volver a colocar a la Argentina en la senda del desarrollo económico y social sostenido”.
Cada capítulo del DNU Milei tiene nombre y apellido
El caótico contenido de la norma irregular, que el gobierno de Milei compró de Federico Sturzenegger, quien se lo había preparado para la candidata Patricia Bullrich, refleja una vez más que el líder libertario no tenía equipos ni plan.
El discurso liberal libertario es la fachada para satisfacer reclamos históricos de grandes grupos económicos. Techint ya sacó la sortija de la primera calesita de negocios del gobierno de Milei al desembarcar con un equipo de estrechos colaboradores de su petrolera Tecpetrol en el manejo de millonarios negocios petroleros con YPF. Eduardo Eurnekian de Corporación América, dueña de Aeropuertos Argentina 2000, directamente tiene varios funcionarios que trabajaron para él, empezando por el presidente Milei.
El DNU Milei es la re-regulación de mercados para consolidar e incrementar beneficios de corporaciones dominantes, al tiempo que en nombre de la libertad y la competencia desampara aún más a consumidores y pymes.
La secuencia es impactante por la obscenidad con que se presentan los beneficiarios del DNU Milei:
Arcor, Molinos, Procter & Gamble, Unilever y otras grandes compañías locales y extranjeras de consumo masivo: derogación de las leyes de Abastecimiento, de Góndolas y del Observatorio de precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios.
Las grandes cadenas de supermercados (Coto, Carrefour, Jumbo, Disco): derogación de las leyes de Góndolas y del Régimen para la actividad comercial de supermercados (elimina así la equiparación de sus trabajadores al resto que lo hace en la actividad comercial, fomentando así la explotación laboral y avanzando sobre derechos del trabajador).
Bancos privados nacionales y extranjeros: deroga el artículo de la ley que le daba exclusividad al Banco Nación de recibir los depósitos judiciales, como así también los fondos en dólares de organismos estatales. Además se impulsa la privatización del Banco Nación. Se libera la tasa de interés de las tarjetas de crédito.
Grupo Clarín y La Nación: deroga la ley que declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diario.
Empresas administradoras de tarjetas de crédito (Visa, Mastercard): aumento de las comisiones a los comercios para operaciones de débito y de crédito, y se elimina el tope de punitorios a los morosos.
Establecimiento Las Marías (familia Navajas Centeno) y otras firmas yerbateras: el Instituto Nacional de Yerba Mate pierde la facultad de poder acordar el precio de la materia prima de forma semestral intermediando entre los productores y la industria.
Ledesma (familia Blaquier): Se deroga el artículo 156 de la ley 18.770 sobre el régimen de entregas de azúcar para consumo de mercado interno.
Farmacity: se modifica la ley 17.565 de la actividad farmacéutica al desregular la actividad.
Swiss Medical, Galeno y el resto de prepagas: se libera la fijación del precio de la cuota mensual, y se establece que la diferencia de precios por edad del afiliado puede llegar hasta tres veces la cuota entre la primera y la última franja etaria. El Estado deja de fijar aranceles mínimos a los prestadores y las prepagas podrán definirlos sin control, por caso, a los médicos de las respectivas cartillas. Se dispone la libre competencia con las obras sociales de los gremios.
Laboratorios nacionales (Roemmers, Elea, Gador, entre otros) y extranjeros (Bayer y otros): se deroga la Ley 27.113 que declara de interés nacional y estratégico la actividad de los laboratorios de producción pública dedicados a la investigación y producción pública de medicamentos.
Grandes inversores extranjeros: se deroga el régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales.
Compañías aéreas comerciales extranjeras y de low cost (Flybondi, JetSmart): se impulsa la privatización de Aerolíneas Argentinas al mismo tiempo que se dispone la apertura del mercado “cielos abiertos”.
Mercado Pago (Mercado Libre): se habilita el pago de los salarios (cuentas sueldo) a través de cuentas de billeteras virtuales (con CVU), una prestación que la legislación hasta ahora reservaba con exclusividad para las cuentas bancarias (con CBU).
