El oficialismo tiene problemas para sostener el veto en Diputados. Cómo es el “plan B” que maneja el entorno del Presidente. Detalles del decreto
El conteo de votos en la Cámara de Diputados para tratar el veto a la Ley de Financiamiento Universitario no le da bien al presidente Javier Milei, cuyos operadores políticos intentan por estas horas sumar apoyos pero se guardan como última carta frente a una eventual derrota parlamentaria la posibilidad de recurrir a la Justicia para ganar la pulseada.
Como adelantó iProfesional mientras se desarrollaba la nueva marcha universitaria, los bloques UCR, Encuentro Federal, Coalición Cívica y Unión por la Patria pidieron una sesión para el próximo miércoles horas después de que se publicara el veto. Están contando los votos desde antes y confían en juntar la mayoría de dos tercios para ratificar la ley.
En esa pulseada hay dos elementos clave: las ausencias que haya en el recinto en ese momento -porque modifican el “piso” de votos para los dos tercios- y la posición del PRO, donde hay una fuerte división de opiniones y muchas dudas sobre la conveniencia de defender el veto de Milei. Lo que haga ese bloque puede ser decisivo para el resultado.
Por esa razón la Casa Rosada activó contactos de urgencia con esa bancada, cuyo acompañamiento es básico para que el oficialismo pueda aspirar a reunir los 87 votos que necesitará para blindar el veto. Por ahora no llegan a 50.
Sin embargo, así como la oposición se empezó a mover rápido el Gobierno también pareció prever la posibilidad de una derrota, dado que el “plan B” de judicializar la ley que aumenta el financiamiento para las universidades fue sugerido en el mismo veto que firmó Milei.
¿La pelea por el financiamiento universitario se judicializa?: la clave del veto de Javier Milei
Tal y como había adelantado, el Presidente firmó un veto total y en los fundamentos del decreto señaló que la ley que sancionó la oposición viola “el marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento” y apuntan específicamente a la Ley de Administración Financiera.
Seguidamente, los argumentos del veto apuntan que “el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera es claro al exigir de forma expresa que ‘toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento’”.
Esa fue la línea discursiva que el Gobierno el último miércoles, más allá de las consideraciones políticas sobre la movilización. La cuestión fiscal es un dogma para Milei y por ello el eje de la discusión para el oficialismo es que “no hay plata” y que la oposición debe explicar de dónde saldrán los recursos para solventar la actualización de las partidas presupuestarias para las universidades y los ajustes bimestrales que establece la ley vetada por el mandatario.
No obstante, el hecho de haber mencionado en el veto que la Ley de Financiamiento Universitario podría ser (paradójicamente) ilegal porque no cumple con lo que manda la Ley de Administración Financiera es ni más ni menos que una forma de preparar el terreno para una posible disputa judicial si el Congreso rechaza la decisión presidencial.
Fuentes del oficialismo confirmaron a iProfesional que ir a la Justicia “es una posibilidad” aunque aclararon que igualmente tratarán de “dar la pelea” en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el panorama allí de cara a la sesión de la semana próxima es por ahora bastante desfavorable para el Gobierno.
Por Pablo Sieira-IProfesional