La cadena nacional, un síntoma del deterioro de la palabra del presidente. Una oposición sin ideas. El espejo de Bolivia para el peronismo.
Javier Milei volvió a apelar a la Cadena Nacional para justificar el recurso a los vetos masivos ante la serie de derrotas legislativas recientes en cuestiones donde las simpatías populares aparecen enfrentadas a sus preferencias. El presidente defendió nuevamente su gestión y la definió en torno a un solo eje central: la reducción de la inflación. En su discurso, atribuyó los logros alcanzados al ajuste fiscal y monetario, incluso por encima de la apreciación cambiaria.
Acaso rompiendo con el contenido de sus alocuciones hasta ahora, morigeró la estimación sobre la cifra inicial de su mandato –que en lugar de ubicar en el 17.000% estimó esta vez en 300% anual, unas decenas de miles de puntos menos alejados de la realidad– al tiempo que proyectó la actual en 25%. Y celebró como logros una recuperación económica y la baja de la pobreza y la indigencia, cuyo punto de comparación no era el momento de su asunción, sino los efectos de la devaluación con la que dio inicio a su mandato.
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El mensaje, dedicado a la confrontación con el Congreso, señaló como impagables en su conjunto las modificaciones vinculadas a aumentos en jubilaciones, la moratoria previsional y las reformas en las pensiones por discapacidad -y de salud- a las que acusó de poner en riesgo el superávit fiscal. En ese marco, realizó dos anuncios de medidas de blindaje, fiscal y monetario, con las que buscó –sin demasiadas perspectivas de éxito– recuperar la ofensiva. Por un lado, instruyó al Ministerio de Economía a prohibir que el Tesoro financie el gasto primario mediante emisión monetaria, una política que de acuerdo al propio mensaje presidencial “ya se venía aplicando”, pero que sería formalizada.
Sin embargo, el principal anuncio fue el envío al Congreso de un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales o medidas que generen déficit fiscal, estableciendo una regla fiscal estricta: cada nuevo gasto deberá contar con una fuente de financiamiento específica y sus responsables –incluso en el Poder Legislativo– podrán enfrentar sanciones penales. Un proyecto de contenido brumoso, sin demasiadas perspectivas de aprobación pero que, para la mirada del Gobierno, permitiría identificar al oficialismo con la prudencia fiscal y a la oposición con el descontrol en ese rubro, y quizás poner en aprietos a quienes se ubican en la avenida del medio y acompañaron al peronismo en las últimas votaciones. No debería la desesperación oficial esconder que el espíritu del proyecto tiene sentido con cualquier administración al frente: las propuestas de financiamiento deberían ser tan comunes como las de los gastos.
En rigor, incluso en el improbable caso de que se apruebe, la legislación no tendría demasiada relevancia real. Existen experiencias muy concretas de legislación vinculada a cuestiones macroeconómicas en Argentina, que ya tuvo su Ley de Déficit Cero durante el gobierno de Fernando De la Rúa, con Domingo Cavallo al frente del Ministerio de Economía. La legislación pasó con los votos del peronismo, y sin embargo, su vida útil fue tan efímera como el gobierno que la impulsó. Con el estallido de la convertibilidad, expiró la legislación, que antes se había mostrado impotente para recuperar algo de confianza de los mercados y evitar el estallido de la crisis económica, cambiaria y de endeudamiento.
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La propia convertibilidad, cuya duración extendida en el tiempo podría candidatearla como un ejemplo algo más feliz de los intentos de resolver por ley una cuestión de política macroeconómica, también prueba, sin embargo, la impotencia de la letra para saldar cuestiones de política económica. Con el estallido del régimen, la norma cambió de un día para el otro y los contratos quedaron expuestos a soluciones ad-hoc. No fue la redacción de la ley la que garantizó la vigencia de la convertibilidad, sino sus éxitos en materia antiinflacionaria, que la convirtieron en una piedra angular de la política económica, aceptada por el oficialismo, la principal oposición y, acaso más importante, por el conjunto de la sociedad. Eso determinó su sobrevida mucho más allá de lo que era prudente y sostenible.
No es la ley sino los consensos lo que hace duradera a una política económica. Incluso con infinitos gestos de voluntad de buena parte del sistema, el Gobierno renunció una y otra vez a construirlos y sostenerlos. Su construcción político electoral alienó a muchos de sus dadores de gobernabilidad, y su hegemonía momentánea en el espacio que va del centro a la derecha apenas lo preservó de derrotas aún más profundas.
