El proyecto petrolero es impulsado por YPF en Neuquén y Río Negro. Afecta al golfo San Matías, ubicado a unos 30 kilómetros de Península Valdés. Es la primera vez que distintos sectores de la población y la economía de Chubut se unen contra la megaobra y exponen la inacción de las autoridades chubutenses.
Un amplio colectivo integrado por cámaras turistas, organizaciones vecinales, conservacionistas y ambientales de Chubut presentó una acción legal ante la Justicia contra el oleoducto Vaca Muerta Sur, la gran apuesta de la petrolera YPF para la exportación de petróleo. Los demandantes reclaman al Estado ante la “inacción” de la provincia y solicitan que la gobernación de Ignacio Torres (PRO) intervenga para prevenir y evitar el posible daño que podría provocar la terminal petrolera del oleoducto, de acuerdo a los documentos y testimonios reunidos por elDiarioAR.
Para el colectivo, el oleoducto y su terminal petrolera son “una clara amenaza al patrimonio biocultural, histórico, socio-productivo en la zona” de Península Valdés y “a los bienes comunes, afectando principal pero no excluyentemente a la pesca artesanal y deportiva, turismo de avistaje de fauna, deportes acuáticos y buceo, entre otros”, informaron en un comunicado.
El proyecto de la YPF busca transportar petróleo desde Vaca Muerta, en Neuquén, hasta Punta Colorada, ubicada en el golfo San Matías, en la costa atlántica de Río Negro. La zona donde se ubicarán la terminal portuaria y las dos monoboyas para la exportación de petróleo programada para 2026 es vecina a Península Valdés, en Chubut.
Un accidente o derrame en la zona afectaría directamente a esa región natural protegida, Patrimonio de la Humanidad (Unesco, 1999), de acuerdo a los análisis realizados por ambientalistas y conservacionistas que realizaron incluso un simulacro de derrame con herramientas provista por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) de los Estados Unidos.
Además, el riesgo de muerte de las ballenas aumentaría considerablemente ante el comienzo de la circulación de grandes buques petroleros en el golfo San Matías, de acuerdo con los planteos de conservacionistas, ambientalistas y empresarios del sector turístico. Las ballenas de Península Valdés también habitan el golfo San Matías. “La ballena franca austral viene de la zona de Península Valdés y en su camino hacia el norte aprovechan la subida a partir de julio y se acercan mucho a la costa, entre los 5 y los 15 metros de la costa, y lo hacen con sus ballenatos”, explicó a elDiarioAR la bióloga Raquel Perier.
En la costa atlántica de Río Negro, un movimiento de vecinos y ambientalistas viene oponíendose al oleoducto Vaca Muerta Sur. También acudieron a la Justicia, pero tanto el Ministerio Público Fiscal rionegrino como el Tribunal Supremo de la provincia desconocen la legitimidad de los ciudadanos rionegrinos para interponer acciones judiciales contra el oleoducto en su provincia. El caso se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Es la primera vez en más de un año de problemática en torno al oleoducto que entidades empresarias, ambientales y vecinas de Chubut se unen contra el proyecto de YPF, apoyado y sostenido por las autoridades de las provincias de Neuquén y Río Negro, y sobre el que el gobierno de Chubut viene manteniendo silencio.
Acción legal
La acción legal de los chubutenses fue presentada ante el juzgado Civil y Comercial de Puerto Madryn, a cargo de la jueza María Laura Eroles. En el escrito se sostiene que el oleoducto pone en riesgo la economía costera y la biodiversidad. El grupo de organizaciones insta a la provincia a “tomar medidas preventivas y otorgar transparencia para la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto, resaltando la omisión del Estado” provincial.
“El oleoducto soterrado de (casi) 700 kilómetros y el puerto petrolero amenazan a ecosistemas costeros marinos, las actividades turísticas en el golfo San Matías y Península Valdés, la pesca artesanal de la cual dependen miles de familias y más de 150 especies marinas únicas en la región”, afirmó la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (Aadeaa) en un comunicado.
“Nos basamos en el derecho al ambiente sano para exigir información detallada, diálogos interprovinciales y medidas efectivas por parte de la provincia”, agregaron.
