Los vínculos entre el empresario Miguel Calvete y el subsecretario de Gestión Productiva, Javier Ignacio Cardini, el Grupo Neuss, el asesor Santiago Caputo involucran dinero en efectivo y direccionamiento de contratos.
El caso ANDIS expuso un entramado donde conviven operadores con trayectoria en las sombras, funcionarios técnicos con llegada al poder libertario y maniobras económicas que involucran dinero en efectivo, coimas y direccionamiento de contratos. En el núcleo de esa trama aparece un triángulo que sintetiza el funcionamiento del esquema: Miguel Ángel Calvete, su hija Ornella Calvete, y el subsecretario de Gestión Productiva, Javier Ignacio Cardini. Tres figuras que, desde distintos lugares del Estado y del sector privado, concentraron información, poder y vínculos que hoy están bajo la lupa judicial.
Miguel Ángel Calvete es, según fuentes judiciales, el engranaje externo más relevante del sistema de retornos y pagos ilegales detectado en la Agencia Nacional de Discapacidad. Su pasado como vocero de supermercados chinos, su paso por el Concejo Deliberante de La Matanza y su participación en empresas vinculadas a insumos médicos lo colocaron en un territorio donde los negocios con el Estado eran moneda corriente. La Justicia lo señala como el “gestor” que unía a proveedores con funcionarios, armado de cuadernos, teléfonos y contactos que revelaron un mecanismo aceitado de recaudación. Su detención no sólo destapó el flujo de dinero, sino también una estructura familiar más amplia.
La caída de Ornella Calvete confirmó que el caso no se limitaba a un operador externo. Con un perfil técnico dentro del Ministerio de Economía, manejaba expedientes, circuitos de pago y flujos de información interna. Su rol la convertía en un punto de acceso privilegiado para destrabar fondos y agilizar decisiones sensibles. El hallazgo de 700.000 dólares en efectivo en su departamento, y los chats con su padre donde se mencionan montos, contactos y porcentajes, la dejó al borde de la imputación. Su renuncia inmediata fue el reconocimiento político de su ubicación dentro del esquema, a mitad de camino entre lo administrativo y lo delictivo.
Tercera pieza del triángulo, Javier Cardini es el caso más incómodo para el Gobierno. Ingeniero industrial, con trayectoria en empresas tecnológicas y movilidad, llegó al Estado con el aval del círculo cercano de Santiago Caputo, lo que lo convierte en un cuadro de confianza dentro del Ministerio de Economía. Su presencia en el allanamiento donde se encontraron los 700 mil dólares y su vínculo directo con los Calvete lo pusieron bajo la lupa, aunque el Gobierno insiste en sostenerlo en el cargo. Su subsecretaría, clave para la relación entre el Estado y el sector productivo, lo ubica en un lugar particularmente sensible: un funcionario con poder real en un área donde la compra pública y los proveedores cruzan intereses con la trama investigada.
La articulación entre estos tres actores —padre, hija y pareja— revela una dinámica que excede la corrupción clásica. No se trata solo de coimas o proveedores privilegiados: es un sistema híbrido donde lo familiar se mezcla con lo estatal, donde operadores manejan información interna y donde funcionarios técnicos se vinculan con redes de poder político que trascienden sus cargos formales. La causa ANDIS dejó al descubierto cómo esa estructura funcionó simultáneamente dentro y fuera del Estado.
Mientras la Justicia avanza sobre la ruta del dinero, los teléfonos secuestrados y los cuadernos de Calvete, el Gobierno enfrenta un dilema mayor: hasta dónde llegar con las responsabilidades políticas sin comprometer a sus propios aliados internos. En ese tablero, el triángulo Calvete–Cardini es hoy el epicentro de la tormenta y el mejor retrato de un escándalo que recién comienza a desplegar su verdadero alcance.
La trama societaria detrás del caso ANDIS: empresas familiares, operadores multisectoriales y vínculos con la función pública
Mientras la causa ANDIS avanza entre allanamientos, renuncias y detenciones, el expediente comenzó a exponer un entramado empresarial heterogéneo que conecta compañías familiares, sociedades de fachada, actividades inmobiliarias y empresas tecnológicas. En el centro aparecen tres nombres: Miguel Ángel Calvete, histórico operador político-empresarial; su hija Ornella Calvete, que emergió inesperadamente como figura clave tras los allanamientos; y el funcionario Javier Ignacio Cardini, un actor con trayectoria en empresas tecnológicas cuya presencia en el Estado obliga a observar con atención cómo se entrelazan intereses públicos y privados.
Calvete no es un recién llegado a las zonas grises donde se cruzan política, gremialismo y negocios. Ex concejal en La Matanza, ex vocero de los supermercados chinos y siempre ubicado cerca de algún vector de poder, su nombre reapareció en el centro del escándalo tras la revelación de un circuito de empresas proveedoras investigadas por presuntas coimas y retornos vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad.
