La Justicia lo investiga por ser el supuesto nexo entre ANDIS y las empresas de medicina prepaga. Está preso por otra causa y se negó a declarar
Miguel Ángel Calvete fue trasladado este martes a los tribunales federales de Comodoro Py, donde tenía previsto declarar en el expediente que investiga irregularidades millonarias en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Sin embargo, cuando quedó frente al juez Sebastián Casanello y al fiscal Franco Picardi, pasada la mitad del día, optó por no responder preguntas. Los investigadores buscaban interrogarlo por su presunto rol como jefe de una asociación ilícita dedicada al direccionamiento de compras, sobreprecios y pago de coimas en la adquisición de medicamentos para el organismo.
Calvete llegó a la audiencia esposado, porque ya estaba preso antes de esta causa: cumple una condena de cuatro años de prisión dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal 8 en 2019 por explotación económica de la prostitución en inmuebles de su propiedad en la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, esa sentencia se encontraba pendiente de revisión, motivo por el cual había permanecido en libertad hasta que el reciente allanamiento por la causa ANDIS activó su detención.
La jornada estuvo marcada también por la renuncia de su hija, Ornella Calvete, a un cargo dentro de la Secretaría de Industria y Comercio. Según consta en el dictamen de Picardi, "en su casa se secuestraron cerca de 700.000 dólares, entre otras divisas, el día del procedimiento, el 9 de octubre de 2025″. La joven no pudo explicar el origen de esos fondos.
Quién es Miguel Ángel Calvete, apuntado en la causa ANDIS
Figura habitual en los medios, Calvete fue durante años la voz más visible de la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas, además de ocupar una banca entre 2015 y 2019 en el Concejo Deliberante de La Matanza por Nueva Dirigencia Cambiemos, donde presidió la comisión de Salud Pública. Ese perfil público contrastó con la condena que recibió en 2019 por facilitar la prostitución en departamentos de su propiedad.
La investigación probó que, al menos entre el 26 de junio 2015 y el 6 de diciembre del 2016, administró un esquema mediante el cual mujeres eran alojadas en distintos departamentos porteños donde ejercían la prostitución a cambio de pagos que excedían los valores de alquiler de mercado y mediante contratos abusivos. La sentencia quedó firme en instancias inferiores en septiembre de 2024, cuando la Cámara de Casación rechazó los planteos de su defensa y el caso pasó en queja a la Corte Suprema.
Aunque la condena había sido fijada en 2019, recién el mes pasado se hizo efectiva, en paralelo a su imputación por el escándalo de la ANDIS. Desde entonces permanece detenido.
La sentencia contra Calvete incluyó también a Ramiro Martín Rius -ex empleado del Consejo de la Magistratura porteño- y a Alejandro Calvete, su hermano. Además de las penas de prisión, el Tribunal Oral 8 dispuso el decomiso de dos propiedades utilizadas para la explotación y prohibió la salida del país de los condenados.
Los jueces consideraron acreditado que los contratos de alquiler imponían aumentos que, en términos anuales, llegaban al 180 por ciento del monto inicial. En uno de los departamentos se agregaba además una comisión inmobiliaria del 10 % mensual, mientras que otro inmueble aparecía ligado a un fideicomiso cuyo beneficiario era la exesposa de uno de los imputados. Una tercera vivienda, por su parte, estaba registrada a nombre de la sociedad "Sullfox Trade SA", representada legalmente por Calvete.
Los señalamientos en la causa ANDIS
En el nuevo expediente, el fiscal Picardi ubica a Calvete como una de las piezas centrales de una red que habría operado dentro y fuera de la Agencia Nacional de Discapacidad, pese a que él no integraba formalmente la estructura del organismo. Según el dictamen, mantenía vínculos directos con la Droguería Profarma SA y actuaba como gestor de pagos y contratos con droguerías.
El Ministerio Público sostiene que Calvete "es una persona vinculada a múltiples droguerías y firmas proveedoras de insumos PACBI, en particular a INDECOMM S.R.L., Profusión S.A. y Profarma S.A". También le atribuye una relación fluida con el ex director de ANDIS, Diego Spagnuolo, y con el funcionario Daniel María Garbellini, con quienes se reunía tanto en su casa como en bares de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires.
Para la fiscalía, Calvete operaba como una especie de articulador entre la ANDIS y proveedores privados. "Logró obtener adjudicaciones de sumas de miles de millones de pesos, de manera direccionada durante el periodo bajo estudio", señala Picardi, quien también lo acusa de coordinar pagos y gestionar cobros para otras firmas del rubro, como Laboratorio Ortopédico Sagués S.R.L., Grupo Alemana y MED-EL Latinoamérica.
El dictamen resalta que su papel fue clave para habilitar pagos indebidos a funcionarios del organismo y que, aunque no tenía cargo estatal, daba órdenes dentro de la estructura de ANDIS.
Fuente: IProfesional