El fusil de asalto incautado tiene la inscripción del escudo nacional; se sospecha que el armamento, encontrado dentro de un camión que transportaba comida para ganado, iba destinado a los grupos criminales brasileños
Santa Terezinha do Iguaçu está a 30 kilómetros de Puerto Iguazú y a 31 de Ciudad del Este, la Triple Frontera entre la Argentina, Paraguay y Brasil. Fue en esa pequeña localidad brasileña de 25.000 habitantes donde un camionero que transportaba alimentos para animales –que aparentemente provenían de la Argentina- admitió que además de esa mercadería transportaba un arsenal.
Estaba nervioso y, como sospechaba que iban a inspeccionar el vehículo, decidió confesar, pero incluso los agentes brasileños se sorprendieron cuando se toparon con 27 fusiles, 16 pistolas y más de 5000 municiones. Lo más llamativo es que cinco armas largas eran FAL, una de ellas con el escudo del Ejército Argentino, como así también su numeración. Dos eran Kalashnikov AK-47.
En octubre pasado, después de los enfrentamientos en las favelas Alemão y Penha entre grupos criminales y las fuerzas de seguridad que dejaron 122 muertos, se secuestraron armas y había entre ellas un fusil FAL con numeración y el escudo argentino y con la inscripción de Fabricaciones Militares.
La sospecha que tienen en el Ministerio de Seguridad Nacional es que la aparición de estas armas podría tener que ver con un remanente de fusiles que están en el mercado ilegal desde 2014, cuando se produjo el robo de 43 fusiles FAL hace 15 años en el Batallón 603, de Fray Luis Beltrán, que se encuentra a unos 20 kilómetros de Rosario.
Entre las sustracciones también figuran partes de fusiles FAL con las que se podrían armar unas 400 armas largas. Este robo nunca se investigó en profundidad en la Justicia federal porque la causa cayó en el juzgado de Marcelo Bailaque, el magistrado que renunció en junio pasado, tras ser investigado en el Consejo de la Magistratura por dar cobertura al narco Esteban Alvarado, entre otras causas. Recién en 2025 el caso se reactivó por iniciativa del fiscal federal Javier Arzubi Calvo, que evitó que la causa prescribiera.
La matriz del robo de armamento en los arsenales de las Fuerzas Armadas argentinas nunca se investigó en profundidad para determinar si existe un sistema aceitado de sustracción de fusiles, que son codiciados en el mercado ilegal por grupos narco, tanto nacionales como del extranjero.
A mediados del año pasado, el fiscal Arzubi Calvo encontró una de las tantas causas que estaban encerradas en cajones que nadie abría. El expediente contiene una historia que empieza el 18 de febrero de 2011, cuando el sargento Hernán Diego Solís se suicidó con un disparo en la cabeza. Era el jefe de la Sección Armamento del Batallón 603, y ese día se empezó a revelar una espesa trama de robo de fusiles FAL que terminaron en manos de grupos criminales de Brasil y Paraguay, como Primer Comando Capital (PCC) y Comando Vermelho. La extraña y repentina muerte de Solís sirvió para que los militares implicados cargaran toda la responsabilidad en el suboficial fallecido.
El descontrol era tan profundo que aún hoy no se sabe cuándo se robaron los 43 fusiles FAL del Batallón 603.
La causa se inició hace 14 años porque en Brasil y en Paraguay empezaron a aparecer en enfrentamientos con narcotraficantes fusiles que tenían el escudo argentino y la marca Fabricaciones Militares.
Esos fusiles aún están dando vueltas en el circuito ilegal, como sospechan en el Ministerio de Seguridad Nacional. La información que surgió en Brasil −y que fue publicada en el diario Estado de San Pablo (conocido coloquialmente como Estadão)−, señaló que el camión donde fueron secuestrados los 27 fusiles, 16 pistolas y más de 5000 municiones provenía de la Argentina. Pero funcionarios de la cartera de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva, advirtieron que, luego de comunicarse con las autoridades brasileñas, habían confirmado que el camión no había transitado por territorio argentino.
Lo más probable, según dejaron trascender, es que el armamento destinado al crimen organizado brasileño haya salido de Paraguay. Eso no quita que parte de las armas −la sospecha es que serían cinco−, provinieron de Fabricaciones Militares.
Por el estado del fusil FAL –LA NACION obtuvo la fotografía del arma-, que estaba deteriorado y herrumbrado, es probable que pertenezca al lote de armas robadas en el Batallón 603, según interpretan los funcionarios.
El secuestro de estas armas se produjo el 17 de junio pasado durante un operativo que llevó adelante la Policía Federal de Carreteras de Paraná en la ruta BR-277, a la altura de Santa Terezinha do Iguaçu, cerca de la frontera con Paraguay y la Argentina.
