El proyecto busca que personas con padecimientos graves puedan solicitar ayuda médica para poner fin a su vida, bajo consentimiento informado y control de comisiones médicas. La iniciativa reforma el Código Penal para dar seguridad jurídica a los profesionales de la salud.
Diputados nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR), liderados por el mendocino Lisandro Nieri, presentaron un Proyecto de Ley clave que busca establecer un marco legal para la regulación de la eutanasia en Argentina. La iniciativa tiene como objetivo fundamental garantizar el derecho de las personas que enfrentan enfermedades graves o padecimientos crónicos limitantes a solicitar asistencia médica para poner fin a su vida en condiciones de dignidad y respeto.
El proyecto se apoya sobre cuestiones legales ya establecidas por la legislación sanitaria argentina. Se nutre de los principios reconocidos por la Ley de Derechos del Paciente (N° 26.529) y la Ley de Muerte Digna (N° 26.742), normativas que consagran la autonomía de la voluntad y la capacidad de rechazar tratamientos que solo extienden el sufrimiento innecesario.
Para asegurar que la decisión sea ejercida con plena consciencia, la propuesta contempla estrictas garantías para el paciente. Entre los requisitos figuran la intervención de comisiones médicas específicas en cada jurisdicción, el consentimiento informado del paciente, y la posibilidad ineludible de revocar la decisión en cualquier momento del proceso.
Uno de los puntos más sensibles de la propuesta es la seguridad jurídica para el personal sanitario. El proyecto incorpora modificaciones al Código Penal, mediante la inclusión de los artículos 83 bis y 83 ter, que excluyen de responsabilidad penal a los médicos que actúen conforme a los procedimientos establecidos por la nueva ley. Asimismo, la normativa prevé sanciones para quienes obstaculicen injustificadamente el acceso a la práctica.
"La propuesta busca garantizar que cada persona pueda decidir sobre el final de su vida en condiciones de dignidad, sin prolongar sufrimientos innecesarios", afirmó el diputado Nieri. El legislador radical explicó que el proyecto busca dar "certeza a los profesionales de la salud y a las familias, estableciendo procedimientos claros, transparentes y supervisados por comisiones médicas".
El proyecto, que integra el enfoque sanitario propuesto por la ex diputada Jimena Latorre, se inspira en experiencias internacionales consolidadas en países como Canadá, España y Uruguay, que regulan la muerte médicamente asistida dentro de marcos éticos rigurosos. La bancada radical subrayó que "regular la eutanasia no significa promover la muerte, sino humanizar el final de la vida y reconocer un reclamo social y profesional de larga data".
El contexto legal y la barrera cultural de la muerte digna
Aunque el proyecto busca legalizar la eutanasia activa, en Argentina ya existe un marco legal para la eutanasia pasiva. La Ley 26.742, conocida como Ley de Muerte Digna, autoriza a los pacientes con enfermedades incurables o terminales a rechazar tratamientos que prolonguen el estado de agonía, incluyendo medidas básicas como la hidratación y la alimentación artificial.
La legalización de la eutanasia en Uruguay colocó recientemente al país vecino en la escueta lista de naciones que aceptan la posibilidad de poner fin a la vida humana de forma voluntaria, con condiciones y requisitos definidos. Este precedente regional suma presión al debate que se busca dar en Argentina.
Carlos "Pecas" Soriano, especialista en Medicina de Emergencias y Bioética, le dijo al medio El Litoral que, al abordar este tema en Argentina, es crucial considerar las barreras culturales que lo rodean. Soriano indicó que hay una "negación en Occidente de hablar de la muerte" y una percepción entre el personal de salud que tiende a ver el fallecimiento como un "fracaso médico", sumado a la negación familiar.
El especialista señaló que, en la práctica, existe un encarnizamiento terapéutico sin mala intención. A pesar de que la Ley de Muerte Digna protege al paciente desde 2012, muchas personas continúan asistiendo al médico sin saber que están amparadas por la legislación para rechazar tratamientos que prolongan una situación irreversible y de grave sufrimiento físico o psíquico.
Fuente: Perfil