Hay problemas que sirven para medir la verdadera utilidad de la política. No porque sean los más grandes ni los más complejos, sino porque permiten distinguir con bastante claridad quién transforma los discursos en soluciones y quién termina confundiendo la política con una sucesión de publicaciones, denuncias, pedidos de informes o puestas en escena. Las redes sociales pueden instalar temas. Gobernar sigue siendo otra cosa.
El caso de Puerto Iguazú es uno de ellos.
La comunidad de Puerto Iguazú y principalmente la ACATI volvió a poner sobre la mesa un reclamo histórico que atraviesa gobiernos nacionales de distintos signos políticos: las interminables demoras en el puente internacional Tancredo Neves. Filas de tres horas o más. Turistas que desisten de cruzar. Excursiones que se cancelan. Comerciantes que pierden ventas. Restaurantes vacíos. Hoteles que dejan de recibir huéspedes. Remiseros, taxistas, guías turísticos y emprendedores que observan cómo miles de potenciales clientes quedan atrapados en una burocracia absurda.
No se trata de una discusión ideológica. Se trata de un problema concreto. Y precisamente por eso sirve para evaluar la utilidad de la representación política.
Lo más importante es que tampoco admite demasiadas interpretaciones sobre quién tiene la competencia para resolverlo.
No depende de la Municipalidad de Iguazú. No depende del Gobierno de Misiones.
Depende de la Nación. Depende de Migraciones. Depende de Aduana. Depende de organismos que responden al Gobierno nacional.
Por eso resulta llamativo que quienes representan políticamente a LLA en Misiones mantengan un perfil bajo frente a un reclamo que afecta directamente al empleo, al turismo y a la economía de una de las ciudades más importantes de la provincia.
La situación ya dejó de ser una queja aislada de comerciantes. El reclamo escaló a nivel internacional cuando Luciano Hang, dueño de Havan y uno de los empresarios más poderosos de Brasil, publicó un video desde la fila del puente exigiéndole a Javier Milei que le aplique la "motosierra" a la burocracia migratoria argentina. No hablaba un dirigente opositor. No hablaba un sindicalista. No hablaba un empresario dependiente del Estado.
Hablaba uno de los mayores exponentes del liberalismo económico brasileño.
Y aun así describió exactamente el mismo problema que vienen señalando desde hace años los comerciantes de Iguazú: una burocracia que desalienta el turismo, espanta consumidores y termina perjudicando la economía local.
La propia ACATI sostiene que la ciudad pierde miles de visitantes por día. No porque no quieran venir. No porque los precios sean caros. No porque falten atractivos. Simplemente porque nadie puede garantizar cuánto demorará cruzar una frontera que debería ser una puerta de ingreso y terminó convirtiéndose en un embudo.
Lo interesante de este caso es que los representantes políticos están claramente identificados.
En Puerto Iguazú, uno de ellos es Fabián De Sá, concejal y principal referente local de La Libertad Avanza. Aspira a gobernar la ciudad. Por eso resulta razonable preguntarse qué gestiones concretas encabezó para intentar destrabar un problema que depende precisamente del gobierno político que representa. Hasta ahora, cuesta advertir una estrategia sostenida con la misma intensidad con la que se desarrollan otros debates públicos.
La misma pregunta alcanza a Adrián Núñez, presidente de La Libertad Avanza Misiones y principal referente provincial del espacio.
Si la función de un representante consiste también en acercar los problemas de la provincia a quienes toman las decisiones nacionales, ¿qué gestiones realizó frente a Migraciones? ¿Qué reclamos institucionales impulsó? ¿Qué resultados obtuvo?
Lo mismo puede preguntarse sobre Diego Hartfield.
Los diputados nacionales no son delegados de Buenos Aires en las provincias. Son representantes de las provincias ante Buenos Aires. Esa representación cobra verdadero sentido cuando aparecen conflictos concretos como el de Iguazú.
Sin embargo, las filas siguen. Los comerciantes continúan reclamando. Los turistas siguen esperando. Y las soluciones todavía no llegan.
