Zona cálida y zona fría: dan subsidios para bajar subsidios
Las controladas de Transener, TRANSBA S.A. y CITELEC S.A., acaban de aprobar el reparto de 209.358 millones de pesos en dividendos en efectivo (USD 140 millones).
El hecho, comunicado a la CNV como "Hecho Relevante", no es más que la foto de un proceso que merece un análisis político crítico sobre el rol del Estado y el destino de una empresa estratégica. La aprobación de estos dividendos responde a una lógica empresarial clara, pero también a una estructura de poder que se beneficia directamente. La decisión de desafectar las reservas destinadas al pago de futuros dividendos y distribuirlas en efectivo muestra una gestión orientada a maximizar el retorno al accionista privado, en lugar de, por ejemplo, priorizar inversiones en la propia red de transmisión.
Este reparto de dividendos adquiere una dimensión aún más crítica cuando se lo coloca en el contexto de la reciente privatización de la empresa. El gobierno de Milei concretó la venta de la participación estatal en Transener, la operadora del 85% de la red troncal eléctrica argentina, por unos 356 millones de dólares. La Resolución 364/26 fijó el precio base en USD 206,2 millones por el 26% de Transener, en tanto a ese momento su capitalización de mercado supera los USD 1.300 millones. La venta quedó en manos de un grupo conformado por Edison Transmisión (grupo Neuss) y Genneia. Es aquí donde el reparto de dividendos adquiere un tinte político ineludible. El Estado vendió su participación por una suma fija. Al hacerlo, se desprendió de un activo que tiene la capacidad de generar flujos de caja millonarios para sus accionistas. El nuevo dueño, no solo adquiere la infraestructura crítica, sino que también se asegura un flujo de ingresos futuros, del cual este dividendo es un ejemplo elocuente.
La combinación de la privatización y el posterior reparto de dividendos plantea serias preguntas. El Estado se deshizo de una participación en una empresa que controla una infraestructura esencial como la red de alta tensión, que es un cuello de botella y un pilar para el desarrollo productivo del país. La empresa demuestra su capacidad de generar ganancias y distribuirlas. El Estado ya no participa de ese flujo, que podría haber utilizado para financiar inversiones o reducir el déficit fiscal.
El argumento oficial para la venta fue la modernización y la eficiencia. Sin embargo, la rápida distribución de ganancias, a los pocos meses de concretada la venta, sugiere que el negocio principal no era necesariamente mejorar el servicio eléctrico, sino asegurar una jugosa rentabilidad para un grupo económico concentrado. En definitiva, el reparto de 209 mil millones de pesos de Transener no es un hecho técnico ni un "hecho relevante" menor. Es la evidencia de cómo se consuma un proceso de transferencia de recursos de la esfera pública a la privada, donde el Estado vende barato y el capital privado se asegura una renta perpetua sobre la base de una infraestructura que fue construida y sostenida históricamente con fondos de todos los argentinos.
TRANSPORTE ELECTRICO: LA CLAVE DE LAS TARIFAS
La reciente suba de tarifas eléctricas que anunció el Gobierno para septiembre suele justificarse en los costos de la energía y el mantenimiento de las redes. Sin embargo, esa explicación oculta una trama política y económica mucho más compleja que es el componente de transporte eléctrico que se encarece por la inflación, por la demanda y porque el Estado decidió regalar una empresa estratégica a un grupo de amigos, que ni bien la compraron, se llevaron la caja.
Para entenderlo, hay que mirar los números duros. La serie de precios (remuneración de Línea 500 kV en USD por hora y por cada 100 km) de la remuneración de Transener en tanto sujeto regulado está definido por el ENRE muestra una tendencia clara. Los valores que promedian los 46 USD/MWh entre 2022 y 2023 se dispararon a picos de 120 USD/MWh en marzo de 2026 para establecerse en 110 en agosto. Este incremento de casi 300% en apenas tres años refleja una presión enorme sobre el sistema, y el principal responsable es el costo del transporte, ese componente de la factura que suele pasar desapercibido pero que pesa cada vez más.
Tal como se mencionó en la nota anterior, empresarios muy cercanos al oficialismo, se quedaron con la participación estatal en Transener por 356 millones de dólares y en apenas tres meses después de la compra, el directorio de la empresa se repartió 140 millones de dólares en dividendos, dinero que provenía de ganancias acumuladas cuando el Estado todavía era dueño.
Lo que esta maniobra demuestra es que el aumento de las tarifas que pagan los usuarios no solo financia los costos reales del sistema, sino que también está engrosando los bolsillos de un puñado de empresarios que se beneficiaron de una privatización hecha a medida. Mientras el gobierno de Milei nos dice que hay que pagar más para "ordenar la economía", los Neuss y sus socios de Genneia (donde también está Jorge Brito, un empresario con aspiraciones presidenciales) se llevan la plata que el Estado acumuló. Y encima, el Estado, a través de la ANSES, todavía conserva casi el 20% de las acciones, pero su representante en el directorio no hizo nada para evitar que los nuevos dueños se llevaran la herencia acumulada.
La pregunta incómoda que deberíamos hacernos como usuarios es: ¿por qué tenemos que pagar facturas cada vez más caras si el dinero no se reinvierte en el sistema, sino que se reparte entre los nuevos dueños?