Detrás de su figura pública existe un universo societario amplio y diversificado:
- INDECOMM S.A.S. / INDECOMM S.R.L.
Eje central de su actividad. Un objeto social inusualmente amplio —desde software hasta salud, transporte, agro y finanzas— que encaja con el perfil de empresa “comodín” típica de los esquemas de tercerización estatal.
- Construcciones y Contratos S.A.
Sociedad compartida con su hija, con foco en obras y materiales de la construcción. Otro rubro históricamente sensible en contrataciones públicas y tercerizaciones.
- Cabañas del Nahuel S.A. y Lagos Patagónicos S.A.
Empresas inmobiliarias con actividad en el rubro turístico-patrimonial, de creación relativamente reciente.
- Cámara de Pequeños y Medianos Productores de Alimentos S.A.
Un vehículo empresarial con un nombre “gremial” que oculta una estructura de sociedad anónima con fines comerciales, en la que también participa su hija.
A esto se suma la mención, en el expediente judicial y en la investigación periodística, de droguerías y proveedores de insumos médicos —entre ellas Profusión y Profarma— que aparecen en cuadernos, anotaciones y mensajes atribuidos a Calvete. Son justamente las firmas en el rubro más sensible dentro de la causa ANDIS: proveedores con pagos aprobados en períodos sospechosos y presunta intermediación.
En conjunto, la red societaria de Calvete revela lo que muchos investigadores describen como un ecosistema empresarial adaptable, con sociedades que pueden activar distintos rubros según la oportunidad política, la demanda del Estado o el margen de negocio.
Ornella Calvete: sociedades compartidas, patrimonio expuesto y un rol que pasó de secundario a central
Hasta hace apenas unos días, Ornella Calvete era una figura pública tenue: conocida, pero no protagonista. Todo cambió cuando los allanamientos ordenados por el juez revelaron USD 700.000 en su departamento, señalado además como sede declarada de INDECOMM.
Su aparición en el entramado societario no es menor:
- Construcciones y Contratos S.A.
Co-fundadora junto a su padre. Su participación accionaria está explícitamente registrada.
- Cámara de Pequeños y Medianos Productores de Alimentos S.A.
Aporta capital propio y asume roles de dirección.
- Cabañas del Nahuel S.A.
Figura también en escrituras vinculadas a la sociedad inmobiliaria.
El dato más relevante es su solapamiento patrimonial con la estructura societaria investigada: su domicilio funciona como sede legal de INDECOMM, una pieza clave del circuito de presuntas coimas. Esto, sumado al dinero encontrado en su vivienda y a los mensajes con su padre mencionados en el expediente, la ubica como un eslabón operativo del entramado y no solo como heredera de sociedades familiares.
Para los investigadores, el nivel de participación societaria y patrimonial de Ornella apunta a un fenómeno común en redes de empresas familiares: la delegación en hijos o familiares de confianza de roles administrativos que, en los hechos, funcionan como extensión de las operaciones del patriarca.
Javier Ignacio Cardini: del sector tecnológico al Estado, con una red empresarial propia
A diferencia de los Calvete, Javier Ignacio Cardini no aparece vinculado directamente al caso ANDIS. Pero su presencia en el aparato estatal —como Subsecretario de Gestión Productiva del Ministerio de Economía— y su historial de sociedades tecnológicas exige analizar qué intereses privados mantiene mientras ejerce funciones estratégicas.
Sus antecedentes empresariales incluyen:
- GreenTech Science LLC
Empresa tecnológica radicada en el exterior. Cardini fue vicepresidente de operaciones.
- Grupo-Tek S.A.
Se desempeñó como director ejecutivo. Firma con perfil industrial-tecnológico.
- QEV Argentina
Vinculada al sector automotriz y la movilidad eléctrica.
- Calandra
Otra empresa donde ocupó cargos directivos.
- GCU Media S.R.L.
Sociedad registrada en Mendoza en la que figura como socio, con objeto comercial amplio (mandatos, comercio, importación/exportación).
Su perfil muestra un recorrido típico de la nueva generación de funcionarios provenientes del sector privado: movilidad entre rubros tecnológicos, empresas de innovación y, finalmente, desembarcó en áreas del Estado que regulan o impulsan los mismos sectores. No hay, hasta el momento, indicios de conflicto de interés formal, pero sí un campo de riesgo: la confluencia entre empresas tecnológicas con operaciones en Argentina y la función pública que diseña políticas productivas.
Un entramado que desnuda un patrón: empresas amplias, objetos sociales elásticos y vínculos familiares
Aunque Cardini y los Calvete no forman parte de la misma red, sus perfiles societarios exponen un patrón recurrente en la vida política y económica argentina:
- Sociedades de objeto social amplísimo, aptas para operar en múltiples rubros según la coyuntura.
