Comienzan las audiencias para definir si el juez Lijo llega a la Corte Suprema. Macri, preocupado por múltiples causas vinculadas a Correo, se opone de forma férrea a Lijo, que puede meterlo preso o, si llega a la Corte, fundirlo. Parte del peronismo, preocupado por la persecución a CFK, cree que si apoya a Lijo luego podrá negociar con él y su padrino, Lorenzetti, titiritero del lawfare.
Javier Milei fue muy hábil al proponer al juez Ariel Lijo como nuevo integrante de la Corte Suprema. Con un movimiento puso en crisis tanto a Mauricio Macri como al amplio espectro peronista y generó un escenario donde invirtieron sus roles: el ex presidente que llama a votar en contra del gobierno que apoya y peronistas evitan definirse pero dan señales de que optarán por acompañarlo. En lo único que coinciden es que sus movimientos solo se explican por motivos personales. Los de Macri, un circunstancial aliado de Milei que pretende más injerencia en el gobierno, porque el nombre de Lijo le toca la línea de flotación ya que es el juez que puede meterlo preso o fundirlo por sus negociados con el Correo; los del peronismo, teóricamente opositor, porque lo puede llevar a apoyar la llegada de Lijo al máximo tribunal del país en el marco de promesas de recomponer un dialogo roto con el Poder Judicial y con eso salvaguardar la libertad de CFK. Spolier: aún si Lijo llega a la Corte cualquier acuerdo se autodestruye una vez que logre ese objetivo.
Todo indica que esta carambola no se le ocurrió a Milei, ni siquiera a su alter ego monotributista sin declaración jurada Santiago Caputo. Es una jugada pensada por alguien que lleva muchos años tejiendo este tipo de alianzas circunstanciales, siempre en su provecho: el ex presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti. El lazo que une a Lorenzetti con Lijo es fuerte: el primero fue el ideólogo del lawfare, el segundo su ejecutor; el cortesano desplegó un liderazgo en los jueces a base de favores y agasajos, el juez de primera instancia organizó la Asociación de Jueces Federales (AJUFE) que le dio carnadura al poder de los jueces federales, en especial en Comodoro Py.
La jugada de Lorenzetti tiene un objetivo también personal: recuperar la presidencia de la Corte Suprema. La perdió primero con Carlos Rosenkrantz, eyectado de esa silla por inexperto en la diplomacia de tribunales donde se movía como el dueño de un estudio de abogados de la city porteña, y luego con Horacio Rosatti, su hábil coprovinciano que sueña, como alguna vez soñó el propio Lorenzetti, con ocupar el sillón de Rivadavia. No son muy de Santa pero hay que reconocerles que se tienen Fe.
La presidencia de la Corte, que debería renovarse a finales de este año, se define en una votación interna. Lorenzetti necesita sumar a Lijo para tener un voto asegurado que, sumado al suyo le podría dar alguna chance de recuperar el trono perdido. La jurisprudencia de autovotarse ya la inauguró Rosatti. Para esa secuencia precisa de los votos del peronismo para que catapulten a Lijo al 4to piso del palacio de Tribunales. Promete a cambio dialogo, acuerdo, que con ellos “se puede hablar”. Lo que es imposible de explicar para los senadores peronistas es, si existe un acuerdo, su efectividad. ¿Como van a confiar en el hombre que diseñó la persecución contra CFK para que ahora sea el que la salve de una de las tantas causas que le armaron?
El dato es claro: para llegar a la Corte se necesitan dos tercios de los votos presentes en la sesión del Senado que trate el pliego. Si están los 72 senadores eso da que precisan 48 votos para que Lijo llegue a la Corte. El peronismo tiene 33, por lo que es imposible que el resto de las fuerzas políticas junte los 48 necesarios, apenas llegarían los 39 y ni siquiera, ya que algún senador macrista será disciplinado con su jefe. No hay Lijo en la Corte sin los votos del peronismo, hagan lo que hagan las demás fuerzas políticas. Si Lijo llega a la Corte será una responsabilidad de los senadores peronistas, que ahora tienen la oportunidad de no repetir el error que cometieron aportando sus votos para los cortesanos Rosatti y Rosenkrantz en la era Macri.
¿Se repetirá la historia? Rosatti y Rosenkrantz habían aceptado ser designados por decreto, algo prohibido por la Constitución; a Lijo la Constitución le sirve para elevar el monitor con el que lee los portales de noticias con los que fundamenta sus fallos. Pero mientras Macri e incluso algunos libertarios se plantan públicamente contra la llegada de Lijo a la Corte desde el peronismo solo hubo evasivas a definirse.
Lijo lleva 20 años de tropelías en Comodoro Py. Por su edad, si llega a la Corte tiene para 20 años más de tropelías pero en el máximo tribunal del país. Pero ya con las dos décadas de juez de primera instancia sobran motivos para argumentar y votar contra su postulación. Entre otros:
- Fue quien aplicó la Doctrina Irurzun para detener a ex vicepresidente Amado Boudou, momento célebre ya que se ocupó junto a la entonces y actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich de filtrar una foto del acusado en pijama.
- Balcanizó la causa Ciccone para logra una rápida condena contra Boudou mientras protegía a Jorge Brito y Raúl Moneta, y fue parte del operativo que culminó con el testimonio pago de Alejandro Vandenbroele con la que lograron la condena al ex vicepresidente a cambio de un hotel boutique pagado por el macrismo
- El Destape reveló los llamados de Lijo con el director de Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Juan Sebastián De Stéfano mientras armaban causas desde la casa de los espías
- Intervino en la causa AMIA, en un tramo llamado “residual” donde tenía que investigar a Carlos Vladimiro Corach, empleados del juez Juan José Galeano y otros imputados. Ante la falta de avance Lijo fue apartado en 2016 y la investigación quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos.
