Su tarea es reconocer a tiempo las amenazas a la democracia. Su trabajo se desarrolla en secreto, pero es controlado por el Parlamento.
La Oficina federal para la Protección de la Constitución (BfV), una agencia de inteligencia policial del Gobierno federal alemán, considera posible que el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) sea anticonstitucional. Por eso el AfD fue catalogado como caso sospechoso en 2021. El partido emprendió acciones legales contra ello ante el Tribunal Administrativo de Colonia, pero sin éxito. El recurso presentado posteriormente por el AfD será revisado por el Tribunal Administrativo Superior de Münster los días 12 y 13 de marzo de 2024.
El procedimiento de revisión llama la atención sobre una organización estatal que actúa como sistema de alerta temprana para detectar amenazas a la democracia. Junto con el Servicio de Contrainteligencia Militar (MAD) y el Servicio Federal de Inteligencia (BND), responsable de la inteligencia exterior, la BfV es uno de los organismos secretos de seguridad más importantes de Alemania. Además, los 16 estados federados tienen sus propias oficinas o departamentos para la protección de la Constitución.
A diferencia de la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA), o de la Policía Federal, responsable de la protección de las fronteras, la Oficina para la Protección de la Constitución no tiene competencias ejecutivas. Su principal cometido es recopilar y analizar información sobre intentos anticonstitucionales y actividades de espionaje. Sus tareas están reguladas por ley. El responsable político es el Ministerio del Interior.
El extremismo de derecha se considera el mayor peligro
Los hallazgos de la Oficina de Protección de la Constitución pueden dar lugar a investigaciones penales o desencadenar medidas gubernamentales, que deben ser legitimadas por el Parlamento. Alrededor de 4.300 personas trabajan en este marco en la sede central de Colonia y en la oficina exterior de Berlín. Se centran en todas las formas de extremismo por motivos políticos y religiosos. Desde hace años, el extremismo de derecha se considera la mayor amenaza.
Aunque los éxitos de la Oficina de Protección de la Constitución rara vez se hacen públicos, los escándalos han saltado repetidamente a los titulares. Por ejemplo, nunca se ha aclarado de forma concluyente por qué el servicio de inteligencia nacional tuvo en el punto de mira durante más de una década al grupo terrorista Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU), descubierto en 2011, sin tomar medidas decisivas.
El escándalo de la NSU tuvo consecuencias
La NSU es responsable de diez asesinatos, nueve de ellos de personas de origen inmigrante, atentados con bomba con numerosos heridos graves y numerosos atracos a bancos. En su informe final, una comisión de investigación del Bundestag alemán habló de “fracaso total del Estado”. La Oficina de Protección de la Constitución se sintió especialmente afectada por ello. Tras el escándalo por la NSU, las estructuras y responsabilidades del servicio de inteligencia se reformaron varias veces.
Cuándo se puede vigilar a partidos y personas
Mientras que el partido AfD está catalogado como caso sospechoso a nivel nacional, los espacios partidarios del AfD en Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia se consideran “probadamente de extrema derecha”. Esto también se aplica a la organización juvenil de la AfD, Junge Alternative (JA). En todos estos casos, por tanto, pueden utilizarse los llamados medios de inteligencia. Esto incluye la capacidad de monitorear eventos completos o individuos en palabra, imagen y sonido.
El AfD ha emprendido repetidas acciones legales contra lo que considera un comportamiento políticamente motivado de la Oficina de Protección de la Constitución. Otros partidos y diputados también han emprendido acciones legales contra la vigilancia de la Oficina de Protección de la Constitución. El político de izquierdas Bodo Ramelow tuvo éxito en 2013 ante el Tribunal Constitucional Federal. Según los fundamentos de la sentencia, la vigilancia constituía una injerencia desproporcionada en el libre mandato del diputado.
Al mismo tiempo, esbozaba las condiciones en las que los diputados electos pueden, no obstante, ser vigilados: “Si hay indicios de que el diputado está abusando de su mandato para luchar contra el orden democrático o lo combate de forma activa y agresiva.”
Por Marcel Fürstenau-DW