Tiene que estar muy averiada la democracia argentina para que el discurso sobre el estado de la Nación, que oficia además de ceremonia de apertura del año legislativo, se haya convertido en tribuna de las invectivas del presidente Javier Milei y su bancada de alquiler contra el peronismo y la izquierda, únicos bloques nítidamente opositores a su gobierno trumpista.
Ya no se cita el preámbulo o se promete comida, educación y salud, como era antes. Ahora el presidente, elegido por el voto mayoritario, enseña que la democracia también es odiar, y lo hace en cadena nacional, un domingo por la noche, a la hora de las angustias y los fantasmas.
La discriminación a mansalva, el sexismo y la misoginia se volvieron políticas de Estado, y la censura en tiempo real de la transmisión por TV de las reacciones del auditorio incomodado por sus diatribas, en motivo del goce enfermizo de un sujeto que castiga con dureza a los visualmente maniatados y se excita con sus gritos de impotencia.
La escena de violencia política se completa con un séquito de parlamentarios que reclama enajenado la profanación de un cadáver: “Saquen al pingüino del cajón para que vea...”. Lo cantan desorbitados como representantes de un pueblo que vivió la violación y ultraje del cadáver de Evita, el corte y robo de las manos de Perón y la mutilación y cremación de cadáveres NN durante la última dictadura cívico militar.
En realidad, pretenden burlarse así de un presidente, hijo de una generación diezmada por aquellos sanguinarios grupos de tareas, que cuando tuvo la oportunidad de aplicar venganza por sus compañeros asesinados desde la cima del Ejecutivo, optó por devolverle a nuestro país la capacidad republicana de juzgar a sus propios genocidas, la soberanía de castigar con las leyes y los jueces de la Constitución los delitos aberrantes cometidos durante la vigencia del Estado terrorista.
Que no aprecien el desendeudamiento kirchnerista, vaya y pase: el FMI y los fondos buitre también tienen quien los quiera, incluso dentro del peronismo. Pero no valorar lo que representó para la democracia el restablecimiento del principio de igualdad ante la ley, después de años de grosera impunidad, donde Abuelas, Madres e Hijos caminaban las calles cruzándose con los asesinos y torturadores de sus familiares, es la confirmación de que el libertarismo usa el sistema para minarlo desde adentro, hasta lograr que sea irreconocible e indefendible, como ya sucede en esa porción en aumento de la ciudadanía que dejó de ir a votar aunque sea obligatorio.
Pero mientras Pedro Lamelas, el embajador de los Estados Unidos, potencia que secuestra presidentes y amenaza con la tercera guerra mundial hora a hora, aplaudía las invectivas, los cantitos envenenados y el clima de sala de tormentos que inundaba el recinto por la incontrolable verborrea presidencial, Milei reveló que la proscripción política de Cristina Kirchner continuará con la condena, además de por la causa Vialidad, por la causa Cuadernos y la del Memorándum de Irán, que todavía están en trámite.
Todo ante los cortesanos del lawfare como testigos, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkratz, expertos en la rama del Derecho creativo que avala condenas obtenidas sin tener que atravesar el engorroso procedimiento de la obtención lícita de pruebas indubitables, siempre que el acusado sea previamente estigmatizado o cosificado en los medios de la AEA como “ladrón kirchnerista” o “kuka tirapiedra”.
Ninguno de ellos se paró y se fue. Ninguno reclamó por la injerencia del Poder Ejecutivo en los asuntos del Poder Judicial. La del presidente Milei fue una violación en flagrancia del artículo 109 de la Constitución que dice que “en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o reestablecer las fenecidas”.
Cúpula de un poder viciado, que a la vez que garantiza la impunidad de los que mandaron a matar a Cristina Kirchner y antes a apedrear su despacho senatorial, le aplica restricciones en su arresto domiciliario más severas que a los condenados por delitos de lesa humanidad.
A los que secuestraron y arrojaron de los aviones al núcleo fundador de las Madres de Plaza de Mayo se les permite ir a aquagym, a tomar misa y hasta asistir a bautismos, pero Cristina no puede, aunque siempre estuvo “a derecho”. Festejan cumpleaños con decenas de invitados, donde canta Palito Ortega, pero a Cristina no la dejan. Pueden recibir visitas, en los horarios que quieran, pero a Cristina se lo niegan.
¿Por qué el tribunal que decide estas arbitrariedades no teme al escándalo público con los beneficios –cada vez más habituales- a genocidas que violaron mujeres y robaron bebés, pero en privado usan ese argumento, el del temor a la lapidación mediática que sufrirían, para justificar el doble estándar que perjudica de una manera tan grosera a la expresidenta?
Los organismos de DD.HH. hicieron esta semana una presentación al TOF 2, que es el de los jueces Jorge Gorini, Rodríguez Giménez Uriburu y Andrés Basso, para que de manera urgente se interrumpa el ensañamiento y se restaure el trato penal igualitario, al menos, para cumplir con las formas, porque a esta altura son pocos los que dudan sobre las motivaciones políticas del fallo que la mantiene en prisión y proscripta.
A medio siglo de golpe del ’76, el violento paisaje parlamentario del domingo pasado pareciera servir de antesala a una decisión mucho más desagradable y regresiva. Son cada vez más insistentes los rumores que apuntan a un posible indulto presidencial para los genocidas, a hacerse público en el Boletín Oficial del próximo 24 de marzo, en apenas tres semanas. Lo que parecía imposible se volvió verosímil de pronto.
Si el mileísmo es la banda tributo del plan económico de Martínez de Hoz, el rescate del brazo armado que aniquiló ilegalmente a una generación que se resistía a esos planes sonará negacionista y repudiable, pero nunca descabellado. Cada 24 de marzo, el gobierno avanza un poco más en su falsificación histórica para dejar atrás, incluso, la “teoría de los dos demonios” y consolidar la de “un solo demonio”, es decir, la que trata a las únicas víctimas del Terrorismo de Estado como si fueran los victimarios, en su nueva versión oficial de los años ’70.
La violencia que baja del Estado, la simbólica, la del discurso pero también la física que ejercen las fuerzas de seguridad para impedir las manifestaciones opositoras, o la proscripción a perpetuidad de la presidenta del Partido Justicialista, son el retorno cotidiano a un pasado que en Argentina nunca termina de pasar.
El domingo 1º de marzo en el Parlamento pudo verse la teatralización de un pacto democrático roto. El drama de un país que desde 1983 trabajó para construir una convivencia que cada vez existe menos. Profanado por el odio como política de Estado, el sistema democrático se va convirtiendo en un artefacto vacío de atractivo, más imperfecto e insatisfactorio cada día.
Habrá que acreditarlo de una vez por todas, aunque la autoestima social esté en baja y algunos recomienden meter la cabeza bajo tierra como el avestruz ante una ofensiva que no es de forma sino de fondo: que a cincuenta años del golpe, los únicos que se preparan para celebrar algo sean los genocidas y el mileísmo alienado con deseos de profanación, nos grita todo lo que no estamos queriendo escuchar.
Por Roberto Caballero-P/12