El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cumplió dos años de Gobierno, la mitad de un mandato en el país. El líder izquierdista llegó al Ejecutivo bajo la bandera del cambio, enfocado en dar visibilidad a la población más vulnerable. Pero el jefe de Estado encara dificultades para materializar su proyecto político, desde las reformas económicas y judiciales hasta la consecución de su ambicioso plan de “paz total”. Aquí, las principales claves de los 24 meses de la Administración del primer jefe de Estado de izquierda en la historia de la nación.
1- Reformas y economía
Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia y exmiembro del extinto grupo al margen de la ley M-19, llegó a la Presidencia de Colombia ondeando las banderas del “cambio”.
Ahora, dos años después, en la mitad de su mandato, la reforma tributaria y la de pensiones, simplificada con respecto a su propuesta inicial, son las únicas legislaciones importantes que ha logrado promulgar.
La primera, aprobada en diciembre de 2022, apuntó a la obtención de alrededor de 5.500 millones de dólares, mediante la recaudación de impuestos: a empresas mineras y petroleras, a compañías en general, renta a personas naturales y mayores gravámenes para alimentos no saludables, entre otros.
Con la reforma a las pensiones, el mandatario entabló un sistema con el que asegura que busca favorecer a los más vulnerables, en un país con siete millones de adultos en edad de retiro. Solo 2,3 millones de colombianos reciben un pago por jubilación.
En ese sentido, la medida apunta principalmente a los adultos en mayor condición de pobreza, que recibirían una “renta básica” de 56 dólares.
Pero el nuevo modelo también reduce la cantidad de dinero por jubilación que los trabajadores hasta ahora afiliados al régimen público de Colpensiones recibían, subrayan los expertos, ya que la reforma busca acabar con los subsidios del Estado a este modelo pensional. No obstante, algunos economistas recalcan que el sistema anterior era insostenible y, por tanto, era necesaria su modificación.
En Colombia existen dos sistemas para la cotización de pensión: público y privado. Hasta ahora, no había exigencias o limitaciones para que una persona optara por alguno de los dos, pero con los cambios, quienes ganen más de 2,3 salarios mínimos, deberán cotizar los excedentes en el fondo privado de pensiones de su elección, sin subsidios del Estado.
Aún restan varias reformas sociales, políticas y económicas que Petro impulsa en un intento por demostrar la viabilidad de su proyecto gubernamental que concluye en 2026.
No han sido dos años fáciles, nos queda el remate
Las reformas de salud y laboral continúan estancadas en el Congreso y es poco probable que pasen la legislatura en su forma propuesta.
“No ha logrado casi nada de lo que ha querido hacer. Sacó adelante una reforma pensional muy diferente de lo que él quería, y las otras reformas no han pasado. No va ni en un 20% de lo que prometió a sus electores”, señaló el analista político de Colombia, Jaime Honorio González, en una entrevista con la cadena ‘CNN’.
El propio Petro reconoció las dificultades de la primera mitad de su Gobierno durante el discurso en el que se dirigió al país, el miércoles 7 de agosto, grabado en la localidad de Ventaquemada, en el céntrico departamento de Boyacá, en el marco de sus dos primeros años de Gobierno.
“No han sido dos años fáciles, nos queda el remate, en donde lo daremos todo para conseguir las metas (…) Hemos tenido problemas y obstáculos, pero también logros y satisfacciones”, aseveró.
Entretanto, el impulso de la Administración Petro por la soberanía en sectores económicos clave del país, como los hidrocarburos, ha creado “altos niveles de incertidumbre dentro del sector privado”, según indicó el Departamento de Estado de Estados Unidos, una incertidumbre que se mantendrá durante los dos años restantes del mandato de cuatro años del presidente.
Sin embargo, en un espectro más positivo, durante su discurso por el balance de su gestión, el mandatario aseguró que 1,6 millones de personas han salido de la pobreza y 1,2 millones de la pobreza extrema. Durante la pandemia del Covid-19, que inició hace más de cuatro años, la nación “alcanzó una pobreza monetaria del 40 % de su población. Hoy estamos en 33 %”, dijo.
