La intervención del Partido Justicialista de Misiones reabre una vieja disputa por sellos más que por ideas, exhibe las contradicciones del kirchnerismo y deja al descubierto un partido que pelea por estructuras vacías mientras evita toda autocrítica sobre su propio desgaste. En paralelo, la condena a Cristina Fernández instala un precedente: cuando el Poder Judicial entra al centro de la arena política, ningún liderazgo queda a salvo. Hoy la celebración es ajena; mañana, el turno puede ser propio. Entre sellos vaciados y fallos que ordenan el tablero, la política argentina vuelve a girar sobre una certeza incómoda: el poder siempre cree que la justicia es un arma, hasta que apunta en dirección contraria.
El Partido Justicialista de Misiones ya está intervenido. No es una hipótesis ni una advertencia: es un hecho. La conducción nacional, bajo la órbita de Cristina Kirchner, tomó control del partido provincial y esta semana avanzó un paso más al sancionar a tres dirigentes acusados de llevar adelante, según la propia definición de los interventores Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez un “accionar reiteradamente funcional a políticas ajenas al ideario justicialista y alineado al gobierno de Javier Milei”.
Los sancionados fueron el diputado nacional Alberto Arrúa —presidente del bloque Innovación Federal en la Cámara de Diputados de la Nación— y los dirigentes Myriam Comparín y Martín Kornuta. La suspensión preventiva se resolvió tras denuncias internas de afiliados. Formalmente, una decisión disciplinaria. Políticamente, una señal de que la disputa no es por ideas sino por la administración del sello.
Porque el hecho concreto es que dirigentes del PJ de Misiones integran hoy el Frente Renovador Neo. Lo hacen de manera abierta y con representación electoral vigente. Esa realidad podrá gustar o no, pero no se borra con resoluciones administrativas. Pretender hacerlo es reemplazar el debate político por una escribanía partidaria.
En el PJ misionero, además, el instinto de supervivencia siempre fue extremo. La lealtad ideológica suele ser flexible cuando se trata de conservar espacios de poder. Dirigentes ligados al histórico sector de Juanchi Irrazábal continúan hoy con contratos en el Congreso de la Nación, sostenidos por la bendición de la familia Menem y, en particular, de Martín Menem, actual presidente de la Cámara de Diputados. La paradoja es evidente: mientras desde Buenos Aires se sanciona a dirigentes por alinearse con el gobierno nacional, otros sectores del mismo espacio preservan posiciones gracias a acuerdos directos con ese mismo poder. La coherencia, otra vez, no es el fuerte.
El argumento implícito detrás de la sanción es viejo conocido: alguien pretende definir quién es peronista auténtico y quién no. Como si existiera un peronómetro infalible que determine si Alberto Arrúa es menos peronista que Guillermo Moreno, si Myriam Comparín lo es menos que Cristina Kirchner, o si el carnet pesa más que los votos. El peronismo nunca fue una iglesia. Fue siempre una fuerza amplia, pragmática y en disputa permanente, con sus contradicciones a cuestas y muchas veces más ligado a los sentimientos que a la propia razón.
De hecho, estas guerras internas no son nuevas. En los años 80 el sindicalismo decía conducir al movimiento con la figura de Saúl Ubaldini. Luego llegó Antonio Cafiero con la renovación.
Más tarde el menemismo redibujó el partido. Después el duhaldismo lo reordenó territorialmente. Finalmente el kirchnerismo lo centralizó en torno al liderazgo presidencial. Cada etapa proclamó ser la verdadera heredera de Perón. Todas convivieron con expulsiones, proscripciones internas y sellos en disputa. La historia se repite. Solo cambian los nombres.
En todo este escenario, hay una ironía imposible de ignorar. Durante años, sectores de La Cámpora cantaron que la marcha peronista “se la metan en el culo”, despreciando símbolos, liturgias y estructuras partidarias tradicionales. Hoy esos mismos sectores pelean por quedarse con el sello, los símbolos y la lapicera partidaria. Le dieron la espalda al partido cuando fueron poder. Ahora buscan apropiárselo cuando dejaron de serlo.
La escena recuerda inevitablemente al personaje de Alberto Olmedo como el dictador de Costa Pobre: un presidente que gobernaba un país imaginario, sin recursos, sin pueblo y sin futuro, pero que cuidaba con obsesión el bastón de mando. Quien hoy se quede con el sello del PJ de Misiones corre el riesgo de ocupar ese lugar: administrar una estructura formal sin volumen político real, presidir un partido vacío de ideas, de conducción y de autocrítica.
Mientras tanto, para buena parte del electorado nacional, el PJ sigue asociado al clientelismo, al financiamiento opaco y al uso del gasto social como mecanismo de dependencia más que de movilidad. Esa percepción no se corrige con intervenciones ni sanciones. Se corrige con una propuesta nueva. Y, sobre todo, con asumir responsabilidades: entre ellas, haber incubado las condiciones que explican el surgimiento de una figura como Javier Milei.
El peronismo nació como una doctrina de integración entre capital y trabajo, desarrollo productivo y ascenso social. Esa fue su razón de ser. Sin esa idea, solo queda la carcasa.
En Misiones hoy se disputa un sello. Pero lo que realmente está en juego es si ese sello todavía representa algo. Por ahora, parece que no. Solamente un montón de nada.
