El Presidente dice ser liberal, pero su política de defensa lejos está de su declaración. Defensa no significa solo comprar armas. Su gestión tiene consecuencias devastadoras para las Fuerzas Armadas.
Cuando –desde hace veinte años– una organización tiene un perfil de gasto en dólares constantes (2004) superior a los 4 mil millones y un gasto promedio anual en personal mayor al 80%, según el seguimiento del gasto de Defensa argentino que realiza Thomas Scheetz para el Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo (Sipri), ubicarle su problema más importante no es muy difícil: está en el rubro personal, más cuando este gasto es el doble del peruano y casi igual al de Chile, pero con una relación coste-eficacia peor.
Defensa es la cartera con más empleo público del Estado argentino.
Internacionalmente se acepta como paradigma que el gasto en defensa, debe tener –para una correcta administración– una distribución del 60% en personal (incluyendo: salarios, bienestar, pasividades, pensiones de guerra, etc.), el 20% en operaciones y mantenimiento, y el 20% en obtención de medios (armas, infraestructura, etc.).
Esto nunca se llevó a cabo en Argentina. Hacerlo es costoso –políticamente hablando– ya que requiere liderazgo y conocimiento de la materia; es decir, dos recursos escasos en la elite política (más cuando esta cartera es usada para pagar favores o sumar volumen político a un presidente) y porque además esto no es aceptado por las Fuerzas Armadas, que prefieren resistirlo, tal como una rana sumergida en agua hirviendo, hasta que se produzca el milagro que llegue un presidente de la Nación con rasgos mesiánicos que vea en el gasto militar una palanca para mantenerse en el poder y lo aumente a niveles estratosféricos (aunque no haya causa alguna que lo justifique) y –si no hay más remedio–, solo así, acomodarse al paradigma.
Cuestión que ni siquiera ahora se da con un Presidente con afinidades expresas pero con severas restricciones económicas que le impiden ejecutar esta fantasía que emborrache el gasto militar argentino con más dinero de los contribuyentes.
Entonces, todo queda embarrado en un discurso confuso porque un programa de defensa estrictamente libertario tendría que significar el cierre de las Fuerzas Armadas y su reemplazo por alguna empresa de mercenarios, o bien, poniendo al país bajo el protectorado de alguna potencia tal como Puerto Rico tiene con los EE.UU. o algo parecido a ello.
Una suposición, porque no existe un Estado libertario en el mundo. Por suerte, para los militares argentinos, el presidente Javier Milei solo declama ser libertario y lo que se traduce en una acción discrecionalmente libertaria no los alcanza, por ahora, porque el Presidente prefiere un populismo militar a fin de seducir el voto de la familia militar y aplicar su supuesto libertarismo a otros sectores del Estado y de la sociedad.
Sin embargo, la distancia entre el querer y el hacer –a veces– no es concordante y a pesar de que el Presidente busca seducir a las Fuerzas Armadas, lo concreto es que la mala gestión de su ministro de Defensa, Luis Petri (inocultable en el Instituto de Ayuda Financiera y en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas), ocasionó 18.659 bajas desde el inicio de su gestión (840 oficiales, 2.398 suboficiales y 15.421 voluntarios). El factor salarial es la principal causal, además de las desmotivaciones profesionales, a pesar del relato oficial.
Otra opción que tiene el Presidente es llevar adelante una política liberal para defensa, como la soslayada en la Revisión de la Defensa Argentina 2000 durante la presidencia de Fernando de la Rúa y luego detallada en el libro Hacia la modernización del sistema de defensa argentino (2006), donde se hace eje en la mejora de la calidad del gasto y en una serie de reformas como lo han hecho los principales países de la OCDE para tener un gasto de defensa compatible con sus necesidades de seguridad nacional, sus amenazas y riesgos, su estrategia y política de defensa y el diseño de fuerza que su economía puede sostener y alistar bajo una mirada capitalista de la defensa para que esta tenga además un impacto positivo en la economía del país.
Esto implica concentrar unidades militares, crear algunas nuevas, desburocratizar, eliminar unidades operativas y logísticas, transferir institutos educativos a otras jurisdicciones, modernizar su sistema logístico, eliminar excesos de personal civil y militar, reorganizar las pirámides de personal militar, privatizar empresas, delegar funciones a otras agencias y muchas otras medidas que no son del agrado de muchos militares argentinos por cuestiones emocionales o por una actitud conservadora reacia a los cambios, o simplemente por ignorancia profesional.
La masa salarial y los salarios acordes para la defensa argentina dependen de llevar a cabo este complejo abanico de reformas y del entallamiento de toda la organización. No de la magia de solo aumentar el gasto militar sin contemplar su relación costo-efectividad.
Lamentablemente, el Presidente también dice ser liberal y su política de defensa lejos está de su declamación. Su gestión tiene consecuencias devastadoras para las Fuerzas Armadas. Hay decepción. Esto se vio reflejado en el voto uniformado en la última elección en la provincia de Buenos Aires.
Se necesitan cambios urgentes y profundos. Defensa no requiere solo comprar armas. Esa no es la prioridad. Se necesita inversión para darle más calidad a toda la defensa y ser –al menos– igual de costo-efectiva como la de Chile.
Esperemos que el Presidente lo entienda, promueva un cambio liberal y abandone su populismo militar. Todavía está a tiempo. Le queda mitad de mandato.
Por Ricardo Runza,Ingeniero, magíster en Defensa Nacional.-Perfil