José Luis Rodríguez, propietario de una vivienda en el country Indio Cua y vecino de Adorni, declaró este miércoles ante la fiscalía de Gerardo Pollicita que le alquiló su casa al funcionario durante un año y medio por un monto total de 21.000 dólares, abonados en efectivo.
El patrimonio y los movimientos inmobiliarios del vocero presidencial y legislador electo porteño Manuel Adorni volvieron a quedar bajo la lupa judicial tras una nueva declaración testimonial en la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas a contrataciones y manejo de fondos.
Según publicó La Nación, José Luis Rodríguez, propietario de una vivienda en el country Indio Cua y vecino de Adorni, declaró este miércoles ante la fiscalía de Gerardo Pollicita que le alquiló su casa al funcionario durante un año y medio por un monto total de 21.000 dólares, abonados en efectivo.
El testimonio ratificó parcialmente lo que ya había señalado anteriormente el contratista Matías Tabar, quien había mencionado un contrato de locación por US$13.000. Sin embargo, Rodríguez agregó nuevos detalles sobre la operación: aseguró que antes de ese acuerdo formal hubo un alquiler previo durante enero y febrero de 2024 por US$5600 y que, una vez vencido el contrato principal de 13 meses, la estadía se extendió otros tres meses por US$2400 adicionales.
De acuerdo a la declaración del propietario, esta última prórroga se realizó sin contrato firmado, un dato que ahora también quedó incorporado al expediente judicial y que podría sumar interrogantes sobre los movimientos patrimoniales y financieros del entorno del funcionario.
La investigación busca reconstruir distintos vínculos económicos y operaciones vinculadas al patrimonio de Adorni, en un contexto en el que la oposición viene reclamando explicaciones sobre la evolución de sus bienes y sus gastos desde su desembarco en el Gobierno nacional.
Fuentes judiciales citadas por La Nación señalaron además que Rodríguez abandonó la fiscalía acompañado por un efectivo de la Policía Federal luego de prestar declaración.
Las causas que tiene Manuel Adorni.
El expediente que investiga a Manuel Adorni se encuentra actualmente en el juzgado federal de Ariel Lijo, con impulso del fiscal Gerardo Pollicita, quien en marzo solicitó una batería de medidas de prueba para analizar la evolución patrimonial, financiera y societaria del funcionario.
La investigación se originó a partir de denuncias presentadas por dirigentes opositores y exaliados libertarios, entre ellos la diputada Marcela Pagano, que apuntaron a un presunto incremento patrimonial incompatible con los ingresos declarados por Adorni. Entre los puntos bajo análisis figuran propiedades en countries, viajes al exterior, gastos en dólares, remodelaciones pagadas en efectivo y movimientos financieros considerados llamativos por la Justicia.
En el marco de la causa, el juez Lijo ya ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti, para acceder a información sobre cuentas, consumos, créditos, billeteras virtuales y operaciones financieras.
Además, en las últimas semanas la pesquisa sumó nuevas líneas de investigación vinculadas a operaciones con criptomonedas detectadas tras el análisis preliminar de movimientos financieros. Según fuentes judiciales citadas por Infobae, los investigadores buscan establecer la trazabilidad de esos activos digitales y determinar si guardan relación con bienes o gastos no declarados.
Otro de los focos de la causa está puesto sobre presuntas refacciones millonarias realizadas en una vivienda del country Indio Cua. Un contratista declaró ante la Justicia que habría cobrado alrededor de US$245.000 en efectivo por obras realizadas en la propiedad atribuida al funcionario, sin emisión de facturas.
En paralelo, la fiscalía también incorporó testimonios sobre viajes al exterior realizados junto a su familia, algunos de ellos en primera clase, y operaciones inmobiliarias que buscan reconstruir el origen de los fondos utilizados por el funcionario.
Hasta el momento, Adorni negó todas las acusaciones y sostuvo públicamente que las denuncias “no tienen sustento”. También descartó renunciar y aseguró que demostrará la legalidad de su patrimonio.
Fuente: Perfil