Lo llamativo es que incluso dentro del propio Gobierno nacional existen diagnósticos que coinciden con ese reclamo. Patricia Bullrich anunció hace meses la posibilidad de trasladar el control migratorio hacia una zona cercana al aeropuerto para agilizar el ingreso de quienes visitan la ciudad durante pocas horas.
La propuesta generó expectativas porque apuntaba directamente al problema. Pero hasta ahora permanece como un anuncio que todavía no modificó la realidad cotidiana del puente.
El caso Iguazú también deja otra enseñanza. La representación política empieza a perder eficacia cuando la energía se concentra más en la comunicación que en la gestión.
Algo parecido ocurre en Posadas.
El concejal Santiago Horianski adquirió notoriedad principalmente a través de pedidos de informes, cuestionamientos públicos y una intensa actividad en redes sociales. Controlar los actos de gobierno forma parte de su función institucional y constituye un ejercicio saludable para cualquier democracia. El interrogante aparece cuando esa tarea parece ocupar casi toda la agenda política mientras cuesta identificar iniciativas propias destinadas a resolver problemas concretos de la ciudad.
Su reciente pedido de informes sobre la inversión municipal en el Festival Nacional de la Música del Litoral y en el evento UNA+ refleja esa lógica.
La discusión quedó centrada en cuánto invirtió el municipio y cuál fue el retorno económico directo. Sin embargo, esa mirada deja abierta otra pregunta igual de válida: ¿debe evaluarse un festival únicamente por la rentabilidad inmediata que produce para las cuentas públicas?
Si ese fuera el único criterio, también habría que preguntarse cuánto "ganan" las plazas, las bibliotecas, las actividades deportivas barriales o los espacios culturales. La función de un municipio no consiste únicamente en administrar balances. También implica generar condiciones para que una ciudad produzca movimiento económico, turismo, cultura, recreación y oportunidades para cientos de emprendedores que encuentran en esos eventos un espacio para trabajar.
Algo similar ocurre con UNA+, donde el aporte municipal se limita al ordenamiento del tránsito, la limpieza y la seguridad vial. Son tareas propias de cualquier administración local frente a un evento masivo. La discusión entonces parece menos vinculada con el monto invertido que con la concepción misma del rol que debe cumplir el Estado.
En ambos casos aparece una constante que trasciende a los nombres propios. La política corre el riesgo de transformarse en una permanente producción de contenido. Pedidos de informes, conferencias, videos, publicaciones y denuncias ocupan cada vez más espacio. Mucho menos visible resulta la gestión silenciosa que rara vez genera titulares, pero suele ser la que finalmente modifica la vida cotidiana de la gente.
Ese contraste también aparece cuando se observa el balance nacional de estos dos años y medio.
En Misiones quedaron paralizadas obras públicas estratégicas. Se eliminó el FONID que complementaba los salarios docentes. La desregulación profundizó la crisis yerbatera. Aumentaron combustibles, electricidad, gas y transporte. La actividad económica perdió dinamismo y el consumo se retrajo.
Los propios datos oficiales muestran además una fuerte caída del empleo registrado y el cierre de empresas desde diciembre de 2023.
No son datos producidos por la oposición. Son estadísticas del propio Estado.
Frente a ese escenario, muchas veces la discusión pública impulsada por LLA parece concentrarse más en explicar la realidad que en modificarla o trabajar para mejorarla. Terminan siendo interpretes en vez de funcionarios.
Tal vez allí aparezca el principal desafío para buena parte de la dirigencia libertaria en Misiones. No parece faltarle capacidad para instalar temas en la agenda pública. El interrogante es si esa misma capacidad logra traducirse con la misma eficacia en gestiones concretas, soluciones y resultados.
Porque la política puede ganar miles de reproducciones en redes sociales y, aun así, perder contacto con los problemas reales.
guazú necesita respuestas. Los productores necesitan respuestas. Los comerciantes necesitan respuestas. Posadas también necesita concejales capaces de controlar, pero igualmente de construir propuestas.
Al final, los ciudadanos rara vez votan un pedido de informes, un video o un posteo. Terminan evaluando algo bastante más simple: quién estuvo presente cuando aparecieron los problemas y quién consiguió, efectivamente, ayudar a resolverlos.
Por Luis Huls - Misiones Opina