2- Seguridad y diálogos con grupos criminales
Colombia es un país con una larga historia de conflicto interno armado, que por décadas ha visto enfrentados a guerrillas, paramilitares, grupos de narcotráfico y las fuerzas de seguridad del país. Pese a la firma del Acuerdo de Paz de 2016, entre el entonces Gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las FARC, la más antigua de la región, la nación sigue sumida en una espiral de violencia, en medio de crecientes y diversos grupos delictivos.
Durante su Administración, Petro ha impulsado diálogos con los distintos actores de violencia, pero sus esfuerzos por la denominada “paz total” han estado plagados de obstáculos.
El pasado 5 de agosto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó que las Fuerzas Armadas de Colombia reiniciaron sus operaciones contra el autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla del país, después de que expirara el alto el fuego que el grupo al margen de la ley había pactado con el Gobierno.
Ese freno genera dudas sobre su política de seguridad, ya que las negociaciones con ese movimiento delictivo marcaban un punto crucial en su ambicioso proyecto de “paz total”, con el que busca poner fin al conflicto de más de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos en el país.
Pero, “dos años después del inicio del mandato del presidente Gustavo Petro, los análisis sugieren que los grupos criminales han aumentado su fuerza, mientras que la paz sigue siendo una perspectiva lejana”, destaca un reporte del portal ‘Insight Crime’.
Y es que a las dificultades de negociación con el ELN se suman las complejidades por alcanzar un acuerdo con otros grupos. Entre ellos, el llamado Estado Mayor Central (EMC), una de las disidencias de las FARC, que surgieron entre los frentes armados que se negaron a adherirse al Acuerdo de Paz de 2016.
Las negociaciones con la principal disidencia de las extintas FARC se fragmentaron. El pasado 17 de julio, el Gobierno anunció el fin de la tregua con el EMC, mientras que firmó un decreto para extender hasta octubre la tregua con algunas fracciones del mismo grupo armado.
Pero, los esfuerzos continúan y algunas luces se encienden: la Segunda Marquetalia, otra disidencia de la otrora guerrilla, inició conversaciones con la Administración Petro el pasado 24 de julio.
Y el pasado lunes 5 de agosto, el Gobierno dio luz verde a un “espacio de diálogo sociojudicial” con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo, que se ha impuesto como la principal fuerza criminal del país.
El objetivo, por ahora, es evaluar su disposición a aceptar el Estado de derecho y fijar los términos de su posible entrega a la Justicia, indicó Bogotá.
Sin duda, un arduo, amplio y diverso proceso de negociaciones con grupos armados al margen de la ley, alimentados por el narcotráfico, pero con diversos orígenes y exigencias.
3- Asamblea Constituyente
Uno de los asuntos más polémicos en el actual Gobierno es la posible realización de una Asamblea Nacional Constituyente, que se refiere a reformar la Constitución.
Es un debate en el que el país ha estado inmerso desde el pasado marzo, pese a que Petro había asegurado en campaña que no tenía la intención de realizar tal reforma. De hecho, fue el segundo punto de sus compromisos escritos en mármol cuando buscaba el respaldo de otros líderes de la izquierda del país, a los que sumó la promesa de respetar el Estado Social de Derecho y la no expropiación.
Pero ahora, eso ha cambiado. Mientras Petro señala una posible Constituyente ante las dificultades para aprobar sus reformas sociales, la idea despierta cuestionamientos y sobre todo un torbellino político.
“El presidente está en campaña presidencial anticipada. Son dos años que terminan con la promesa de otras reformas, con las promesas de unos cambios vía Asamblea Nacional Constituyente en muchas normas e instituciones, lo que nos pone en alerta sobre lo que nos puede deparar el 2026 cuando Colombia deberá ir a las urnas para elegir el reemplazo de Petro”, advirtió el concejal Daniel Briceño en entrevista con ‘CNN’.