Empresas de telecomunicación (Grupo Clarín, Claro de Carlos Slim, DirectTV del grupo Werthein, Movistar-Telefónica, Starlink-Elon Musk): se modifica el artículo 45 de la Ley Audiovisual y elimina la limitación de la cantidad de licencias de radio y televisión a nivel nacional. Se elimina la restricción en materia de propiedad cruzada como la imposibilidad de tener canales y radios a empresas de televisión satelital (favorece a DirectTV).
Socios o amigos de Macri (capitales de Qatar y Arabia Saudita): se modifica la Ley de Sociedades que les permite a los clubes de fútbol convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).
Además, el sueño húmedo del poder económico: quebrar la organización gremial de los trabajadores
El DNU Milei, además de favorecer la concentración y el despliegue de los negocios sin interferencias desprotegiendo consumidores y pymes, avanza sobre el deseo profundo de las elites desde hace décadas, tiempo que se puede precisar desde el 16 de septiembre de 1955: borrar las expresiones del movimiento popular por lo que él representa en términos de ampliación de derechos sociales, laborales y económicos, como así también de la capacidad de los trabajadores de disputar cómo se reparte el ingreso.
Como se mencionó en estas páginas, la revancha clasista tuvo su expresión con la dictadura militar, luego con el menemismo, después con el macrismo y ahora con el gobierno de Milei. Cada uno de estos proyectos políticos pretendió y sigue pretendiendo modificar el régimen social de acumulación al desarticular la industrialización basada en la sustitución de importaciones con el consiguiente debilitamiento de las organizaciones gremiales de los trabajadores.
La revancha clasista tiene el propósito de disciplinar a los sectores populares, estableciendo en cada una de las etapas en que se fue aplicando un nuevo techo, significativamente más bajo, en la participación de los trabajadores en el ingreso a través de una espectacular reducción del salario real, la desocupación y la restricción de las conquistas laborales obtenidas por las luchas populares a lo largo de décadas.
Fuerte golpe a los derechos de los trabajadores
Con el asesoramiento de estudios jurídicos de las corporaciones (Bruchou & Funes de Rioja, entre otros), según consignó el diario La Nación, el DNU Milei modifica de forma profunda diez leyes laborales, algunas de ellas en varios artículos, como la Ley de Contrato de Trabajo. Entre otras cuestiones, reglamenta el derecho de huelga en forma restrictiva y otorga amplias facultades a los empleadores para despedir con causa a trabajadores que participan en medidas de fuerza.
Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA y de la Copal (cámara de la industria de alimentos), tuvo un diálogo incómodo en el programa de Ernesto Tenembaum, en Radio con Vos, diciendo que él no tuvo nada que ver con la redacción del DNU y que sus hijos están al frente del estudio jurídico. Alguien debería darle el consejo que no está bien transferir a los hijos la sospecha de conductas cuestionables.
El reciente informe de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo señala que “estamos frente a la más profunda amenaza a las instituciones y los derechos laborales desde la última dictadura militar”. Explica que a partir de 1976 se había reconfigurado las relaciones laborales con una pronta modificación de la Ley de Contrato de Trabajo (sancionada en 1974), la anulación de los convenios colectivos de trabajo, la determinación por decreto de los incrementos salariales atados a la productividad y la prohibición de la huelga junto con toda actividad sindical.
Los investigadores de Cetyd-Eidaes-Unsam indican que desde la dictadura nunca había habido una amenaza de este tipo: ni las reformas de flexibilización aprobadas durante el menemismo, ni la Ley Banelco de la Alianza, ni siquiera el intento frustrado de reforma laboral que había intentado promover el macrismo habían ido tan lejos. “Este es el intento más acabado de refundación laboral en Argentina desde la dictadura”, sentencian.
Los objetivos del DNU Milei en materia laboral buscan alentar la creación de empleos baratos, de menor calidad, más inestables y temporales, profundizar la informalidad laboral, legalizar el fraude laboral y precarizar el trabajo asalariado registrado. Para ello, busca consolidar estas transformaciones mediante el debilitamiento de los sindicatos y de la negociación colectiva, para hacer irreversible una distribución regresiva del ingreso.
Por Alfredo Zaiat-EO