Con una amplia mayoría parlamentaria lograda en la misma elección en que Claudia Sheinbaum se convirtió en su sucesora a partir de octubre, el presidente mexicano López Obrador se despide impulsando la elección popular de todos los magistrados del país, parte de una audaz reforma judicial resistida dentro y fuera del país cuya suerte se define esta semana.
El mandato de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) entró en sus últimos días con la misma intensidad política con la que comenzó hace seis años, por una radical reforma de todo el sistema judicial mexicano que tiene como pilar la elección popular de los magistrados y que ha levantado resistencias dentro y fuera del país.
AMLO será sucedido este 1 de octubre por Claudia Sheinbaum (62), la ex alcaldesa de Ciudad de México que ganó las presidenciales de junio (59,3%) como candidata del movimiento oficialista Morena y se aseguró una mayoría parlamentaria que le permitiría sancionar la reforma judicial impulsada por el presidente.
El nuevo Congreso mexicano quedó inaugurado este 1 de septiembre, con una mayoría absoluta de Morena y sus aliados izquierdistas y ecologistas en Diputados (73%, 364 bancas) y a sólo un voto de obtenerla en el Senado (83 escaños.
Con esa mayoría, y pese a la protestas, la cámara baja consiguió enseguida dar media sanción a la reforma, por 359 a 135 votos, en una votación concretada en una sede externa para evitar el bloqueo.
El proyecto pasó al Senado, que votará esta segunda semana de septiembre con la incógnita de si el oficialismo conseguirá arañar los dos tercios necesarios e imponer sus argumentos y toda la reforma, en medio de las presiones opositoras, mal absorbidas por los mercados financieros.
Los cambios en el Poder Judicial fueron cuestionados por sindicatos de empleados judiciales mexicanos, así como de organizaciones civiles de derechos humanos e intelectuales, pero también han recibido una crítica abierta del principal socio comercial del país, Estados Unidos, que como respuesta obtuvo una “suspensión” de las relaciones del gobierno con la embajada a cargo de Ken Salazar.
La reforma, que según el gobierno democratizará una justicia muy ineficiente en un país muy castigado por el crimen organizado y los homicidios, supone un “riesgo” y una “amenaza” para las relaciones bilaterales, dijo Salazar. También Canadá, el otro socio del tratado de libre comercio TMEC, presentó objeciones. Ambos matizaron después su posición y negaron intenciones intervencionistas.
Juzgar y ser votado
La reforma dio un primer paso con la conformación del Congreso vencido en agosto. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, con 22 votos a favor del oficialista Morena y sus aliados (Partido del Trabajo y Verde), y 17 en contra, aprobó un dictamen con 100 modificaciones.
La propuesta de Morena incluye dos elecciones populares para renovar unos 1.600 cargos federales del Poder Judicial mexicano, la primera de ellas extraordinaria, en junio de 2025. También, reducir a 9 a los actuales 11 ministros el número de miembros de la Suprema Corte y limitar sus mandatos, que iría de 8 hasta 12 años, a través de la reforma de los artículos 94 y 95 de la Constitución.
Además, contempla la eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros de la Corte, y un ajuste a sus remuneraciones al nivel del presidente.
Además, propone eliminar las instancias de control político sobre los jueces, como el actual Consejo de la Magistratura, que sería sustituido por un Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos miembros también serían electos por voto popular.
Actualmente, el presidente propone una terna para la Corte Suprema al Senado, que elige un candidato por mayoría calificada. Con la reforma, los tres poderes presentarían candidatos a evaluar por una comisión de expertos.
Para los jueces de otras instancias, la reforma plantea períodos de nueve años y una reelección, con el requisito de un título en derecho y un promedio de ocho a nueve en las materias afines, además de cinco años de experiencia en la actividad, ensayos y cinco cartas de referencia entre vecinos y colegas sobre su idoneidad.
Los sindicatos argumentan que la reforma es un tiro por debajo de la línea de flotación del andamiaje profesional de los judiciales. La asociación nacional de jueces se declaró en huelga durante dos semanas, con apoyo de estudiantes, algunas organizaciones civiles y la oposición derechista.
