Sobre cómo los exabruptos del presidente Javier Milei en Brasil no solo quebrantan los modales públicos y la delicada cortesía internacional, sino que vulneran la Constitución y activan la responsabilidad internacional del Estado argentino.
Lo que ocurrió el sábado 25 de julio de 2026 en el estadio Pacaembú de San Pablo, durante la convención del Partido Liberal brasileño, no fue una mera discrepancia ideológica ni a un ruidoso contrapunto de tribuna popular. Más bien se trató de un espectáculo inédito de bochorno institucional.
Allí, transfigurado en agitador de facción ajena en favor de Flávio Bolsonaro, el presidente de la República Argentina, Javier Milei, derramó una catarata de agravios personales contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva —a quien calificó de “ladrón” y “basura socialista”— y contra el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tildándolo despectivamente de “basura calva”.
La respuesta de muchos sectores de la democracia brasileña no se hizo esperar, enérgica e institucionalmente irreprochable.
El presidente del máximo tribunal de Brasil, Luiz Edson Fachin, salió al cruce en defensa irrestricta de la autonomía judicial, calificó los dichos de Milei como “irrespetuosos” e “incompatibles con la civilidad entre Estados”. Acto seguido, la Cancillería de Itamaraty llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y convocó al representante argentino, Daniel Raimondi, para exigir explicaciones urgentes.
Bitelli no tiene, hasta el momento, boleto de regreso a la Argentina.
En Buenos Aires, en tanto, la célebre “Oficina de Respuesta Oficial” optó por el atrincheramiento digital en la red X, ensayando justificativos pueriles. Lejos de llamar al sosiego, el propio Milei redobló la apuesta en audiciones radiales, tildando a Lula de “expresidiario” y agitando fantasmas conspirativos sobre un supuesto financiamiento brasileño contra la Argentina.
La investidura presidencial no es una propiedad privada ni una licencia para la bravuconada de tribuna. El Presidente no habla a título personal en la arena pública internacional; incide directamente sobre la persona jurídica de la República.
Tampoco la diplomacia es un espectáculo de comité: la conducción de las relaciones exteriores como potestad regulada por normas de cumplimento obligatorio para el primer mandatario argentino.
Es preciso hacer una distinción categórica que la pasión partidaria suele nublar: la conducción dela política exterior argentina es una función de Estado, no la prolongación de un berrinche de comité. El artículo 99, inciso 1° de nuestra Constitución Nacional consagra al Presidente de la Nación como jefe supremo de la Nación y responsable político de la administración general del país, reservando en su inciso 11 la delicada atribución de negociar y firmar tratados para el mantenimiento de relaciones pacíficas y fructíferas con los pueblos del mundo.
La doctrina constitucionalista y la jurisprudencia histórica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación han sido invariables en esta materia: la potestad presidencial en relaciones exteriores no configura jamás un derecho subjetivo privado, un fuero de impunidad o una libre prerrogativa personal. Se trata de un deber funcional tutelado, estrictamente reglado y encorsetado dentro del sistema republicano de frenos y contrapesos.
El Presidente representa al Estado argentino. Como es obvio, cuando habla en el extranjero, no lo hace como un ciudadano entusiasta en uso de su libertad de opinión, sino como el representante orgánico de más de cuarenta y cinco millones de argentinos. Confundir la investidura con la propia persona no solo es una señal de peligrosa inmadurez política; es una abierta infracción al texto constitucional.
Asimismo, las diatribas lanzadas en San Pablo representan una vulneración flagrante del Principio de No Intervención en los asuntos internos de otros Estados, y violenta la Resolución N.° 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 24 de octubre de 1970, que contiene la declaración relativa a los principios de derecho internacional referentes ―nada menos― a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los estados.
La diplomacia de la República Argentina no puede quedar prisionera de impulsos viscerales ni de cruzadas ideológicas personales. La libertad de expresión del Jefe de Estado, al rozar los asuntos de la política exterior, está severamente modulada por el peso del deber público y por la representación orgánica inescindible de la Patria.
Los ataques presidenciales cometidos en Brasil trascienden la anécdota política: constituyen un hecho jurídicamente relevante que compromete la responsabilidad del Estado y erosiona décadas de paciente construcción diplomática.
Corresponde hoy a las instituciones de la República —y muy especialmente al Congreso de la Nación— asumir su rol de contrapeso constitucional y velar con firmeza por el respeto a los tratados, la continuidad de la integración regional y la preservación del buen nombre de la Argentina en el concierto de las naciones civilizadas. La diplomacia requiere templanza, derecho y memoria histórica; la agresión verbal solo presagia el aislamiento.
Por Alejandro Javier Panizzi