“La operación de la Policía Federal de Carreteras (PRF) forma parte del Programa Brasil contra el Crimen Organizado. Alrededor del mediodía de este miércoles, los agentes detuvieron a un conductor de 28 años que manejaba un camión cargado de alimentos para animales que había salido de la Argentina con destino a Minas Gerais”, advirtió el diario Estadão.
La publicación detalló que “el conductor del camión, que declaró residir en Foz do Iguaçu, fue arrestado y llevado a la Policía Federal para ser acusado de tráfico internacional de armas, un delito castigado con hasta 16 años de prisión”.
Entre las 16 pistolas secuestradas, a la par de los fusiles, había cinco de origen argentino, de la marca Bersa. También incautaron 127 cargadores y más de 5000 municiones de diferentes calibres (4150 cartuchos de 9 mm, 749 cartuchos de 7,62 x 51 mm y 149 cartuchos de 7,62 x 39 mm).
Reciclado y reensamblado
La sospecha es que el arsenal secuestrado en el camión en Santa Terezinha do Iguaçu estaba destinado a alguna de las dos megaorganizaciones criminales brasileñas. El PCC y el Cpomando Vermelho, que hoy son de los más poderosos de América Latina, tienen en distintas ciudades del país pequeñas fábricas donde las armas son recicladas. Lo mismo ocurre en Paraguay, y probablemente también en la Argentina.
Bruno Langeani, integrante del Instituto Sou da Paz en Brasil, organización que se dedica a estudiar y tratar de prevenir la violencia en ese país, consideró que este tipo de armamento secuestrado “pasa por un proceso de refurbishing (reformas) antes de la venta. Muchas veces se cambian las culatas, por ejemplo, para que parezcan más nuevas”.
Langeani apuntó además que “este proceso (refurbishing) lo pueden estar haciendo juntamente con el ensamblado de fusiles ‘fantasmas’ con marcas falsas, como la mayor parte de los de plataforma AR”, que son de origen norteamericano y tienen al AR-15 como el modelo más difundido internacionalmente.
Según Langeani, “el acceso a este tipo de armamento pesado se da por distintas vías, entre ellas, la inversión que está haciendo PCC para instalar fábricas de fusiles de alta tecnología −dos fueron allanadas−, y contar con armamento propio. Pero sigue existiendo un ingreso importante de armas de Paraguay, Bolivia y la Argentina. En este último caso, lo que pudimos observar en el estudio es que los fusiles provienen de las fuerzas armadas”.
Aumento de secuestros
El estudio del Instituto Sou da Paz analizó las incautaciones de armas de fuego entre 2019 y 2023 en el sureste de Brasil, la región más grande del país y sede de las dos principales organizaciones criminales, PCC y Comando Vermelho.
Los investigadores revisaron los registros de casi 7000 armas incautadas, combinando datos obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información con registros policiales de los cuatro estados de la región. Los datos incluían fechas de incautación, lugares, tipos de delito y detalles de las armas.
El trabajo reveló que se incrementaron 11,4% los secuestros de armas de guerra durante ese período de cinco años. Este informe atribuye parte del aumento de armamento pesado en manos criminales a las regulaciones de armas más flexibles en Brasil durante el gobierno del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien autorizó la posesión para civiles de muchos tipos de armas que antes estaban restringidas al uso militar y policial, incluidas pistolas de 9 mm y algunos rifles semiautomáticos.
Según el estudio, la cantidad de armas de fuego en manos de civiles se duplicó, pasando de 1,3 millones a finales de 2018 a 2,9 millones en 2022. La sospecha es que parte de estas armas fue desviado al mercado ilegal tras un aumento en las denuncias de robo de armas a tiradores deportivos y coleccionistas.
Los fusiles que se mueven por el mercado negro tienen como origen arsenales de las fuerzas armadas. Desde hace más de una década y media es recurrente el faltante de este tipo de armamento.
Pero hay otro acceso a pistolas, por ejemplo, que proviene del mercado legal, como detectó una investigación que realizó el fiscal Santiago Marquevich, que terminó con 12 personas procesadas en mayo pasado.
Los imputados están acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a adquirir, transferir y hacer circular armas de fuego de manera irregular, mediante la utilización de usuarios interpuestos, gestores administrativos, armerías y operadores registrales.
La investigación se inició en julio de 2024 a partir de una denuncia presentada por la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco), a cargo de Marquevich, luego de una pesquisa preliminar impulsada por la ex Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), que había detectado maniobras irregulares en la adquisición y registración de armas de fuego.
Según el fallo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, se verificó la existencia de al menos 742 armas registradas a nombre de personas vinculadas a la organización cuyo destino no pudo ser determinado, ya que no fueron halladas ni en poder de sus titulares registrales ni en los domicilios declarados como lugares de guarda.
Por Germán de los Santos - LN