El apoyo del santiagueño garantizó al Gobierno los votos necesarios para aprobar el Presupuesto 2026, el primero propio de Milei. Con el guiño del todavía gobernador, Santilli cerró un acuerdo que habilitará no solo el programa fiscal –superávit del 1,5% y fuerte disciplina del gasto– sino también la legalización del acuerdo con el FMI y del swap con Estados Unidos, claves para el plan financiero de Caputo. La negociación abre la puerta a obras, créditos y futuras concesiones en favor de los gobernadores dialoguistas.
Ya le dieron el sí. La mayoría de los gobernadores dialoguistas, y también los otros, que se reunieron en los últimos días con Diego Santilli, le confiaron al ministro del Interior que puede transmitirle al Presidente –y al ministro de Economía, por qué no– que los votos para aprobar el Presupuesto 2026 están. El último en sumarse a la fila fue el santiagueño Gerardo Zamora, quien, como dueño de casa, le dio el guiño necesario para asegurar unos diez votos más entre los que el caudillo maneja tanto en el Senado (donde habitará desde el 10 de diciembre próximo) como en Diputados. Tamaña cantidad de valor agregado legislativo ameritaba una misa en su estancia, y hacia allí concurrió el viernes el ministro del Interior para cerrar las manos levantadas necesarias para que, por primera vez en su gobierno, Javier Milei tenga su propio Presupuesto. Zamora, astuto, solo dio apoyo para esta ley. Para las próximas que se tratarán en extraordinarias –blanqueo de dólares del colchón, reformas laboral e impositiva y similares– habrá apoyo dependiendo de si desde Buenos Aires se cumple lo reclamado (y no comprometido por Santilli) en el encuentro del viernes feriado.
Por ahora, para los libertarios es suficiente. Pronto mostrarán, en el antiguo hábitat de comodidad del kirchnerismo, que uno de sus principales aliados provinciales es capaz de votar un presupuesto de ajuste, con un superávit fiscal modelo de 1,5% y restricciones variadas y mixtas. No es poco. El resto se verá después, cuando haya sobre la mesa material para negociar. Por ejemplo, créditos de organismos financieros internacionales destinados a obras provinciales, o direccionalidades de las próximas licitaciones sobre el nuevo esquema PPP (Participación Público Privada), que tendrá un nuevo nombre para evitar la asociación con el fallido intento del gobierno de Mauricio Macri. Santiago del Estero podría ser prioritario en este tipo de proyectos, de los que, se sabe, Zamora no tiene pruritos. Mientras funcionen.
Si al voto santiagueño se le suman las manos levantadas del resto de los gobernadores que ya circularon por la verba de Santilli, la Ley de Leyes será aprobada con cierta comodidad –al menos a los ojos de la historia libertaria– en ambas Cámaras del Congreso Nacional, en el período que se abrirá el 11 de diciembre y que se cerrará el 31 del mismo mes de 2025. Con esto, Javier Milei detentará por primera vez en su gestión una herramienta indispensable para ser considerado, ante la mirada local y la visitante, como un gobierno serio. Es una performance negativa que Milei curiosamente comparte con el último año de gestión de Alberto Fernández, dado que en ese 2023 se administró la cosa pública con el presupuesto residual del 2022, reasignando partidas, con una inflación acumulada de más de 200%. Solo en Argentina.
Los votos para aprobar el Presupuesto serían aportados por los legisladores propios de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, radicales cercanos –e incluso algo lejanos– y los vinculados a los gobernadores dialoguistas que ya están negociando sus próximas obras públicas y una buena relación posterior con la Casa Rosada. Cuando ocurra (lo que acontecerá en la segunda quincena de diciembre), será el evento político-económico más importante de toda la gestión de Javier Milei, superando la aprobación de Bases II de junio de 2024.
Lo que sucederá en el momento en que el Senado apruebe el Presupuesto 2026 no es menor. Para empezar, todos los actos administrativos de decisiones financieras tomadas durante los dos primeros años de gestión de Javier Milei quedarán legalizados. Y, salvo algún hecho penal que se compruebe en el futuro, no habrá posibilidades de avanzar en causas de mal desempeño en el ejercicio del rol de funcionario público en ninguna de las áreas ministeriales del Ejecutivo, incluyendo la propia casa presidencial.
Lo primero que será legal –y demolerá artillería pesada del kirchnerismo para un eventual regreso futuro al poder– será el acuerdo de Facilidades Extendidas firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el 11 de abril pasado, que hasta ahora tiene legalidad precaria fruto de un DNU vigente y que, en teoría, termina su validez el 31 de diciembre.
