La activación del préstamo por US$ 20 mil millones que los bancos privados de Wall Street analizaban para asistir a la Argentina quedó frenada por las demoras y recelos del Tesoro estadounidense, que no logró garantizar un esquema financiero y político de largo plazo. La falta de respaldo obligó a recurrir a un REPO de apenas US$ 5 mil millones para cubrir el vencimiento de enero, mientras el gobierno de Milei enfrenta exigencias del FMI, del Tesoro y del mercado para acumular reservas y reducir el riesgo país.
El problema de la demora en la activación del préstamo por US$ 20 mil millones que un grupo de bancos privados norteamericanos iba a otorgar a la Argentina no fue responsabilidad de las entidades comandadas por JP Morgan. Las dificultades principales provinieron de la falta de celeridad y claridad en la aplicación de las garantías necesarias para activar el crédito puente desde el Tesoro de los Estados Unidos. Fue la repartición que maneja Scott Bessent la que no logró, en tiempo y forma, generar el respaldo financiero y político indispensable para que los bancos privados de Wall Street diseñaran el mecanismo de activación del crédito. Por eso, el dinero disponible para la Argentina para afrontar los US$ 4.300 millones que el país debe pagar el 9 de enero próximo –por los vencimientos de los Bonares y Globales reestructurados en octubre de 2020– provendrá de un más modesto mecanismo de REPO (Repurchase Agreement) por unos US$ 5 mil millones. Sin intervención del Tesoro y con garantías propias de las entidades financieras.
Luego, y tal como adelantó este diario, habrá que negociar durante el segundo semestre del año si se puede reactivar el apoyo por los US$ 15 mil millones restantes, para garantizar los tres pagos que le quedarán al gobierno de Javier Milei en el resto de su gestión hasta diciembre de 2027. Y si este dinero provendrá de la reactivación del préstamo de los bancos privados que operan en Wall Street o si se deberá recurrir al mercado financiero internacional voluntario de colocación de deuda, para lo cual la Argentina deberá garantizar un riesgo país inferior a los 400 puntos básicos, como máximo.
El problema de Bessent para ser garante de la emisión de deuda surgió a comienzos de noviembre, y es estrictamente político. La deuda negociada con los bancos privados estaba diseñada, en principio, para una duración de diez años. Esto quiere decir que vencería teóricamente en enero de 2036. Hasta ese momento debía coexistir el pasivo con garantía del Tesoro de los Estados Unidos. El problema técnico surgió cuando, legalmente, se debía implementar un esquema de garantías financieras que permaneciera durante veinte semestres, asegurando que el país cumpla con los pagos. Si no lo hiciera, sería el Tesoro el encargado de cubrir ese eventual default local.
Ese lapso excede la gestión de Javier Milei y de su equipo económico, aun cuando eventualmente fuera reelegido por otros cuatro años en 2027. En ese caso, su mandato se extendería hasta diciembre de 2031, cinco años antes del vencimiento de la vida útil del bono emitido por los bancos norteamericanos con la venia del Tesoro. Para entonces, las eventualidades políticas de ambos países son un misterio.
Aventurar si en Estados Unidos continuará un gobierno republicano que mantenga la garantía es relativamente más sencillo, dada su institucionalidad probada. El problema está en Buenos Aires, donde la posibilidad de un default –por el pésimo currículum financiero internacional criollo (tres desde 1983)– hace que la alternativa de un incumplimiento esté siempre al acecho. Y que la necesidad eventual de la presencia del Tesoro sea permanente. Si el país entrara en una crisis financiera y requiriera un rescate de esta deuda, debería dar explicaciones Bessent y su equipo, quienes además deberían diseñar un esquema de seguros para cubrirse monetaria y legalmente ante una eventual trapisonda local.
Para los períodos políticos futuros, nada asegura que un signo político contrario al actual –en cordial convivencia con los republicanos de Washington– se mantenga en el tiempo. Y, según trascendió, había cierta reacción negativa de Bessent y su equipo a garantizar por un período tan extenso la posibilidad de un default argentino motivado por un cambio de signo político o una crisis que impidiera cumplir con los compromisos diseñados con JP Morgan.
Este cruce de dudas retrasó el diseño del préstamo por US$ 20 mil millones y dio lugar a la creación de un REPO más modesto.
La idea de Caputo era presentar antes de fin de año el acuerdo con los bancos privados, mostrar que el temor al potencial default de la gestión Milei estaba disipado y que había llegado el momento de volver al mercado financiero internacional de deuda voluntaria. Sin embargo, no podrá ser. En el mejor de los casos, el pago de enero se concretará con dinero que solo alcanzará para cumplir ese vencimiento con los bonistas.
La estrategia del Ministerio de Economía era aún más optimista, y sostenía que tampoco sería necesario aceptar el préstamo securitizado por el Tesoro: que, con solo presentarlo, automáticamente se abrirían para Finanzas los “cielos celestes” de la colocación internacional de deuda. En definitiva, los US$ 20 mil millones de los bancos privados más los US$ 20 mil millones del swap con el Tesoro sumarían unos US$ 40 mil millones que Caputo exhibiría en la vidriera internacional, garantizando un interés bajo en una colocación voluntaria de bonos públicos; mejorando plazos y montos respecto de la reestructuración de Guzmán, en la que se negoció una tasa del 3,07%.
Para tener una referencia de lo lejos que se está hoy de aquel porcentaje, la Argentina pagaría algo más del 9% anual en dólares.
Ahora, Luis “Toto” Caputo deberá trabajar a destajo en una estrategia que incluya un cambio drástico en la política cambiaria del primer semestre. Para el período sojero de 2026 (entre marzo y julio), Economía deberá mostrar una clara tendencia a la compra de dólares y al aumento de reservas del Banco Central. Es un requisito tripartito e ineludible: lo exige el FMI, el Tesoro de los Estados Unidos y los mercados financieros. Tanto Kristalina Georgieva, como Bessent y los técnicos de J.P. Morgan que trabajaban en el préstamo, se lo dejaron en claro al Palacio de Hacienda.
Si aun así se necesitara todo o parte del dinero de Donald Trump para el segundo vencimiento, el del 9 de julio de 2026, habría dos opciones: un simple swap de monedas (intercambio de pesos por dólares sin registrar deuda en los pasivos del Estado) o una recompra de bonos en poder del Estado a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Lo importante de ambas alternativas es que, según la visión oficial y la de la mayoría de los analistas, no requerirían una ley, ya que técnicamente no implican nueva deuda: solo recambio de vencimientos cortos por largos. Pero para eso, hay que replicar la tasa de Guzmán: 3,07%. De lo contrario, en términos reales habría mayor endeudamiento. Salvo que el 9 de enero se pague con reservas. Algo que no podrá ser.
Scott Bessent | Pablo Temes
Por Carlos Burgueño-Perfil