La quiebra alcanza a la licenciataria que explotaba la marca en el norte del país y parte de Buenos Aires y cuyos dueños no podrán abandonar el país
La crisis de Musimundo ingresó en una etapa definitiva para una de las compañías que explotan la histórica cadena de electrodomésticos que, en sus años de esplendor, supo operar en casi toda la Argentina.
Esto se debe a que la Justicia decretó la quiebra de CARSA, su operadora en el norte del país y parte de la provincia de Buenos Aires, después de determinar que el cierre de sucursales, los despidos y la falta de ingresos tornaron inviable su concurso preventivo.
La resolución fue dictada este el 2 de septiembre de 2026 por Fernando Luis Lavenas, juez del Juzgado Civil y Comercial Nº 23 de la ciudad de Resistencia, en el Chaco, en donde la sociedad tiene registrada su casa matriz.
El magistrado revocó la apertura del concurso preventivo de acreedores que había autorizado el 17 de julio pasado, ordenó la inmediata incautación de los bienes y documentos de CARSA y dispuso que, una vez firme la sentencia, comience la liquidación de sus activos.
El fallo se conoció luego del cierre de los locales que la empresa mantenía en Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones y del fracaso de una operación mediante la cual pretendía transferir 45 sucursales.
Ante la caída de esa alternativa, CARSA presentó un plan para reducirse a una estructura mínima dedicada principalmente a cobrar las cuotas de productos vendidos con anterioridad.
Esa propuesta terminó acelerando la quiebra ya que el juez consideró que la sociedad ya no tenía mercadería para reponer, establecimientos para operar ni ingresos comerciales que permitieran sostener una reestructuración.
"Han cerrado sus sucursales y la Empresa solo se reduce a una oficina de cobro de cuotas de mercaderías ya vendidas", sostuvo Lavenas quien, a partir de ese diagnóstico, concluyó que "en este momento no existe Empresa que sea objeto del concurso".
Un rescate que duró menos de dos meses
CARSA había solicitado la apertura de su segundo concurso preventivo en julio pasado, en medio de una crisis que incluía un pasivo declarado de $63.503 millones y $1.593,4 millones correspondientes a cheques rechazados.
La compañía presentó el procedimiento como una herramienta para preservar la continuidad operativa, conservar las fuentes laborales, proteger su patrimonio y negociar una reestructuración ordenada con los acreedores.
En ese momento, el Juzgado Civil y Comercial Nº 23 de Resistencia aceptó la apertura del expediente para permitir que CARSA continuara administrando sus actividades bajo supervisión judicial mientras verificaba sus deudas y preparaba una propuesta de pago.
Sin embargo, durante las semanas siguientes se modificaron las condiciones que habían sustentado esa resolución.
La empresa cerró sucursales en las cuatro provincias del nordeste, despidió trabajadores y reconoció que no había podido concretar la transferencia de 45 locales aprobada anteriormente por su directorio.
Esa operación que debía generar el alivio patrimonial necesario para sostener la reestructuración pero CARSA informó que no pudo completarla por circunstancias financieras y de mercado sobrevinientes, aunque no identificó en la presentación judicial al interesado ni detalló las condiciones económicas de la negociación.
Sin ese ingreso, el directorio de la sociedad aprobó el pasado 26 de agosto, mediante el Acta Nº 695, un plan de adecuación urgente con el objetivo de eliminar la mayor parte de su estructura y conservar únicamente los recursos necesarios para gestionar el cobro de las ventas financiadas.
El ahorro dejó al descubierto la falta de ingresos
En ese momento, CARSA calculó que el cierre de establecimientos y la reducción de alquileres, salarios y gastos logísticos le permitirían ahorrar aproximadamente $1.420 millones por mes.
La empresa aseguró que esos recursos serían destinados prioritariamente al pago de las obligaciones esenciales y al sostenimiento de las actividades indispensables.
También indicó que cualquier operación que excediera la administración ordinaria sería sometida a autorización judicial.
Pero la sindicatura advirtió que el plan se concentraba en los gastos que la compañía pretendía eliminar y guardaba silencio sobre los ingresos necesarios para continuar.
De hecho, CARSA no informó el monto de las cuotas que todavía debía cobrar por las ventas financiadas, el saldo de esa cartera, su distribución geográfica ni el cronograma previsto de ingresos, y tampoco detalló qué parte de esos créditos había sido transferida a fideicomisos financieros.
La falta de esa información resultaba decisiva porque las cobranzas eran presentadas como el único sostén del plan.
El juzgado señaló que parte de los créditos podía haber sido cedida a fideicomisos y, por lo tanto, no estaba acreditado que todos los fondos pendientes pertenecieran efectivamente a CARSA.
La sociedad tampoco presentó un plan para pagar los créditos laborales reconocidos ni explicó cómo afrontaría las liquidaciones finales y las indemnizaciones correspondientes a los nuevos despidos.
Ahora, el fallo que decreta su quiebra agregó que la reducción de las operaciones no contemplaba la reposición de mercadería y que, por lo tanto, la empresa dejaba de tener una operación comercial y pasaba a concentrarse en cobrar cuotas originadas en negocios anteriores.
