El fiscal Martín López Perrando y el hermano de la víctima pidieron revertir la medida dictada por el juez Alejandro Litvack a favor del acusado. "Estamos frente a una persona que no recuerda la desaparición de Diego ni a sus compañeros de colegio", expresó la querella.
La querella y la fiscalía que investiga el crimen de Diego Fernández Lima, el joven de 16 años que fue asesinado en 1984 y cuyos restos fueron encontrados más de cuarenta años después enterrados en el patio de una casa del barrio porteño de Coghlan, apelaron al sobreseimiento de Cristian Graf, excompañero de colegio de la víctima y único sospechoso que tiene el caso.
El fiscal Martín López Perrando, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61, pidió revisar la medida dictaminada por el Juez Alejandro Litvack, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 56. La misma resolución la realizó la querella, integrada por Javier Fernández Lima, hermano de la víctima, quienes acusaran a Graf de tener una "especie de amnesia" en relación a la desaparición de Diego y los dichos de sus excompañeros de escuela.
El funcionario judicial recordó que el hallazgo de los huesos ocurrió el 20 de mayo pasado, cuando un grupo de albañiles levantaba una pared medianera en una casa de avenida Congreso -donde había vivido entre 2001 y 2003 el músico Gustavo Cerati-, lindera a la vivienda del acusado. En ese sentido, destacó que el delito de "encubrimiento" por el que imputó a Graf es "autónomo y debe analizarse de forma separada” al asesinato del adolescente.
“Entiendo que si bien resulta claro que el homicidio de Diego Fernández habría ocurrido hace más de 40 años, con todo lo que ello implica […] no es menos cierto que al no contarse con una imputación formal dirigida hacia un presunto autor, no resulta prudente considerar que la acción prescribió", expresó en su escrito.
A modo de ejemplo, López Perrando planteó que "la comisión de nuevos hechos podrían interrumpir el plazo de dicha prescripción", y que "la falta de autor impide la declaración de prescripción que necesariamente debe formularse en concreto”.
Sobre el descubrimiento de los restos, que estaban acompañados de objetos que habían pertenecido a Fernández Lima -como un corbatín, una moneda japonesa que tenía como souvenir y un reloj-calculadora Casio CA-90-, el representanto del Ministerio Público Fiscal expresó: "En primer lugar, nadie de esa casa llamó a la Policía. El hallazgo no solo parecía no sorprenderlos, sino que era, más bien, el efecto de la mala fortuna”.
“El nerviosismo indicado por los testigos y las manifestaciones vinculadas con la preservación de una planta del jardín, explican el conocimiento previo de la fosa por parte de Graf y su intención de que permaneciera oculta”, consideró el fiscal. Además, dijo que las tres hipótesis que brindó el hombre de 58 años a los obreros forman parte de su intención de encubrir el hallazgo de los huesos.
El documento también indica que la preocupación del dueño de la propiedad "se transformó en ocupación al exteriorizar su conducta encubridora" luego del descubrimiento de los albañiles. En ese contexto, el encubrimiento se habría dado "en una acción continuada que, a lo sumo, recién cesó con el hallazgo de los restos el 20 de mayo y que, por ello, no se encuentra prescripto".
Según habían declarado los trabajadores, Graf barajó tres hipótesis sobre cómo podrían haber llegado los huesos al patio de su hogar: que antes había una iglesia en el lugar (quizás un sacerdote había sido enterrado allí); que en el predio funcionaba un establo; y que al construir una pileta se niveló el terreno con tierra traída en camiones (donde podrían provenir los restos).
"Estamos frente a una persona que no recuerda nada"
Durante su indagatoria, Graf negó haber tenido relación con la víctima y sostuvo que desconocía el hallazgo de los restos. Por otro lado, afirmó que se enteró del caso cuando la Policía ya estaba en el lugar. Ante esta situación, la querella manifestó el enojo por los cuarenta y un años que no hubo novedades en la causa y apuntaron contra el hombre que había asistido con Diego a la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N°36, Almirante Guillermo Brown.
“Estamos frente a una persona que no recuerda nada. No recuerda la desaparición de mí hermano, no recuerda a sus compañeros de colegio, no recuerda el nombre del abogado que lo asesoró ni bien inició el presente caso; sin siquiera -pareciera- hacer un esfuerzo para recordar”, plantearon en su escrito.
En tanto, destaron un informe clave realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que, además de lograr identificar los restos, dijeron que tra la excavación se determinó que “el enterramiento original se encuentra completamente ubicado dentro del predio contiguo”, y dieron luz sobre cómo habría muerto el joven.
“No sólo estos restos permitieron probar que mi hermano había recibido una herida corto punzante, sino que también vimos cómo los especialistas nos explicaron que Diego había sufrido muchos cortes de manera que se podía concluir que se pretendió desmembrarlo, como así también describieron cómo es que se lo había ocultado todo este tiempo”, aseguraron.
“No sabemos nada de la familia Graf, de sus antecedentes y del modo de vida de sus integrantes al momento de los hechos. Por ahora lo único que tenemos es una especie de amnesia del principal imputado, que no recuerda siquiera la desaparición de Diego, en cambio rememorada ampliamente por todos sus compañeros de grado”, sumaron al pedir que se revierta la decisión del juez Litvack.
Por último, concluyeron: “A lo largo de estos más de 40 años, los órganos del Estado no han profundizado en el caso, ni indagado mínimamente el contexto en el cual se produjo, primero la desaparición de Diego -que incluso le costó la vida a su padre -y ahora la confinación de su muerte violenta, con el enterramiento del cadáver en el jardín de uno de sus compañeros de escuela”.
Fuente: Perfil