Salta reconoce deudas por $267.782 millones y Nación, sólo $1.868 millones. Tras la compensación, queda un saldo de $265.914 millones a favor del Estado nacional, con una tasa del 15% anual y garantía de pago vía coparticipación. Además, la provincia desiste de reclamos judiciales contra Nación, incluido el correspondiente al FONID.
La negociación entre el gobierno de Gustavo Sáenz y la Casa Rosada terminó de tomar forma este martes, con la publicación del Decreto 493/26 en el Boletín Oficial de Salta. El convenio aprobado se inscribe en el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), creado por Nación y presentado como una herramienta para sanear las cuentas entre el Estado nacional y las provincias.
Pero los números del acuerdo dejan una lectura política bastante menos auspiciosa para Salta: la provincia reconoce una deuda con Nación que supera los $267 mil millones, mientras que el Estado nacional reconoce una acreencia de apenas $1.868 millones a favor del distrito. Después de hacer las cuentas, el resultado es un saldo de $265.914 millones a favor de la Nación.
Es decir: la negociación que debía servir para extinguir obligaciones recíprocas termina consolidando una deuda gigantesca de Salta con el Gobierno nacional.
Una compensación bastante desigual
El REOR fue creado mediante el Decreto nacional 969/2024 con el objetivo de extinguir total o parcialmente las obligaciones cruzadas entre Nación y las provincias. El mecanismo permite incorporar deudas y créditos para acordar compensaciones, conciliaciones, transacciones, reconocimientos y otras operaciones destinadas a determinar y cancelar esas obligaciones.
Salta había manifestado su voluntad de participar del régimen en diciembre de 2024. Ahora, casi dos años después, el gobierno provincial formalizó el primer acuerdo con Nación. El convenio deja abierta la posibilidad de incorporar otras obligaciones en futuras negociaciones.
El problema aparece cuando se mira la letra chica.
Por un lado, Nación reconoce adeudarle a Salta $1.868.473.048,25, correspondientes al Acuerdo Marco de Colaboración en materia de Obras Públicas de Vivienda. No aparecen en este convenio otros reconocimientos de deuda nacional a favor de la provincia.
Por el otro, Salta reconoce obligaciones con el Estado nacional por $267.782.530.505,63. La cuenta incluye: $796.366.122,07 correspondientes a fondos no rendidos del Fondo Federal Solidario; $259.000 millones por el anticipo financiero establecido mediante el Decreto 219/2026, y $7.986.164.383,56 correspondientes a los intereses de ese anticipo.
La diferencia es abismal: por cada peso que Nación reconoce deberle a Salta, la provincia reconoce aproximadamente 143 pesos de deuda con el Estado nacional.
Después de descontar los $1.868 millones que Nación reconoce a favor de Salta, el convenio fija un saldo de $265.914.057.457,38 a favor del Estado nacional.
La provincia paga, Nación cobra
El esquema acordado tampoco implica que esa deuda quede licuada en el tiempo. El convenio establece que Salta deberá afrontar $77.700 millones en cuatro cuotas mensuales, con el primer vencimiento previsto para el último día hábil de agosto de 2026. A eso se suma una segunda obligación de $7.986 millones, que deberá cancelarse en una única cuota durante diciembre de este año.
El resto de la deuda asciende a $180.227.893.073,82, que será abonado en siete cuotas mensuales consecutivas. El texto publicado contiene en este punto una fecha de vencimiento consignada como junio de 2021, anterior al propio convenio, por lo que se trata de una inconsistencia temporal que deberá ser aclarada. Pero hay algo todavía más importante: la deuda devenga intereses al 15% nominal anual.
Los intereses acumulados hasta el 31 de diciembre de 2026 se pagarán en una única cuota en diciembre. En cambio, desde enero de 2027, se calcularán mensualmente sobre el capital que todavía quede pendiente y deberán pagarse todos los meses.
Y Nación se aseguró la garantía, ya que el acuerdo establece que el capital y los intereses podrán ser cobrados mediante la retención de recursos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos. La retención podrá comenzar 15 días hábiles antes de cada vencimiento.
En términos políticos, el mecanismo es sencillo: si Salta no paga, Nación tiene la posibilidad de cobrarse directamente de los recursos coparticipables que recibe la provincia.
El costo político que excede la deuda
La letra chica del convenio incluye otro elemento de peso: Salta desiste de acciones judiciales que había iniciado contra el Estado nacional. El acuerdo establece expresamente que la provincia desiste de la acción y del derecho en distintos procesos judiciales. Entre ellos, la causa iniciada contra Nación por la inconstitucionalidad de los decretos 561/19 y 567/19, un incidente de medida cautelar vinculado con ese expediente y un amparo relacionado con el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). El decreto no informa cuánto dinero estaba reclamando Salta por el FONID ni incorpora ese reclamo al cálculo de los $265.914 millones que la provincia termina reconociendo como saldo a favor de Nación.
El punto es relevante porque el convenio establece además que las partes deberán presentar el acuerdo para su homologación judicial en todos los procesos que la provincia haya iniciado contra Nación y respecto de los cuales se haya comprometido a desistir.
Así, la negociación no solamente tiene un resultado económico desfavorable para Salta en términos del saldo reconocido, también implica resignar herramientas judiciales que la provincia tenía abiertas frente a Nación.
Hay otra condición que puede pasar inadvertida detrás de los grandes números. A partir de la vigencia del convenio, Salta deberá entregar a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación información periódica sobre la evolución de sus finanzas públicas.
El listado es extenso, ya que incluye presupuesto, recaudación de impuestos, nuevas inversiones, cargos y horas cátedra, gastos, tarifas de servicios públicos, ejecución presupuestaria, stock de deuda, uso del crédito, servicios de deuda, gasto en personal, situación del Tesoro, saldos bancarios, avales y garantías, ingresos tributarios y no tributarios, transferencias y financiamiento a municipios, entre otros datos.
Es decir, el acuerdo no sólo establece cuánto debe pagar Salta sino que también habilita un seguimiento sistemático de sus cuentas por parte del Ministerio de Economía de la Nación.
Una negociación no equilibrada
El gobierno de Sáenz convirtió la estrategia de negociación en una de sus principales herramientas políticas frente a la administración de Javier Milei. La provincia evitó una confrontación abierta con la Casa Rosada y buscó sostener un vínculo institucional que le permitiera conseguir recursos, obras y soluciones frente al ajuste nacional.
El Decreto 493 permite mirar una de esas negociaciones desde sus resultados concretos. Y la fotografía no favorece a Salta.
El propio convenio recuerda que el marco legal nacional habilitaba al Ministerio de Economía a acordar quitas, esperas, remisiones y “novaciones” (renegociación) de deudas, tanto de capital como de intereses, de acuerdo con las posibilidades financieras del Estado nacional y las obligaciones involucradas. La asimetría de la deuda es tan grande que el concepto de “extinción de obligaciones recíprocas” queda, al menos en esta primera etapa, bastante lejos de una negociación equilibrada.
Si bien, el gobierno provincial puede presentar el convenio como el cierre de una parte de las cuentas pendientes con Nación y como un paso dentro del proceso de ordenamiento financiero; lo cierto es que en la política también se mide por los resultados de las negociaciones. Además, el mismo acuerdo aclara que esta negociación no agota las obligaciones recíprocas entre las partes y que podrán incorporarse nuevos conceptos en futuros acuerdos.
Por eso, más que el final de una discusión, el Decreto 493 puede ser leído como el primer capítulo de una nueva relación financiera entre Salta y la Casa Rosada.
Por Maira López- P/12