Las organizaciones buscan exponer “la omisión antijurídica” del Estado chubutense al no implementar acciones y políticas preventivas frente al avance del proyecto de YPF, “exponiendo al territorio, su biodiversidad y a miles de familias a un riesgo previsible de daño social y ambiental”.
“Le quiero decir a la gente del Chubut que este proyecto puntual va a generar un tráfico naviero de 60 buques por año, como mucho, durante los primeros cinco años, versus 2.700 buques que entran y salen de los puertos de Puerto Madryn”, aseguró en agosto último durante una entrevista con elDiarioAR Renzo Tamburrini, intendente de Sierra Grande, Río Negro, la localidad más cercana a Punta Colorada, donde se montará la terminal portuaria. “El riesgo ambiental existe pero es improbable”, afirmó entonces el jefe comunal.
“No existen impactos significativos ni críticos”, afirmó el consultor de YPF Fernando Pinilla sobre el impacto ambiental de la obra el el golfo San Matías y las áreas protegidas aledañas. Pinilla fue contratado por la petrolera para realizar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la terminal portuaria. “A diferencia de los procesos normales en los cuales el desarrollador propone un proyecto y pide evaluarlo, en este caso ha sido más un tema interactivo en el cual la consultora ha podido estar con el desarrollo del proyecto y ha empezado a calibrar”, aseguró en la audiencia pública celebrada el 17 de agosto último en Río Negro. El consultor de YPF aseguró que se implementarán las normas de seguridad y calidad más altas a nivel internacional. También dijo que los impactos ambientales serían “entre bajos y moderados”.
La obra cuestionada
El oleoducto nacería en el yacimiento explotado por YPF en Neuquén -donde ya está aprobado el primero tramo de la obra-, se extendería más de 600 kilómetros a través de la provincia y su vecina Río Negro hasta desembocar en el golfo San Matías, donde se montará la terminal petrolera.
En Río Negro, la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Dina Migani, es la autoridad responsable de la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) de la obra en los tramos II y III, que corresponden al territorio rionegrino. La familia de la funcionaria es socia del grupo Macri en una empresa que provee químicos a YPF para la explotación petrolera, como informó elDiarioAR.
En el golfo San Matías, el transporte de hidrocarburos estaba prohibido desde la década de 1990 para proteger el área natural. Sin embargo, la Legislatura de Río Negro modificó la ley proteccionista en septiembre de 2022, de forma exprés y a puertas cerradas, en medio de un despliegue de lobby de YPF para modificar la legislación a medida de su proyecto, como reveló elDiarioAR en los últimos meses. La acción legal plantea la inconstitucionalidad de la reforma de la ley.
Unidos
La presentación fue realizada por la Cámara de Turismo y Servicios de Península Valdés (CAPENVAL), la Asociación Red de Alquileres Temporarios de Puerto Madryn, el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), la Asamblea Vecinal de Puerto Pirámides, la Asociación Argentina de Guías Balleneros y la Cámara Patagónica de Empresas de Avistajes de Ballenas.
También participaron la Fundación Península Valdés Orca Research, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, la Fundación Greenpeace Argentina, la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Además, firmaron la Fundación Patagonia Natural, la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo Península Valdés, la Asociación de Guías Profesionales de Turismo del Chubut y la Asamblea No a la Mina de Esquel.
“Este colectivo refleja la preocupación de varios sectores de la sociedad civil que advierten que este puerto con dos monoboyas se emplazará a 30 kilómetros de Península Valdés, afectando claramente la biodiversidad y la economía de las áreas marinas involucradas”, informaron desde Aadeaa.
“Las infraestructuras costeras, se emplazarán en importantes enclaves de biodiversidad, con inmenso valor para las comunidades locales y actividades económicas que esta sustenta”, agregaron.
Península Valdés recibió 3.290.086 visitantes entre 2012 y 2022, de acuerdo a los operadores turísticos. Tan solo en Puerto Madryn, la cadena de servicios turísticos generó un impacto económico de más de $20.170 millones en 2022 . Sólo durante la temporada alta de ese año, se generaron 2.831 puestos de trabajo.
Por Emilia Delfino-elDiarioAR