Un control que anticipaba la quiebra
Ante el deterioro de la compañía, la sindicatura solicitó una serie de medidas para preservar los bienes y controlar los fondos.
Pidió intimar a CARSA para que informara la composición completa de su cartera de ventas financiadas, diferenciara los créditos corrientes de los vencidos y detallara su participación en cada fideicomiso.
También reclamó un cronograma para pagar las obligaciones laborales y una explicación documentada sobre el origen de los recursos destinados a sostener el concurso.
Además, propuso designar un veedor judicial para supervisar el circuito de cobranzas sin reemplazar formalmente a los administradores y ordenó que los actos que excedieran el funcionamiento cotidiano debían quedar sujetos a su conformidad y a la autorización del tribunal.
La sindicatura también solicitó inventariar los muebles, vehículos, computadoras, equipos y mercadería existentes en los establecimientos cerrados, además de reclamar copias de respaldo de los sistemas de stock y pedir que las cuotas cobradas en las sucursales fueran depositadas dentro de las 48 horas en una cuenta judicial, con rendiciones quincenales.
El juez entendió que ese esquema de vigilancia contenía prácticamente todas las medidas propias de una quiebra y usó esa conclusión como uno de los elementos para revocar el concurso preventivo.
"La sociedad no se encuentra en posibilidades de mantener, ni mucho menos llegar a un acuerdo exitoso del concurso preventivo", afirmó Lavenas en la resolución.
La liquidación reemplaza a la reestructuración
El magistrado consideró además que los cierres, los despidos y la falta de recursos configuraban hechos reveladores del estado de cesación de pagos previsto por el artículo 79 de la Ley de Concursos y Quiebras.
La causa fue recaratulada como "CARSA S.A. s/ Quiebra" y desde ese momento, el objetivo del proceso dejó de ser la recuperación de la compañía y pasó a ser la identificación, protección y futura liquidación de su patrimonio para pagarles a los acreedores.
El juzgado también decretó la inhibición general de CARSA para vender o gravar bienes registrables en Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y Buenos Aires y ordenó que la sociedad y los terceros entreguen sus activos a la sindicatura y que los libros y la documentación contable sean puestos a su disposición dentro de las 24 horas.
La resolución prohibió efectuar pagos directamente a CARSA y ordenó que cualquier desembolso que se realice a favor de la sociedad después de la comunicación de la quiebra podrá ser considerado ineficaz.
Además, el juez ordenó interceptar la correspondencia de la compañía, inmovilizar los fondos que pudiera tener depositados en expedientes judiciales e incautar inmediatamente sus bienes y papeles.
La realización de los activos comenzará cuando la resolución quede firme, en tanto que la designación del encargado de venderlos fue diferida para una etapa posterior.
Clausuras, inventarios y secuestro de vehículos
La orden judicial alcanza a los establecimientos que CARSA operaba en distintas provincias, a la vez que el fallo instruyó a las fuerzas policiales para clausurar los locales, impedir el retiro de mercadería y controlar los bienes existentes.
También autorizó el secuestro de automóviles, utilitarios, camiones y motocicletas pertenecientes a la compañía, tanto en los establecimientos como en las rutas.
Los vehículos deberán quedar depositados en dependencias policiales hasta que el juzgado determine su destino.
Además, la sindicatura quedó facultada para realizar el inventario junto con oficiales de Justicia como parte de una orden que permite allanar domicilios y recurrir a la fuerza pública cuando resulte necesario, con habilitación de días y horarios inhábiles.
Los administradores de CARSA, en tanto, no podrán salir del país sin autorización judicial hasta la presentación del informe general de la sindicatura.
Para aplicar esa restricción se librarán comunicaciones a Migraciones, la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Aduana y la Policía del Chaco.
La carrera de los acreedores continúa
El tribunal mantuvo al Estudio Contable Benítez como sindicatura de la quiebra junto a un equipo que está integrado por José Valentín Benítez, José Nicolás Benítez y Cynthia Bernard.
Los acreedores tendrán plazo hasta el 6 de noviembre próximo para presentar sus pedidos de verificación y acreditar el origen, el monto y los privilegios de cada deuda reclamada.
La sindicatura deberá entregar el informe individual sobre los créditos el 30 de marzo de 2027, mientras que el documento que deberá reconstruir el activo, el pasivo, las causas de la insolvencia y la conducta de los administradores, quedó programado para el 25 de junio del mismo año.
El proceso fue clasificado dentro de la categoría A por su dimensión y complejidad y también se ordenó publicar edictos en Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Buenos Aires, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Neuquén y Río Negro, además de la Ciudad de Buenos Aires.
La caída de una operadora histórica
CARSA es una empresa con sede en Resistencia que explotaba la marca Musimundo bajo licencia con una red comercial que se encontraba concentrada en el nordeste y en algunas localidades bonaerenses.
La compañía ya había atravesado un concurso preventivo en 2018, cuando la caída del consumo, el aumento de los costos financieros y la acumulación de deudas obligaron a reestructurar su operación.
Además, había formado parte de la antigua Red Megatone junto con Bazar Avenida y Electrónica Megatone y después de la reorganización de esa alianza empresaria, continuó operando locales identificados con la marca Musimundo.
Por Andrés Sanguinetti - IP