La marcha atrás se dio tras una paralización que afectó el sistema portuario. Se creó una mesa de trabajo y se acordó una reducción tarifaria del 20%
El Gobierno nacional suspendió los efectos del Decreto 690/2026, que había introducido modificaciones en la regulación de los servicios de practicaje y pilotaje en ríos, puertos, pasos y canales del país, luego del conflicto que derivó en una paralización de actividades y afectó el funcionamiento del sistema portuario.
La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 716/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La nueva norma dispuso la suspensión de los efectos del Decreto 690/2026 y estableció que, durante ese período, vuelvan a tener vigencia las disposiciones que habían sido derogadas, sustituidas o modificadas por la reglamentación aprobada a fines de julio.
Qué establecía el decreto 690/2026 sobre el practicaje y pilotaje
El Decreto 690/2026 había aprobado un nuevo "Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales de la República Argentina", con el objetivo de actualizar el esquema vigente y modificar determinadas exigencias regulatorias.
Según los fundamentos del Poder Ejecutivo, la normativa anterior contenía disposiciones consideradas "obsoletas" que generaban barreras y restricciones para la incorporación de nuevos prestadores al servicio.
El practicaje y el pilotaje son actividades vinculadas a la asistencia técnica que reciben los capitanes de los buques durante maniobras de navegación, ingreso y salida de puertos o circulación por zonas con características particulares. La actividad está regulada por la Ley de Navegación 20.094, que establece que se trata de un servicio público bajo control de la autoridad marítima.
El artículo 99 de esa ley establece que el practicaje en aguas jurisdiccionales nacionales constituye un servicio público regulado y controlado por la autoridad marítima, mientras que el artículo 101 dispone que la reglamentación debe establecer las condiciones de prestación y las tarifas correspondientes.
El conflicto que llevó a suspender la reforma
Tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, los prestadores del servicio iniciaron medidas de fuerza que afectaron la operatoria portuaria. La interrupción de las tareas de practicaje y pilotaje generó demoras en la circulación de embarcaciones y complicaciones en distintos puntos del sistema fluvial.
El conflicto tuvo impacto sobre la actividad comercial debido a que el servicio resulta obligatorio en determinadas zonas de navegación, especialmente en sectores donde las características de los ríos, canales y accesos portuarios requieren asistencia especializada.
En medio de la protesta, la Prefectura Naval Argentina intimó a los profesionales involucrados a retomar la prestación del servicio, mediante una notificación en la que advirtió sobre posibles sanciones disciplinarias y consecuencias legales ante el incumplimiento.
Según el documento oficial difundido por la fuerza, los profesionales habilitados fueron convocados a "la inmediata puesta a disposición de sus servicios profesionales de practicaje/pilotaje" para garantizar la continuidad de las funciones previstas en el reglamento aprobado por el Decreto 690/2026.
El acuerdo entre el Gobierno y el sector
Ante la escalada del conflicto, representantes del Gobierno nacional y del sector vinculado al practicaje y pilotaje mantuvieron reuniones para buscar una salida consensuada.
Como resultado de esas conversaciones, las partes acordaron impulsar una serie de medidas que luego fueron incorporadas al Decreto 716/2026:
- La reactivación inmediata y regular de la prestación del servicio
- La suspensión del Decreto 690/2026
- La creación de una mesa intersectorial para trabajar en una nueva reglamentación
- Una reducción del 20% en las tarifas vigentes de practicaje y pilotaje
El nuevo decreto señala que la suspensión busca "restablecer la vigencia del régimen jurídico en vigor hasta el dictado" de la norma anterior, con el objetivo de "mitigar la situación de crisis del sistema y garantizar la continuidad de los servicios".
Cómo funcionará la nueva mesa de trabajo
El Decreto 716/2026 creó una Mesa de Trabajo dentro del ámbito del Ministerio de Seguridad Nacional, que estará integrada por funcionarios de esa cartera, de la Prefectura Naval Argentina y de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Economía.
También participarán representantes del sector vinculado al practicaje y pilotaje.
El objetivo del espacio será alcanzar acuerdos para definir una nueva regulación de la actividad, a partir del análisis de la normativa vigente y de propuestas para mejorar el funcionamiento del sistema.
Además, el decreto instruyó al Ministerio de Seguridad, a la Prefectura Naval y a la ANPYN a adoptar las medidas necesarias para atender la situación generada y asegurar la continuidad del servicio.
La reducción de tarifas y el objetivo inicial del Gobierno
Uno de los puntos incluidos en el acuerdo fue la disminución del 20% de las tarifas vigentes para los servicios de practicaje y pilotaje.
La modificación formaba parte del objetivo inicial del Gobierno al impulsar el Decreto 690/2026, que buscaba reducir costos asociados a la operatoria portuaria y favorecer una mayor apertura del mercado mediante cambios regulatorios.
Con la suspensión de esa norma, los cambios introducidos quedaron temporalmente sin aplicación.
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