Fue el propio Fondo el que le permitió a Milei y a Caputo (versión “Toto”) avanzar en la aplicación del acuerdo con un incremento del endeudamiento sin respetar la ley local de 2021, que obliga a cualquier incremento del pasivo internacional –con privados o con organismos– a pasar por el Congreso. Esa legislación, conocida como Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, o Ley Guzmán, prohíbe tomar deuda sin la aprobación del Congreso. Como las Facilidades Extendidas implican un incremento del préstamo del organismo en unos US$ 20 mil millones, debía pasar, sí o sí, por el Legislativo. Sin embargo, fue habilitado por DNU ante la emergencia temporal de abril de 2025, pero debe legalizarse a pedido expreso del FMI.
Sucede que, desde Washington, los técnicos que trabajan en el caso argentino necesitan cobertura legal interna, sabiendo que para las leyes criollas un nuevo endeudamiento necesita ser autorizado, más tarde o más temprano, por el Congreso Nacional. Como en los articulados del Presupuesto referidos a los pasivos monetarios con organismos internacionales están incluidos los pagos anuales al FMI y los ítems del nuevo endeudamiento por unos US$ 20 mil millones, la aprobación de la ley avalaría ya definitivamente el acuerdo vigente. Y, desde el kirchnerismo hardcore, ya no habría argumentos para cuestionar la legalidad del documento firmado con el Fondo.
El segundo gran capítulo que quedaría aprobado con el Presupuesto 2026 es el swap firmado con Estados Unidos como consecuencia, entre otros factores, de la corrida cambiaria anterior a las elecciones del 26 de octubre. El rescate del Tesoro norteamericano que maneja Scott Bessent también incluye un incremento en los pasivos financieros del país, presentes o futuros.
Las características de un swap implican que los Estados firmantes (Argentina y Estados Unidos, en este caso) ponen a disposición de cada una de las partes la posibilidad de habilitar el dinero que se necesite. La obviedad indica que es Argentina quien necesitaría más rápidamente del dinero; lo que implicaría una habilitación para incrementar la deuda local.
Se especula que rápidamente podría ocurrir esta situación cuando, el 9 de enero, Argentina necesite de algún tipo de apoyo extra para poder cumplir con el compromiso de pago de los bonares o globales por unos US$ 4.300 millones. O, en su defecto, para el próximo vencimiento del mismo paquete de títulos públicos, el 9 de julio, cuando habrá que liquidar unos US$ 4.200 millones. En estos días Luis “Toto” Caputo está elaborando el plan financiero de pago de esos papeles; esquema que podría incluir la habilitación de parte del swap norteamericano.
Dicho de otro modo, estaríamos hablando de nueva deuda que, para ser ejecutada, necesita aprobación del Congreso. Y, precisamente, la inclusión del swap dentro de la letra fina del proyecto de Ley de Leyes habilitaría institucionalmente su aprobación y uso. Nada que deba escandalizar al kirchnerismo: es el mismo mecanismo que se utilizó durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando en octubre de 2023 se amplió el swap con China en unos US$ 6.300 millones para reforzar las reservas del Banco Central y evitar corridas interminables ante las elecciones presidenciales que derivaron en la victoria de Javier Milei.
Lo cierto es que, con la aprobación del Presupuesto gracias a los acuerdos con los gobernadores dialoguistas y afines, las dos claves de incremento de deuda quedarían liquidadas y habilitadas. Y Javier Milei y Luis “Toto” Caputo no tendrán más problemas de legalizaciones pendientes para esta política.
Por lo demás, y tal como adelantó este medio, los lineamientos del Presupuesto 2026 no tendrán sorpresas. El superávit fiscal primario sería de 1,5% del PBI; el financiero, del 0,3%, con la inclusión de la regla de estabilidad fiscal, que implica que, si los ingresos bajan o los gastos suben más de lo previsto, algunas partidas se ajustarán automáticamente para mantener el equilibrio.
Se prohíbe (o limita fuertemente) que el Tesoro se financie mediante emisión del Banco Central (es decir, sería ilegal un “plan platita”), y se proyecta una inflación de 10,1% anual en 2026. Todo esto, con un crecimiento de 5% para la economía en general.
Todo esto es lo que quedó garantizado después del apretón de manos del viernes pasado en Santiago del Estero.
Por Carlos Burgueño-Perfil