La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Misiones denunció un nuevo episodio de extrema gravedad institucional en la Municipalidad de San Ignacio y responsabilizó directamente al intendente Esteban Romero por avanzar con la cesantía de una trabajadora municipal, quien venía sufriendo situaciones de violencia, hostigamiento y persecución en su ámbito laboral.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución N.º 48/2026, mediante la cual el Ejecutivo municipal dispuso su baja del plantel bajo la figura de supuesto abandono de trabajo. Sin embargo, desde ATE sostienen que detrás de esa decisión existe una clara acción de represalia contra una trabajadora que se animó a visibilizar situaciones que afectaban su integridad dentro del municipio.
“Es un hecho gravísimo. En cualquier administración democrática, ante una denuncia de violencia laboral corresponde investigar, escuchar a las partes y garantizar protección a quien denuncia. En San Ignacio la respuesta del intendente fue despedir a la trabajadora. Es un mensaje de disciplinamiento hacia todos los empleados municipales”, expresó la secretaria general, Miriam López.
ATE recordó que días atrás ya había hecho pública la existencia de un clima de tensión dentro de la Municipalidad de San Ignacio, señalando conductas de maltrato, destrato y prácticas de violencia atribuidas a la conducción política del municipio. Lejos de abrir canales de diálogo, sostienen, el Ejecutivo optó por profundizar el conflicto con una decisión que calificaron como arbitraria y persecutoria.
Desde el sindicato cuestionaron además la falta de respuesta a las presentaciones realizadas, el desconocimiento de la representación gremial y la ausencia de instancias de negociación para abordar un conflicto que se venía desarrollando desde hace meses.
También instaron al Gobierno provincial del Frente Renovador a que intervenga para evitar despidos en una situación económica de crisis generalizada para los trabajadores.
“Lo que está ocurriendo en San Ignacio no es solamente un problema entre un intendente y una empleada. Es una señal alarmante para todos los trabajadores municipales. Si denunciar violencia puede terminar en un despido, se instala una cultura del miedo incompatible con cualquier Estado que respete los derechos laborales”, señaló.
ATE anunció que acompañará a la despedida en todas las acciones administrativas, sindicales y judiciales necesarias para lograr la revisión de la cesantía y reclamar las responsabilidades correspondientes.
Finalmente, el gremio exigió la intervención de los organismos provinciales competentes y advirtió que seguirá denunciando públicamente “todo acto de abuso de poder, persecución laboral y violencia institucional contra los trabajadores municipales de San Ignacio”.