La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) puso la lupa sobre al menos siete casos registrados de captación de ciudadanos argentinos en situación de extrema vulnerabilidad económica.
La trama criminal que expone la desesperación económica frente al horror de las trincheras europeas acaba de ser desmantelada en suelo argentino, dejando al descubierto una maquinaria transnacional dedicada a convertir a exmiembros de fuerzas de seguridad locales en lo que la justicia ya califica crudamente como carne de cañón barata para el frente de batalla. El epicentro de esta investigación criminal, comandada de forma conjunta por la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora, a cargo de Sergio Mola, y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), liderada por los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, puso la lupa sobre al menos siete casos registrados de captación de ciudadanos argentinos en situación de extrema vulnerabilidad económica.
A través de un minucioso trabajo de inteligencia de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), las autoridades lograron desbaratar una red local que operaba como brazo de una estructura delictiva global orientada a nutrir con mercenarios latinoamericanos a las filas de la Legión Internacional de Defensa Territorial y unidades de la inteligencia militar (legión GUR) subordinadas al bando de Ucrania en su guerra contra la Federación de Rusia.
El hilo conductor de la pesquisa judicial se tensó originalmente en marzo, cuando oficiales de la PSA apostados en el sector de preembarque del Aeropuerto Internacional de Ezeiza detectaron severas incongruencias en las entrevistas de rutina efectuadas a cuatro hombres que pretendían abordar un vuelo con destino final hacia Europa del Este. En un primer momento, los viajeros esgrimieron una versión cuidadosamente armada por sus captores en el que argumentaron que habían sido contratados de forma privada por una firma constructora internacional para realizar refacciones de infraestructura civil y edilicia en las zonas devastadas por los bombardeos rusos.
Sin embargo, al ser interrogados por separado, el relato prefabricado se desmoronó por completo. Ninguno de los cuatro hombres sabía con precisión quién les había financiado los pasajes aéreos sólo de ida, qué persona o enlace formal los recibiría al aterrizar en el Viejo Continente, ni qué tareas específicas debían desempeñar cotidianamente. Peor aún, carecían de pasajes de regreso y viajaban prácticamente sin fondos propios para costear su subsistencia. Ante las abrumadoras sospechas de un delito federal, el juez federal Luis Armella ordenó prohibir de inmediato el abordaje del contingente y dispuso que el Departamento Antisecuestros Norte de la PFA iniciara el rastreo de los reclutadores detrás de este sospechoso flujo migratorio.
Las pesquisas de la PROTEX desnudaron una metodología de captación agresiva que explotaba las urgencias monetarias de civiles, exmilitares y antiguos integrantes de fuerzas policiales de elite, como el Grupo Halcón de la Policía Bonaerense. La punta de lanza del engaño consistía en tentadoras publicaciones distribuidas en redes sociales, canales de Telegram y videos virales con estridencias visuales y música militar que exhibían combatientes con uniformes camuflados. Las ofertas prometían salarios fijos que oscilaban en torno a los 3.000 dólares mensuales por enrolarse en el ejército ucraniano por períodos que iban de los seis meses a los tres años, además de pasajes y estadías completamente cubiertas.
Una vez que los candidatos mostraban interés, la organización les suministraba contratos redactados íntegramente en idioma ucraniano bajo el pretexto de que "por razones estrictas de seguridad de Estado" las cláusulas reales de combate no podían traducirse. Al mismo tiempo, se les imponía un manual estricto de evasión de controles aeroportuarios, forzándolos a memorizar la falsa historia laboral de la construcción para no encender las alarmas de trata humana o mercenarismo prohibido antes de salir del continente.
Con el avance de las intervenciones telefónicas, seguimientos encubiertos y vigilancias discretas, la justicia ordenó un allanamiento en la localidad de Tigre, en el norte del conurbano bonaerense, donde se efectivizó la detención de Griselda Inés Ortiz, una mujer de 45 años con pasado en la propia Policía Bonaerense que oficiaba como reclutadora clave y administradora local de la red. Su pareja y coorganizador de las maniobras, un fisicoculturista identificado como Jorge Agote , logró evadir la redada judicial huyendo hacia Brasil semanas antes del procedimiento.
En el domicilio allanado, las fuerzas de seguridad federales secuestraron uniformes militares de camuflaje, insignias castrenses y dispositivos electrónicos esenciales para el peritaje. Paralelamente, la justicia logró congelar e inmovilizar una billetera virtual operada por la detenida destinada a transacciones con criptoactivos, plataforma financiera mediante la cual se cree que la red canalizaba los millonarios fondos e incentivos enviados desde el exterior para financiar la logística del traslado de las víctimas.
El entramado criminal cobró dimensiones continentales cuando la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) encajó las piezas del modus operandi detectado por la PROTEX en Argentina con patrones idénticos denunciados en otros países de Sudamérica, como Colombia, Perú y Bolivia. A raíz de una detallada investigación del Grupo Investigativo Contra los Delitos Sexuales y la Familia de Bogotá, Interpol emitió de inmediato una Notificación Morada a nivel regional. Este tipo de alerta técnica internacional se utiliza con el objetivo primordial de compartir información de inteligencia policial sobre nuevos métodos delictivos, estructuras de ocultación y dispositivos utilizados por las redes de crimen organizado a nivel global.
El documento técnico de Interpol describe que, si bien la fase inicial simula un enrolamiento voluntario de profesionales con entrenamiento bélico previa escala o reuniones en centrales fachada, el trasfondo encuadra estrictamente dentro del delito de trata de personas con fines de explotación laboral forzosa y servidumbre en contextos de guerra. De acuerdo con los reportes de inteligencia consolidados por Interpol, una vez que estos soldados de fortuna latinoamericanos pisan suelo europeo y llegan a sus destinos de despliegue, el esquema criminal de los reclutadores ingresa en una fase de absoluto aislamiento coercitivo. Las organizaciones transnacionales retienen y confiscan los pasaportes y documentos de identidad de las víctimas de forma sistemática.
Posteriormente, les imponen el cobro de deudas ficticias e infladas bajo el concepto de gastos operativos por los pasajes aéreos iniciales, la provisión de pertrechos de asalto o los trámites burocráticos migratorios, obligándolos a marchar directamente a la primera línea del frente de batalla para cancelar dichos montos. Los informes judiciales advierten que cualquier manifestación de arrepentimiento, negativa a combatir o intento de deserción por parte de los reclutados es drásticamente aplastada por los mandos locales mediante amenazas de muerte explícitas, represalias contra sus familias a la distancia, intimidaciones físicas y un régimen de confinamiento absoluto, transformando lo que originalmente se promocionaba en redes como un lucrativo e idílico contrato de seguridad en el exterior en una verdadera trampa mortal de la cual es materialmente imposible escapar.
Fuente: Revista Noticias