Familiares de los cuatro niños desaparecidos el 8 de diciembre en el sur de Guayaquil, Ecuador, tras ser detenidos por una patrulla militar, denunciaron supuestas “acciones intimidatorias” por parte de la Policía. También señalaron un posible intento del Gobierno de interferir en la investigación. El caso revivió el debate sobre la vulneración de derechos humanos y la efectividad de las medidas contra la delincuencia de parte del gobierno de Daniel Noboa.
El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, ONU, instó este martes al Estado ecuatoriano a adoptar medidas inmediatas en la búsqueda de cuatro menores desaparecidos en Guayaquil el pasado 8 de diciembre, tras ser detenidos por una patrulla militar.
En un documento compartido por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH, que asesora a las familias de los menores, se pidió a Ecuador establecer “de forma urgente” una estrategia integral que contemple un plan de acción con un cronograma definido para localizar a los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y a sus amigos Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11).}
La desaparición de los cuatro menores ocurrió el domingo 8 de diciembre por la noche, después de que salieran a jugar fútbol en el barrio Las Malvinas, ubicado en el sur de Guayaquil.
Según testigos, hombres vestidos de militares detuvieron a los menores mientras caminaban cerca de un centro comercial tras su práctica deportiva. Posteriormente, se los llevaron hacia la zona de Taura, a unos 30 kilómetros de Guayaquil, donde se encuentra una de las principales bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, FAE.
Videos captados por cámaras de seguridad, que han circulado en redes sociales, muestran el momento en que varios militares llegan al lugar donde estaban los menores, los suben a una camioneta y se los llevan.
En las grabaciones se observa a un grupo de niños corriendo, hombres uniformados y dos menores siendo subidos a la parte trasera de una camioneta, que luego se desplaza por las calles de Guayaquil. Las imágenes parecen coincidir con el relato que el padre de dos de los menores compartió con medios locales.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que, como parte de la investigación, se realizó un allanamiento en una base de la Fuerza Aérea ubicada en las afueras de Guayaquil durante la madrugada del lunes. En el operativo, las autoridades confiscaron dos camionetas blancas y los teléfonos móviles de 16 militares que participaron en un operativo no especificado el día de la desaparición de los niños, de entre 11 y 15 años.
En los videos analizados por la agencia AP, se puede ver a dos niños —uno con una camiseta azul y otro con una naranja— siendo llevados por uniformados y colocados boca abajo en la parte trasera de una camioneta blanca con vidrios polarizados. Uno de los menores recibe un golpe en la cabeza.
El vehículo tenía una sirena, carecía de placa y contaba con un banco negro en la parte trasera, similar a los utilizados en patrullas militares. Los hombres que aparecen en las imágenes portaban armas y vestían uniformes camuflados con insignias que se asemejan a las de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
Luis Arroyo, padre de dos de los menores desaparecidos, relató a medios locales que sus hijos estaban regresando a casa después de jugar fútbol cuando dos vehículos, con personas vestidas con uniformes militares, llegaron al lugar. Según su testimonio, los niños fueron perseguidos, cuatro de ellos capturados y llevados por los ocupantes de los vehículos.
La ONU exigió que se investiguen todas las hipótesis, incluida la posibilidad de que este caso constituya una desaparición forzada, dado el presunto involucramiento de agentes estatales.
Además de las recomendaciones que, según el CDH, Ecuador está obligado a cumplir, el Comité de la ONU emitió medidas cautelares a favor de los padres de los niños desaparecidos, dado que, según la información que manejan, “enfrentarían un alto riesgo de represión, intimidación o represalias por la denuncia sobre las presuntas desapariciones de sus hijos menores de edad”.
Familias de los cuatro de Guayaquil denuncian intimidación tras desaparición
Las familias de los cuatro menores desaparecidos denunciaron este lunes haber sido objeto de “acciones intimidatorias” por parte de la Policía y señalaron un posible intento del Ejecutivo de interferir en las investigaciones.
Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, organización que asesora a las familias, aseguró que una patrulla policial se presentó la mañana de este lunes en la casa de uno de los niños y tomó fotografías sin permiso.
“No solo del exterior de la casa sino también fotos del vehículo en el que (los familiares) se trasladan al trabajo”, declaró Navarrete, quien pidió un “total distanciamiento” de los agentes y soldados respecto a las familias y sus hogares. “Son acciones intimidatorias que no caben”, criticó.
El activista también cuestionó las declaraciones del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, quien sugirió que el caso no sería una desaparición forzada vinculada a militares, sino un aparente secuestro.
Loffredo aseguró el lunes a los periodistas que, según un informe militar, los niños fueron detenidos por una patrulla compuesta por 16 agentes, quienes “observaron a ocho personas que presuntamente estaban robando a una mujer”. Loffredo añadió que, tras la detención, los militares liberaron a los menores y no los entregaron a la policía. Sin embargo, las imágenes revisadas por la AP no muestran el supuesto robo.
Por su parte, el presidente Daniel Noboa, en declaraciones a la emisora local Radio Democracia, afirmó que aún era prematuro clasificar la desaparición de los niños como una desaparición forzada. “Estamos del lado de la justicia, y sea un civil, un sacerdote, un policía, un militar el que estuvo involucrado, al final del día la gente necesita respuestas”, expresó.
Noboa, quien aspira a la reelección en febrero, agregó: “No vamos a encubrir a nadie”.
Jaime Vela, comandante de las Fuerzas Armadas, afirmó en conferencia de prensa: “Se descarta cualquier participación de la fuerza pública, en hechos posteriores a la referida intervención y que sería causa de la desaparición”. Esto, pese a que la Fiscalía trasladó el caso a la Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza, que está investigando a personal militar por desaparición forzada.
“2024 está marcado por graves violaciones a los derechos humanos”: defensores
Fernando Bastias, miembro de la organización no gubernamental Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, calificó las desapariciones como “una grave violación de los derechos humanos” y exigió el procesamiento de cualquier personal militar implicado.
Noboa implementó una estrategia de seguridad que combina la militarización con reformas legales. Al asumir el cargo, convocó una consulta popular que recibió un respaldo significativo a su propuesta de utilizar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.
Esto permite operaciones conjuntas con la Policía sin necesidad de declarar un estado de excepción. La medida busca combatir la creciente violencia asociada al narcotráfico y las pandillas, que han superado la capacidad del sistema de justicia ecuatoriano. También se aprobó la extradición de ciudadanos ecuatorianos bajo ciertas condiciones.
No obstante, esta estrategia ha generado críticas por parte de organismos de derechos humanos. Grupos como Amnistía Internacional han expresado su preocupación por las posibles violaciones de derechos fundamentales derivadas de la militarización de la seguridad y el aumento de penas para delitos específicos.
A pesar del apoyo popular, los críticos argumentan que estas medidas pueden resultar en abusos y no abordan las causas estructurales de la violencia, como la desigualdad y la falta de oportunidades en las comunidades más afectadas.
A pesar de los resultados favorables en la consulta popular, la situación sigue siendo crítica. Ecuador vive un aumento en los asesinatos y otros actos violentos, incluyendo el asesinato de funcionarios públicos. Noboa ha declarado que no negociará con terroristas y ha intensificado su retórica contra el crimen organizado, pero los desafíos persisten.
“Lo que ocurrió el 8 de diciembre no es un hecho aislado en Ecuador. Las graves violaciones a los derechos humanos que estamos conociendo son el resultado de una política ejecutiva de mano dura, de militarización sin control y encubrimiento por parte del Gobierno”, afirmó el abogado Bastías.
Agregó que la organización que representa tiene conocimiento de varios casos similares ocurridos en el contexto de la declaración de “conflicto armado interno” hecha por el presidente Daniel Noboa a comienzos de 2024, como parte de su lucha contra las bandas criminales.
“El 2024 está marcado por graves violaciones a los derechos humanos”, concluyó.
Por Jorge Hurtado France24