A casi un año del inicio de su gestión, el equipo comunicacional del Gobierno ha logrado especializarse en recurrir a variadas cortinas de humo para distraer la atención y controlar la agenda.
Aunque el truco ya se conoce, no deja de lograr su objetivo. A casi un año del inicio de su gestión, el equipo comunicacional del Gobierno ha logrado especializarse en recurrir a variadas cortinas de humo para distraer la atención y controlar la agenda.
La prueba más reciente -no será la última, seguramente- fue el anuncio del inefable vocero presidencial, Manuel Adorni, respecto a la propuesta de hacer cambios sustanciales en la política migratoria.
Sin dar ningún detalle ni especificación, Adorni lanzó que ello incluirá ampliar el menú de delitos y acelerar los procedimientos para proceder a la expulsión de personas de otras nacionalidades. También la habilitación al arancelamiento universitario y en la atención pública de la salud a los extranjeros no residentes.
Más allá de las cuestiones de fondo en relación a las limitaciones de los flujos migratorios, un tema que la ultraderecha global ha convertido en una de sus banderas para buscar visibilización, la declaración sin rigor de Adorni adolece de curiosas inexactitudes que hacen sospechar de la verdadera intencionalidad del planteo.
Ello es particularmente evidente en el caso del cobro por la educación universitaria y la atención sanitaria.
Se omite por caso explicar que para cursar en cualquier universidad pública argentina una carrera de grado se requiere residencia legal. Según estimaciones en poder del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde se agrupan todas las casas de estudios superiores estatales, apenas un promedio del 5% de sus estudiantes son extranjeros, de los cuales un 1% aún no tiene finalizado sus trámites como residentes, sin los cuales deben dejar sus estudios.
Adorni apeló a la clásica muletilla de “uno de cada tres estudiantes de Medicina en la UBA es extranjero”. Omite el vocero en señalar que obtuvieron su residencia argentina. ¿Querrá cambiar el otorgamiento de ese estatus? ¿Querrá cambiar la ley de Educación Superior que establece la instrucción sin aranceles? ¿Querrá cambiar la Constitución Nacional, que garantiza derechos a “todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”?
Aún si se avanzara con este tipo de modificaciones, la autonomía universitaria habilita a que cada centro educativo proceda al respecto como prefiera. Salvo que dejen de ser autónomos, claro.
Otro tanto con la atención de la salud, prácticamente en su totalidad bajo el mando de las 24 provincias en que se divide el país. Salvo ocho hospitales nacionales, el resto depende de provincias o municipios. En un sistema federal, la Nación puede sugerir pero no imponer. De hecho, ya Jujuy y Salta establecieron aranceles para atender extranjeros y otros distritos analizan medidas similares.
Una fuente oficial que debería estar al tanto de estas cuestiones enunciadas por Adorni admitió que sólo son ideas sobre las que las autoridades quieren empezar a avanzar.
Las imprecisiones y falsedades en torno a estos temas pueden servirle al Gobierno para distraer la atención y desviar la mirada de otros temas más delicados y de ejecución práctica. Pero también obturan discusiones serias sobre cómo financiar la educación y la salud públicas, cuyas problemáticas no se resuelven con declaraciones sofistas ni barriendo bajo la alfombra cualquier debate.
Por Javier Calvo-Perfil