“Yo, cuando me dijeron que iban a ir a huelga, hasta me alegré”, ironizó el presidente. De ese modo, no podrán “sacar delincuentes a la calle” o seguir “defendiendo a delincuentes del crimen organizado”, dijo.
Especialistas y organizaciones civiles temen que la elección de los jueces termine aumentando todavía más la influencia de intereses políticas y económicas, incluso del crimen organizado, y condicionando la garantía de una justicia independiente, cuyo problema no son los jueces sino los fiscales que investigan, señalan.
Sólo hasta 2022, los delitos denunciados sin resolución judicial fueron más de nueve de cada diez en el país, incluyendo homicidios dolosos, femicidios y desapariciones, con una tasa de homicidios de 26 por cada 100.000 habitantes (Argentina, 4,4 en 2023. El mandato de AMLO dejó más de 170 mil asesinatos y dos de cada tres mexicanos dice que sus jueces son corruptos.
En la propia Suprema Corte, que interrumpió sus labores en protesta, se escucharon voces encontradas.
La presidenta, Norma Piña, se adhirió la preocupación de la mayoría de sus colegas: “Como mujer, ciudadana mexicana y abogada, esto sería lo peor que le podría pasar al país”.
Pero jueza del máximo tribunal, Lenia Batres, apoyó los cambios. “Mientras un poder piensa en construir infraestructura, el otro la sabotea”, dijo sobre sentencias que frustraron otras reformas de López Obrador.
Impactos externos
Ante el avance cierto de la reforma judicial, el mercado financiero reaccionó con alarma.
La calificadora Fitch advirtió que los cambios “afectarían negativamente a México, aunque describió un “marco macroeconómico prudente, finanzas estables y robustas” y una relación deuda PIB por debajo de la media” de países “BBB”. Morgan Stanley rebajó directamente la calificación crediticia del país.
Antes de la campaña electoral, Sheinbaum dejó trascender discrepancias sobre el modelo de elegir a los jueces. En lugar del voto popular para todos, lo limitaba a la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral.
Al acercarse la votación de la reforma, el embajador Salazar dijo que “las democracias no pueden funcionar sin un poder judicial fuerte, independiente y no corrupto. Cualquier reforma judicial necesita tener salvaguardas para que el poder judicial se fortalezca y no esté sujeto a condiciones políticas”.
Con el tráfico del opioide sintético fentanilo hacia EEUU, además del de personas, un comunicado de la embajada alertó que “las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas”.
Tras las objeciones de Estados Unidos y Canadá a la reforma, y la “pausa” que impuso AMLO al contacto con las embajadas, la presidenta electa dejó en claro: “Siempre habrá diálogo, pero hay cosas que solo corresponden a los mexicanos”.
“Existe la idea de que con la reforma judicial se pierde la independencia y la autonomía del poder judicia. Es al revés”, enfatizó.
Enseguida, Canadá aseguró que Ottawa “respeta totalmente la soberanía mexicana y no tiene intención de intervenir en los asuntos internos de México”.
“Las preocupaciones que expresé sobre la elección directa de jueces son en espíritu de colaboración”, aclaró también el embajador estadounidense. “Como socios, buscamos un diálogo honesto y abierto para seguir con el gran progreso democrático y económico que hemos alcanzado”, enfatizó Salazar.
En 2023, por primera vez en dos décadas, Estados Unidos compró más a México que a China, prueba del cambio en patrones del comercio mundial que estrecharon las relaciones entre los dos vecinos y relocalizaron en América del Norte muchas industrias asentadas en Asia.
El déficit comercial de Estados Unidos con China se redujo significativamente el año pasado, con una caída del 20% en las importaciones de bienes procedentes del país, hasta 427.200 millones de dólares.
Los consumidores y las empresas estadounidenses se dirigieron a México, Europa, Corea del Sur, India, Canadá y Vietnam en busca de piezas de automóvil, calzado, juguetes y materias primas. Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos fueron prácticamente las mismas que en 2022, con 475.600 millones de dólares.