Las dudas y temores aumentaron principalmente después de que la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, publicara un documento titulado ABC proyecto constituyente, en el que sostuvo que la reelección no estaría incluida.
Sin embargo, la senadora Isabel Zuleta, del partido del presidente Colombia Humana, aseguró que buscar un segundo periodo en la Presidencia es el núcleo de la Constituyente.
El documento, ABC proyecto constituyente, sostiene que el objetivo no es cambiar la carta magna de 1991, sino incluir seis puntos que requieren acción urgente:
La implementación efectiva del Acuerdo de Paz de 2016-incluida la Reforma Agraria y la solución al problema de las drogas ilícitas-, garantizar condiciones básicas a los ciudadanos, como el acceso a salud, pensión y agua, la reforma judicial “que acerque el sistema judicial al ciudadano, lo haga más efectivo”, y una propuesta alrededor del reordenamiento territorial, cambio climático, diálogo para poner fin a la violencia y conciliación.
4- Los escándalos que han sacudido al Gobierno de Petro
La mitad del mandato de Petro también ha estado sacudida por escándalos de corrupción, tanto en su familia, como al interior del Gobierno.
Entre ellos se destaca el proceso penal contra su hijo Nicolás Petro, acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Según la denuncia de la exesposa del primogénito del presidente, Daysuris Vásquez, el hombre recibió dinero de fuentes ilícitas, incluidas personas involucradas con el narcotráfico, mientras les aseguraba que los fondos irían dirigidos a la campaña presidencial de su padre, algo que Petro ha negado.
Además, el Consejo Nacional Electoral (CNE) investiga la presunta violación de los límites de financiación por más de 5.300 millones de pesos, más de 1.200 millones de dólares.
Las controversias por corrupción también han envuelto al círculo cercano de su Gobierno: las presuntas interceptaciones ilegales por parte de su colaboradora Laura Sarabia y las investigaciones contra su ahora embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Armando Benedetti, por compra de votos.
Además, Benedetti es indagado por la Fiscalía por presunta violencia intrafamiliar. Su exesposa, Adelina Guerrero, lo denunció al asegurar que la golpeó y amenazó con un cuchillo.
A estos escándalos se suman las graves irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que salpican a ministros y otros altos funcionarios del Gobierno.
5- ¿Trampolín para un próximo Gobierno?
El mandatario parece mirar a futuro para que este no sea el único Gobierno de izquierda en la historia del país y su continuidad se dé próximamente.
Es mucho el camino que nos falta por recorrer
Pero los desafíos son enormes. Petro ha mostrado pocos resultados tangibles en comparación con las promesas de cambio con las que llegó al Gobierno.
“Soy el primero en reconocer que es mucho el camino que nos falta por recorrer. No hemos logrado todo cuanto hubiéramos querido, pero sí hemos hecho, y hemos hecho más de lo que muchos piensan o dicen, entre otras, porque la situación fiscal que encontramos no fue la más favorable”, manifestó el presidente en su discurso el 7 de agosto.
Pese a que aún guarda respaldo de parte de los electores que lo llevaron al poder, su popularidad ha disminuido notoriamente.
El presidente colombiano tenía una tasa de aprobación del 50% después de sus primeros 100 días de Gobierno. Sin embargo, terminó su primer año en el cargo con su popularidad en torno al nivel actual del 34%, según la encuestadora local Invamer.
Los políticos centristas que formaban parte de su gabinete se han ido, dejando a Petro cada vez más aislado.
“Uno tiene la impresión de que en su comunicación Petro ya habla mucho más de las próximas elecciones en 2026, que es como una forma de anticipar la campaña, eso muestra que de cierto modo tiene más la cabeza en la campaña electoral que en la gestión cotidiana de su gobierno”, aseguró a AP Yann Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario.
Mientras restan dos años de su Gobierno, el presidente se aferra a continuar con sus reformas y proyectos políticos. La pregunta es si lo logrará en lo que le resta en la Presidencia, en la postulación a unas próximas elecciones o mediante los cambios que pretende con la Asamblea Constituyente.
Por:Yurany Arciniegas-France24