- Para los más kirchneristas dentro del peronismo, Lijo fue el responsable de pinchar el celular del senador Oscar Parrilli para que luego se filtraran las conversaciones con CFK desde la oficina de escuchas que diseñó junto a Lorenzetti y otros jueces de Comodoro Py. No se entiende la negativa de Parrilli de pronunciarse contra la candidatura de Lijo, menos que dijera que merecía una “cucarda” por las críticas que recibe de Clarín y La Nación, salvo que se reserve la sorpresa para la sesión donde tenga que pronunciarse definitivamente.
La situación de Macri es más clara. Hace semanas que predica contra la llegada de Lijo a la Corte Suprema, tanto él como todo su esquema de poder mediático y sus otrora operadores judiciales reconvertidos en ONGs cáscara vacía. Todo gira en torno a Correo Argentino, el centro de las preocupaciones judiciales de Macri por doble vía: la de su libertad y la de su CBU. Y Lijo puede ser clave para ambas.
Macri no está preocupado por la ética de Lijo, ni por los negocios que se le endilgan a su hermano Alfredo “Freddy” Lijo, ni por patrimonio familiar de los hermanos Lijo sobre el que muchos ponen la lupa. Macri tiene algo personal: Lijo tiene hace 7 años abierta una causa penal contra él, de cuando le quiso condonar la deuda del Correo a su familia cuando era Presidente. Nunca, en estos 7 años, Lijo lo llamó a indagatoria, primera instancia procesal mínima. Lo que debería ser un argumento del peronismo para no designar a Lijo (la demora en avanzar en esa causa) termina siendo uno de los motivos por los que Macri impugna su candidatura pero por el motivo inverso: que no lo sobreseyó ni le cerró el expediente como hicieron el resto de los jueces obedientes de Comodoro Py. En su lógica, Macri lee la actitud de Lijo de mantenerle la causa abierta como un mensaje mafioso.
El diario La Nación publicó que mientras era presidente Macri tuvo una reunión con su entonces jefe de los espías Gustavo Arribas, su ministro de Justicia Germán Garavano y con su operador judicial Daniel Angelici para desestimar las denuncias de enriquecimiento ilítico en contra del hermano de Lijo a cambio de impunidad en el caso Correo. En el mundillo judicial lo llaman “VaLijo”, un juego de palabras que apunta directo contra su hermano “Freddy”, que cargó con varias denuncias por dinero que no llegaba a justificar. Siempre según La Nación, a la hora de hablar sobre cómo se comportaría Lijo respecto a Macri, Angelici afirmó: “Yo lo conozco, tengo muy buena relación. Siempre jugó bien”. Parece que le cumplió a medias: no lo investigó pero tampoco le cerró la causa Correo. Para Macri eso es inaceptable.
Para entender la magnitud de las preocupaciones de Macri con el Correo y, por ende, con Lijo, hay que revisar las 3 vías judiciales sobre el caso.
- La causa en el fuero Comercial, que es donde se tiene que resolver la multimillonaria deuda de los Macri con el Estado, al que le deben 296 millones de pesos/dólares desde el 2001. Este caso está pendiente de resolución en la Corte, por eso a Macri le interesa que Lijo no integre ese tribunal. Es el que puede fundir a los Macri, ya que acumularon esa deuda más los intereses de 23 años desde que se inició el caso.
- La causa en el fuero Penal, donde Macri está imputado porque intentó autocondonarse 70.000 millones de pesos de la deuda del caso que tramita en el fuero Comercial. Este caso comenzó hace más de 7 años, en 2017. Estuvo siempre en manos de Lijo y hay dos maneras de verlo. Una que protegió a Macri porque ni siquiera lo llamó a indagatoria en todo este tiempo. Otra, la que tiene Macri, es que Lijo no lo sobreseyó y tiene la causa abierta para apretarlo, por eso lo quiere bajar de la Corte y si puede incluso de su juzgado en Comodoro Py. En esta causa Macri podría ir preso.
- Varias causas en el fuero Contencioso Administrativo en las que los Macri dicen que el Estado les debe miles de millones de pesos a ellos. Allí presentaron un escrito para hacer un arreglo extrajudicial permitido por un artículo de la Ley Bases, que no se hubiera sancionado sin los votos del PRO. La decisión depende de Milei, por eso Macri tampoco le interesa romper esa alianza.
El PRO tiene 6 senadores, por lo que aún con disciplina partidaria no tiene chance de frenar la candidatura de Lijo. Le queda la amenaza de boicotear luego otras votaciones en diputados, donde Milei precisa de los números del PRO, pero es difícil que eso tenga peso ahora que el gobierno ya logró que lo acompañaran con la ley Bases. El radicalismo, alineado mayoritariamente con Milei, cuenta con 13 senadores, tampoco llega a ser opción de veto.
Designar un juez de la Corte es una forma de política económica. Intervendrá sobre la deuda, las jubilaciones, las tarifas, los derechos laborales, los derechos económicos y sociales, los grandes fraudes y las causas por delitos de lesa humanidad. Cualquier elección es delicada: con Lijo es un enchastre. Todo recae en los votos del peronismo: el freno o el sometimiento del país a una Corte indigna por varias décadas.
Por Ari Lijalad-El Destape