Lorena Villaverde, referente de La Libertad Avanza en Río Negro, se encuentra acusada por un proyecto inmobiliario en Las Grutas. Tres demandas civiles y una penal por fraude dibujan un panorama oscuro para la diputada, quien ya ha desembolsado 10 millones de pesos en un intento por frenar una de las causas.
El conflicto estalló cuando varias demandas civiles y una penal por fraude fueron presentadas contra Villaverde. Estas acciones legales están relacionadas con la venta de terrenos en una zona rural, un negocio que prometía jugosas ganancias pero que terminó en pesadilla para muchos. En mayo, la diputada intentó frenar una de las demandas pagando 10 millones de pesos, un gesto desesperado que no logró acallar las críticas ni detener el avance de las otras causas.
Las denuncias comenzaron a acumularse en 2023, cuando inversores comenzaron a notar serias irregularidades en la entrega de los terrenos. Una de las compradoras, que adquirió un lote por 1,5 millones de pesos en 2020 con la promesa de recibirlo en diez meses, se encontró con un sinfín de obstáculos. En mayo de 2022, al no tener novedades sobre la posesión de la tierra, envió una Carta Documento intimando a Villaverde a finalizar las obras comprometidas. La respuesta fue desalentadora: la parcela se encontraba en una zona rural no habilitada para construir.
El abogado de la damnificada, Lucas Cerro, sostiene que Villaverde actuó con dolo, ya que cuando concretó la venta, las restricciones y demoras administrativas derivadas de la pandemia eran más que conocidas. Cerro afirma que Villaverde omitió deliberadamente información crucial y promovió la venta de terrenos que no estaban en condiciones de ser desarrollados, un acto que califica como fraudulento.
La situación se complicó aún más cuando se descubrió que Villaverde había instruido a los compradores a comenzar las obras en noviembre de 2021, a pesar de que la habilitación municipal aún no estaba aprobada. Esta maniobra dejó a muchos inversores con proyectos a medio construir y sin posibilidad de recuperar su inversión. En la demanda, Cerro reclamó 6,5 millones de pesos por daños y perjuicios, una cifra que se repite en las otras causas que representa.
El caso más resonante es el de la denuncia penal por fraude, vinculada a una rifa que Villaverde organizó en paralelo al loteo. Según la fiscalía, la diputada utilizó esta táctica para captar fondos adicionales, prometiendo terrenos que sabían que no podían ser entregados en los plazos acordados. Esta causa, aún en etapa de investigación, podría tener implicancias serias para Villaverde y su círculo cercano.
En un intento por apaciguar la tormenta judicial, Villaverde accedió a una mediación en una de las demandas civiles, acordando el pago de 10 millones de pesos en dos cuotas. Sin embargo, esta medida parece insuficiente para detener la avalancha de críticas y acciones legales que continúan acumulándose. Los otros procesos judiciales avanzan hacia la conciliación, pero la sombra de la corrupción sigue persiguiendo a la diputada.
La Justicia de Río Negro, a través de su juzgado multifuero en San Antonio Oeste, ha ofrecido instancias de mediación obligatoria, pero la constante negativa de Villaverde a reconocer su responsabilidad ha dificultado llegar a acuerdos extrajudiciales. Los casos continúan su curso, con el potencial de desembocar en juicios prolongados que podrían tener graves consecuencias para la carrera política de Villaverde.
El escándalo no solo pone en jaque a la diputada, sino que también cuestiona la integridad del movimiento libertario liderado por Javier Milei. Las promesas de libertad económica y reducción del estado, pilares del discurso de La Libertad Avanza, parecen desmoronarse ante las evidencias de corrupción y manejo irregular de los proyectos inmobiliarios.
En el trasfondo de este conflicto, queda en evidencia la fragilidad del modelo propuesto por Milei, que enarbola la bandera de la libertad económica sin prever los controles necesarios para evitar abusos y fraudes. Villaverde, una de sus alfiles en la política provincial, se convierte así en un ejemplo negativo que podría tener repercusiones más amplias en la percepción pública del partido.
Este caso plantea preguntas incómodas sobre la viabilidad y la ética del modelo libertario en un país como Argentina, donde las regulaciones y controles son esenciales para evitar que los ciudadanos sean víctimas de estafas y promesas incumplidas. La situación de Villaverde es un reflejo de los peligros de desmantelar las estructuras de control sin establecer mecanismos alternativos que protejan a los más vulnerables.
La controversia en torno a Lorena Villaverde sigue en desarrollo y promete ser un tema central en la agenda política y judicial de Río Negro. Mientras tanto, los inversores afectados buscan justicia y reparación, y el modelo libertario de La Libertad Avanza enfrenta uno de sus desafíos más serios hasta la fecha.
Por Walter Onorato-EO