En las actuales circunstancias Argentina debería tener un consenso sobre el equilibrio fiscal. No porque tenga las virtudes que dogmáticamente le atribuye el presidente, sino porque el país no cuenta con márgenes para endeudarse y el peso difícilmente tenga la credibilidad que permite a otras naciones emitir sin sufrir consecuencias, algo que dejan más que claro las experiencias recientes del gobierno de Alberto Fernández. Es la escenificación de ese aprendizaje entre todos los sectores políticos –y no su conversión en una materia de confrontación– lo que va a dar credibilidad a la Argentina en una construcción a futuro. La táctica política del gobierno conspira en este caso contra su estrategia económica.
En el peronismo, las debilidades trascienden las diferencias internas que la unidad electoral sólo pausó. El fake que compartió el vocero presidencial Manuel Adorni sobre la entrevista a Axel Kicillof emitida el fin de semana en Futurock –una operación tan torpe como intencionada– evidenció dos cosas: un Gobierno que no encuentra el centro del ring y se come, día a día, su propio stock de imagen y la efectiva falta de propuestas concretas para oponer a la agenda económica del oficialismo, fuera de la mera profesión de fe opositora.
La apelación a los “principios” realizada por el gobernador –y semanas antes por Máximo Kirchner– queda expuesta cuando el último gobierno fue responsable de un aumento descontrolado de la inflación, con una fuerte caída del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, una sensación de descontrol generalizado en las variables macroeconómicas y una coalición que no tenía acuerdos –ni lograba esbozar alternativas– respecto del entendimiento que alcanzó aquel gobierno con el Fondo Monetario. Una distribución distinta de los costos del ajuste, una reformulación del Estado que preserve su rol como garante de los derechos ciudadanos, pero se enfoque en una reformulación eficiente, una agenda de productividad que permita recuperar los salarios, e incluso incluir cuestionamientos a la estrategia cambiaria oficial, con una propuesta alternativa, apenas esbozos de una agenda que un peronismo timorato no se atrevió a abrazar ni siquiera con la habilitación expresa de la líder del espacio.
El riesgo de volverse irrelevante y apostar exclusivamente al hundimiento ajeno no es una mera abstracción. El peronismo debería mirar las lecciones de otras geografías. El domingo, Bolivia se encamina a unas presidenciales decisivas en medio de una crisis económica, política y social. La economía que fue durante casi una década un ejemplo de redistribución de ingresos, crecimiento económico y administración fiscal prudente enfrentará el proceso electoral en un contexto de escasez de dólares, y desabastecimiento, particularmente de combustibles y alimentos. El peso boliviano se hunde en el mercado paralelo y las reservas internacionales se ubican en mínimos históricos y la inflación toca récords de décadas.
Con esta elección se cierra el ciclo político del Movimiento al Socialismo, que concurre dividido en varias candidaturas que las encuestas ubican por debajo del 10%, tanto individualmente como en la suma de todas ellas. La ruptura entre Evo Morales y Luis Arce es imposible de explicar a observadores externos por diferencias programáticas o ideológicas, y a su vez, es acompañada de las peores acusaciones públicas. Mientras tanto, ninguno se hace cargo de los límites de un modelo que supo ser exitoso, pero que dejó de lado la necesidad de favorecer inversiones. El declino de los pozos de gas es tanto consecuencia de factores estructurales como de la retracción de las inversiones de las empresas multinacionales en nuevas exploraciones tras la rediscusión de la renta gasífera durante el primer gobierno de Evo. Con el litio sucede algo similar: las desventajas naturales de la extracción en Bolivia respecto de Argentina y Chile se conjugan con un marco jurídico que otorga un rol preponderante al Estado tanto en la gestión como en las ganancias. La consecuencia es que Bolivia no exporta una tonelada de litio, un mineral que sus vecinos desarrollan con una enorme fortaleza.
Morales, recluido en Chapare, denuncia una proscripción que la letra de la constitución difícilmente respalde y llama al voto nulo, mientras todo parece apuntar a una segunda vuelta entre un candidato de centroderecha y uno de ultraderecha. Mientras el actual presidente, el antiguo artífice del milagro boliviano, se retira entre la crisis económica y la irrelevancia personal, Evo sueña con que la derecha sea desbordada por la seriedad de las condiciones económicas y lleven al pueblo a rescatarlo y devolverlo en andas al poder en un contexto de insurgencia social. Habiendo gobernado 14 de los últimos 20 años, la apuesta a salir indemne del descrédito de la dirigencia política parece tan arriesgada como irresponsable, pero es también un testimonio de que ni siquiera las trayectorias más exitosas son inmunes al final de sus hechizos.
Por Iván Schargrodsky -Cenital