En septiembre de 2022 le robaron un bolso con su DNI y una chequera bancaria. Ocurrió en su lugar de trabajo, un taller mecánico del barrio de Boedo. Hizo la denuncia en la comisaría de la zona, tramitó su nuevo documento nacional de identidad y se olvidó del tema.
Seis meses más tarde, en marzo de 2023, de manera imprevista empezó a recibir intimaciones de pago de “Tarjeta Naranja”. Le reclamaron casi medio millón de pesos por tres compras en una perfumería que él jamás había pisado. Mucho menos había tramitado alguna vez un plástico de esa empresa.
Alarmado, fue a su banco y se enteró que alguien había intentado usar dos cheques a su nombre en los últimos meses, pero habían sido rechazados.
Así comenzó un camino de reclamo judicial en el marco del cual en septiembre pasado un juez federal archivó el caso por imposibilidad de dar con los culpables.
Le robaron el DNI y sacaron una tarjeta a su nombre: qué resolvió la Justicia
Eso se resolvió pese a que en el transcurso de la investigación se determinó que: apenas le robaron el documento nacional de identidad y pese a que lo denunció como extraviado, alguien gestionó por Internet con ese DNI en la página web de la empresa emisora de la tarjeta un plástico que fue otorgado así, de manera remota, y enviado por correo a un domicilio en Lanús, donde nunca vivió la víctima.
El teléfono celular que se consignó en ese trámite correspondía a una línea prepaga puesta a nombre del estafado un día después del robo del DNI. La casilla de correo que se consignó era falsa.
Con toda esta información ingresada a su web, la empresa emitió la tarjeta de crédito de cuya existencia nunca supo el titular hasta que sí dieron con él para reclamarle la deuda.
Ahora, la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires ordenó reabrir la investigación para determinar cómo pudo ser que estafadores gestionaran por internet con un DNI robado, una casilla de correo electrónico falsa y una línea telefónica prepaga una tarjeta de crédito a nombre de la víctima, que usaron sin ningún tipo de problema.
Cuando el juzgado federal 2 de Comodoro Py a cargo de Sebastián Ramos archivó el caso por imposibilidad de proceder -aunque dejó en claro que puede reabrirse si surgen nuevos elementos- la querella de la víctima recurrió al Tribunal de Apelaciones.
Sostuvo que el archivo fue “prematuro y arbitrario” porque la investigación no está agotada y existen más medidas de prueba que permitirían orientar la pesquisa
Qué respondieron desde la empresa que emitió la tarjeta
Al responder a la Justicia, Tarjeta Naranja indicó que G. fue usuario titular de una tarjeta de dicha entidad desde el 22 de septiembre 2022 hasta el 23 de mayo de 2023, fecha que entró en mora.
También detalló que el plástico se pidió vía sitio web www.solicitatutarjeta.naranja.com – y se recibió por correo en un domicilio de Lanús, provincia de Buenos Aires. Allí alguien firmó haciéndose pasar por el titular del DNI hurtado.
Ese DNI se había aportado para pedir la tarjeta, un día después de la denuncia de robo.
Por su lado, el comercio donde se hicieron las tres compras que generaron la deuda -una perfumería– aportó las facturas de esas transacciones hechas en diciembre de 2022 -dos en una sucursal de Galerías Pacífico y otra en avenida Corrientes al 600, de CABA-
Por el tiempo transcurrido, no pudo entregar imágenes de cámaras de seguridad ni cupones de venta de las operaciones.
Un tercer eje fue la línea de teléfono prepaga. Se supo que tuvo un cambio de titularidad a nombre del estafado y se usó así entre el 22 y 25 de septiembre de 2022, fecha en que se la dio de baja. Es decir, se hizo ese trámite con el sólo efecto de usarla para gestionar la tarjeta de crédito.
La empresa informó a la Justicia las llamadas entrantes y salientes registradas durante ese lapso.
El juzgado también envió un oficio a Microsoft Corporation, y la empresa informó que al compulsar con sus registros, “advirtió que la cuenta de correo electrónico utilizada –xxx– no existe”
En un último trámite, la policía visitó el domicilio donde se recibió la tarjeta. En el lugar funciona un taller mecánico, sin vivienda y no se dio con nadie a quien interrogar al respecto
El juzgado a cargo de la pesquisa dispuso el archivo porque si bien existe la denuncia de la defraudación con uso de DNI robado, “los resultados obtenidos de las diligencias practicadas no han sido contundentes en cuanto a quien o quienes pudieran ser sus autores”
“Ante la ostensible carencia de datos que posibiliten dar con la/s persona/s que habrían participado de la maniobra aquí pesquisada” y “hasta tanto no se aporten nuevos elementos probatorios” se impone el archivo “aclarando que la solución propugnada no causa estado, pudiendo reabrise la misma en el caso de lograrse la incorporación de nuevos elementos de cargo que así lo permitan”
Por qué la Justicia ordenó seguir investigando
Los jueces de la Cámara Federal porteña, Martin Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, fueron unánimes a la hora de revocar esa decisión.
La causa tiene que seguir abierta porque si bien las medidas que se ordenaron no dieron resultado positivo para dar con el autor de los delitos, hay todavía “cursos de acción” que no fueron explorados de manera suficiente y cuyos resultados “podrían encaminar la pesquisa”
“Aún resta profundizar en lo que respecta al cambio de titularidad de la línea” telefónica que se informó en el formulario de solicitud de la tarjeta a nombre de G.
“Repárese en que el 22 de septiembre de 2022 esa línea pasó de pertenecer a un cliente prepago para figurar bajo titularidad del querellante y coincide con la fecha que en éste formuló la denuncia en sede policial con motivo del hurto de su documento de identidad y se emitió la tarjeta a su nombre”, advirtió el Tribunal de Apelaciones.
Entonces, “aparece conducente establecer, a partir del listado de llamadas entrantes y salientes de dicho abonado los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2022, los usuarios que mantuvieron comunicaciones” y desde allí “el conocimiento que éstos en definitiva pudieran brindar acerca de quien detentaba esa línea en ese período”
Así, la decisión de archivar el caso quedó revocada porque “aparece apresurada en tanto subsisten interrogantes que corresponde sean despejados” con medidas de prueba que deberán ordenarse, dispuso por último la Cámara Federal.
Fuente: IProfesional