La Cámara de Representantes de Misiones sancionó al diputado provincial del PROJuntos por el Cambio, Miguel Ángel Núñez, con un apercibimiento tras la desestimación de una denuncia que había presentado en los tribunales federales de Comodoro Py. La denuncia fue considerada infundada y sin pruebas por parte de la justicia, en un caso que involucraba a dos colegas de la Legislatura misionera.
El presidente del cuerpo legislativo, Oscar Herrera Ahuad, criticó duramente el accionar de Núñez, señalando que su comportamiento era “contrario a los principios de honorabilidad y respeto” que deben regir entre los legisladores. La sanción fue aprobada con 26 votos a favor de los bloques del Frente Renovador de la Concordia, el Partido Agrario y Social, y el Frente Encuentro Popular Agrario y Social para la Victoria. Los representantes del PRO y la Unión Cívica Radical votaron en contra, mientras que Pedro Puerta, representante de Activar y también miembro de Juntos por el Cambio, no asistió a la sesión.
La denuncia, presentada por Núñez en agosto de 2024, alegaba irregularidades en la aprobación de la Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos, vinculando a un diputado con la empresa Agro Sustentable S.A. Sin embargo, la Justicia Federal determinó que no había pruebas suficientes para sustentar las acusaciones y resolvió
archivar la causa por falta de elementos objetivos.
Durante la sesión del miércoles, el secretario legislativo, Gabriel Manitto, leyó la sentencia del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 6, que calificó la denuncia de Núñez como carente de sustento probatorio. Además, el fallo mencionó que la denuncia se basaba en “generalidades” y “presunciones” que no justificaban una investigación penal.
En sus declaraciones, Herrera Ahuad enfatizó que la actitud de Núñez no solo buscaba “dañar la integridad y reputación” de sus colegas, sino también del cuerpo legislativo en su conjunto. Por esta razón, consideró que el apercibimiento era una sanción adecuada para este “comportamiento indigno y desleal”.
Con esta sanción, la Legislatura busca sentar un precedente sobre la responsabilidad y el respeto que deben guiar a sus miembros en el ejercicio de sus funciones, evitando el uso de denuncias sin fundamento como herramienta política.