Cuando le toque a Javo
La condena a Cristina Kirchner, con un fallo más político que jurídico, abrió una puerta peligrosa. No solo para el sistema institucional argentino, sino también para quienes hoy celebran la sentencia como trofeo de guerra. Porque en la política argentina, cuando se normaliza que el Poder Judicial actúe como actor central de la disputa de poder, nadie queda a salvo. Ni siquiera quien hoy gobierna convencido de que la historia siempre juega a su favor.
Javier Milei atraviesa la cresta de la ola. Alto respaldo social, control de la agenda pública y una oposición desorientada. En ese contexto, el Presidente actúa como si nada pudiera tocarlo. Pero la política enseña una lección recurrente: los ciclos no son eternos. Y cuando cambian, aquello que parecía fortaleza se convierte en vulnerabilidad.
Si algo deja en claro el caso de CFK es que ningún liderazgo está exento de ser alcanzado por la justicia cuando cambian los vientos. Y si hoy una parte del sistema celebra que el Poder Judicial avance sobre una ex presidente, debería preguntarse qué ocurrirá cuando el foco cambie de dirección. Porque tarde o temprano, siempre cambia.
Milei no gobierna solo. Su estructura de poder descansa en un círculo íntimo reducido, con fuerte concentración de decisiones en su hermana Karina, El Jefe. Y como suele ocurrir en gobiernos de alta centralidad, cualquier investigación que roce ese núcleo impacta directamente en la figura presidencial.
Durante su gestión ya se acumularon controversias judiciales que, sin haber derivado aún en condenas, configuran un mapa de riesgo político y legal que no debería subestimarse.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) fue epicentro de una causa por presuntas irregularidades en compras de medicamentos de alto costo. La justicia investiga sobreprecios y posibles retornos en contrataciones directas. En ese marco, trascendieron audios que motivaron allanamientos y la remoción de autoridades del organismo. El caso continúa abierto.
El ministerio de Capital Humano quedó bajo investigación judicial tras denuncias por retención de alimentos próximos a vencer en depósitos oficiales. La justicia ordenó su inmediata distribución y se iniciaron actuaciones por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público. En paralelo, se investigaron contrataciones irregulares a través de organismos internacionales.
En distintas provincias se tramitan denuncias por presuntos pedidos de aportes compulsivos a funcionarios designados en organismos nacionales para financiar la estructura partidaria de La Libertad Avanza. Las causas avanzan en fueros federales y aún se encuentran en etapa investigativa. Pero en algunos distritos, ese esquema no solo se denunció: dejó huella documental.
En Misiones, una nueva controversia se desató tras la publicación de resoluciones en el Boletín Oficial del PAMI que oficializaron 17 designaciones en distintas dependencias del organismo nacional en al menos diez municipios de la provincia. La medida generó ruido interno, críticas por presunta discrecionalidad política y cuestionamientos por la contradicción con el discurso de motosierra y ajuste que pregona el Gobierno nacional.
En Oberá fueron asignadas funciones como titulares de agencia de la Unidad de Gestión Local XVIII a Analía Raquel Poszed y Lucas Daniel Ríos, ambos en la misma sede. En San Ignacio se designó como titulares del Centro de Atención Personalizada a Esther Beatriz Terlecki y Marcos Walter Buk. En Apóstoles, esas funciones recayeron en Humberto Andrés Basilio Yacovich y Santiago Pérez Hancherek. En Eldorado fue designada Tamaris Elizabet Weller, reciente candidata a concejal por La Libertad Avanza, para desempeñarse dentro de la División Médica de la Agencia. Nombramientos políticos en organismos sensibles, mientras se denuncia a otros por usar el Estado como herramienta partidaria. Otra paradoja de época.
Y, quizás el frente más sensible, el Presidente enfrenta demandas en Argentina y en el exterior por la promoción pública de la criptomoneda $Libra, cuyos compradores denunciaron haber sido inducidos a una operatoria fraudulenta. El expediente ya tramita en tribunales y sigue su curso.
Ninguno de estos procesos tiene sentencia firme. Pero todos comparten una característica: están en manos del mismo Poder Judicial que hoy define el futuro político de Cristina Kirchner.
Esa es la clave. Por eso, cuando desde el oficialismo se celebra que por fin la justicia actúa, conviene recordar que esa justicia no distingue colores cuando decide intervenir. Hoy es una ex presidenta. Mañana puede ser un presidente en ejercicio. El precedente ya quedó instalado.
La paradoja es evidente: Milei construyó su relato denunciando a la casta y prometiendo terminar con los privilegios del poder político. Sin embargo, si el sistema judicial se consolida como árbitro central de la disputa política, él mismo puede terminar atrapado en la misma lógica que hoy aplaude.
En Argentina, ningún líder permanece invulnerable para siempre. Ni los que se creyeron eternos. Ni los que juraron dinamitar el sistema desde adentro. Cuando el péndulo gira, no pregunta a quién se votó.
Ese día, cuando le toque a Javo, muchos descubrirán que festejar fallos políticos siempre es un negocio de corto plazo. Y que la justicia, cuando decide jugar, no suele elegir bando: elige momento.
Por Sergio Fernández