- Participación familiar directa, que permite dividir riesgos y distribuir roles administrativos.
- Empresas “comodín” capaces de contratar con el Estado, o al menos de posicionarse para hacerlo.
- Solapamiento entre actividad pública y privada, especialmente en sectores dinámicos como la tecnología o la salud.
En el caso de los Calvete, este esquema está hoy bajo la lupa judicial. En el caso de Cardini, el desafío es controlar que esos antecedentes no se transformen en conflictos de interés futuros.
La causa ANDIS funciona como lente de aumento sobre prácticas que llevan décadas naturalizadas: redes familiares, empresas de bajo perfil pero alta adaptabilidad, terceros que ofician de operadores y funcionarios con pasado empresarial del que nunca se despegan del todo.
Los próximos movimientos judiciales, y las eventuales nuevas revelaciones societarias, serán determinantes para saber si esta estructura representa un caso aislado o la punta de un iceberg mucho más profundo.
Caputo–Neuss: la sociedad discreta que articula negocios, poder y regulación en el corazón del proyecto libertario
La relación entre Santiago Caputo, principal estratega y operador político del Gobierno, y los hermanos Juan y Patricio Neuss, propietarios de un holding energético con presencia en distintas provincias, dejó hace tiempo de ser una simple anécdota social. Juan, hijo del fallecido empresario Jorge Neuss, acercó a Cardini a Caputo.
La pregunta que atraviesa esta investigación es simple pero incómoda: ¿Cómo lograron los Neuss crecer vertiginosamente en sectores regulados justo cuando Caputo se convirtió en el hombre más influyente del Presidente?
El holding de los Neuss dejó de ser un actor discreto del real estate para transformarse en:
Un operador energético clave:
- EDET (Tucumán) — distribuidora eléctrica provincial.
- EJESA (Jujuy) — distribuidora del norte jujeño.
- Participación hidroeléctrica en Mendoza — represas y aprovechamientos claves de la región.
- Nuevos proyectos solares y mineros en expansión.
Estas actividades dependen de licencias, tarifas, marcos normativos y contratos regulados por gobiernos provinciales y nacionales.
Los Neuss participaron en licitaciones de: mantenimiento urbano, infraestructura pública y servicios concesionados, sectores históricamente sensibles, donde operadores cercanos a Caputo tuvieron roles estratégicos en distintos momentos. También cuentan con inversiones en: desarrollos premium, fideicomisos y proyectos urbanos vinculados a la nueva economía porteña.
Esta es la parte que más irrita al oficialismo: la expansión del Grupo Neuss coincide, una y otra vez, con momentos de crecimiento del poder político de Caputo. Fuentes del Gobierno, funcionarios provinciales y actores del sector energético describen un patrón que se repite: accesos privilegiados a oficinas donde se definen tarifas, actualizaciones y renegociaciones; reuniones “no agendadas” en espacios extra políticos; intermediación de operadores del entorno de Caputo en procesos de licitación; y una articulación informal donde los intereses empresariales y las decisiones políticas viajan por los mismos canales de confianza.
La amistad Caputo–Neuss funciona como una mesa paralela donde el libertarianismo abandona su discurso de “libre competencia” para dar lugar a algo más cercano al viejo capitalismo argentino: negocios regulados, cercanía al poder y operadores que mueven piezas sin pasar por la estructura estatal formal.bPara sectores internos del oficialismo, este es el talón de Aquiles narrativo del Gobierno.
Para contextualizar la preocupación institucional, es necesario entender por qué esta relación impacta en la estructura de regulación. Los Neuss operan en actividades donde, las tarifas se negocian políticamente; los marcos regulatorios pueden redefinirse según coyuntura; los contratos dependen de aval estatal; y las inversiones requieren aprobación de entes mixtos.
¿Qué dice la teoría “captura regulatoria”? El concepto refiere a cuando los reguladores terminan defendiendo intereses de los regulados por vínculos personales, políticos o financieros. En Argentina, esto ocurre sobre todo cuando no hay transparencia en reuniones, la mesa chica política influye en decisiones técnicas, los empresarios tienen llegada directa a asesores presidenciales, o los marcos regulatorios se negocian fuera de los organismos formales.
Este es el punto donde la amistad Caputo–Neuss adquiere relevancia estructural: la red se mueve en un terreno donde la regulación es permeable y la política define buena parte del negocio.
La sociedad Caputo–Neuss no es un caso aislado: es un síntoma del modo en que el proyecto político libertario gestiona el poder. Un esquema donde la confianza personal supera a las instituciones, las decisiones se toman fuera de los organismos, los negocios regulados se articulan desde vínculos informales, y la transparencia queda subordinada a la lógica de los “equipos de confianza”.
Miguel Ángel Calvete, Javier Ignacio Cardini y Juan Neuss | CEDOC
Por Juan Cruz Soqueira-Perfil