La ubicación de las centrales eléctricas, sea cual sea su tecnología, no es una decisión puramente ingenieril, sino una elección de planificación que condiciona el desarrollo de los territorios. Cuando la generación se concentra en unos pocos puntos alejados de las grandes ciudades, la electricidad debe recorrer largas líneas de transmisión, lo que genera pérdidas inevitables de energía en forma de calor y reduce la eficiencia global del sistema. Pero más allá de esa ineficiencia técnica, existe una desigualdad territorial difícil de ignorar: las localidades que albergan estas grandes infraestructuras asumen un impacto cotidiano en su suelo, su paisaje y su entorno, mientras que los beneficios económicos más sustanciales, como el empleo cualificado, la recaudación fiscal o el valor industrial agregado, terminan concentrados en los centros urbanos o en las sedes distantes de las empresas. Ese desajuste crea una dependencia asimétrica, donde las periferias proveen el recurso energético, pero no participan equitativamente de las ventajas que genera.
En definitiva, cuando analizamos el componente de transporte en nuestra boleta de luz, no estamos viendo solo un número que sube por razones técnicas o económicas. Estamos viendo el reflejo de una decisión política: la de transferir un activo público a manos privadas sin control y a un precio que hoy, con la caja que se llevaron, parece un verdadero regalo. Mientras los hogares con subsidios ven sus facturas recortadas y aumentadas al mismo tiempo, el gran negocio de la energía sigue su curso, lejos de las necesidades de la gente y muy cerca de los bolsillos de los amigos del poder.
50 AÑOS DE INVAP: TECNOLOGÍA ARGENTINA PARA EL MUNDO
Hace cincuenta años, una idea surgida en el Centro Atómico Bariloche comenzó a tomar forma y se convirtió en uno de los proyectos más emblemáticos de la ciencia argentina. El 1 de septiembre de 1976, a partir de un acuerdo entre la CNEA y el Gobierno de Río Negro, nació INVAP. Desde entonces, la empresa no solo ha crecido en capacidades técnicas, sino que se ha transformado en una herramienta clave para el desarrollo nacional, demostrando que la tecnología de punta puede planificarse y ejecutarse con recursos locales y visión de largo plazo.
La importancia política de INVAP radica en que se ha consolidado como un actor estratégico para la soberanía tecnológica del país. A lo largo de estas cinco décadas, la empresa ha sido un socio indispensable en la política exterior argentina, especialmente en el ámbito nuclear, donde su prestigio internacional contribuyó a generar confianza y transparencia en momentos críticos de la recuperación democrática. Un hito de ese rol fue la visita conjunta de los presidentes Alfonsín y Sarney a la planta de Pilcaniyeu en 1987, que selló un acuerdo de cooperación bilateral y posicionó a la Argentina como un referente regional en el uso pacífico de la energía nuclear. Esa capacidad de tender puentes a través de la tecnología convierte a INVAP en un instrumento de diplomacia científica que trasciende los vaivenes políticos y económicos del país.
En el plano económico e industrial, INVAP demostró que es posible generar desarrollo sin depender del presupuesto estatal, ya que se financia enteramente con los ingresos de sus propios proyectos. Esta lógica la obliga a ser competitiva en los mercados internacionales y a articular su trabajo con más de cien pequeñas y medianas empresas nacionales, generando un ecosistema productivo que multiplica el impacto de cada inversión. Proyectos como el reactor RA-10 no solo garantizarán el autoabastecimiento de radioisótopos para el sistema de salud, sino que también permitirán capturar una porción significativa del mercado global, lo que se traduce en divisas, empleo calificado y transferencia de conocimiento al sector privado.
Desde el punto de vista tecnológico, INVAP se convirtió en un símbolo de lo que la ciencia pública argentina puede lograr cuando hay continuidad en las políticas de Estado. Su capacidad para desarrollar satélites, radares y sistemas de defensa, así como reactores nucleares y centros de protonterapia, demuestra que el conocimiento generado localmente puede competir al más alto nivel mundial. El reconocimiento del Organismo Internacional de Energía Atómica a proyectos como el RA-10 o el Centro Argentino de Protonterapia funciona como un aval externo que refuerza el prestigio de la tecnología nacional y abre puertas para nuevas alianzas estratégicas.
A lo largo de medio siglo, INVAP supo sortear crisis económicas y cambios de gobierno sin perder su rumbo, lo que la convierte en un caso excepcional dentro de la historia política argentina. Su supervivencia y crecimiento no son fruto del azar, sino de una decisión sostenida que entendió que la tecnología es un bien estratégico y que el desarrollo industrial y económico de un país no puede depender exclusivamente de lo que otros deciden venderle. Hoy INVAP sigue siendo un recordatorio de que cuando el Estado acompaña con visión de futuro y la ciencia se pone al servicio de intereses colectivos, el talento argentino puede proyectarse hacia el mundo sin dejar de mirar por las necesidades propias
NEUQUÉN DENUNCIÓ SOBRECOSTOS EN EL GAS A CHILE
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, denunció que una empresa multinacional del sector energético está aumentando de manera artificial el costo del transporte de gas hacia Chile. Aunque no la nombró directamente, los indicios apuntan a la compañía Naturgy, dueña del Gasoducto del Pacífico. Según el mandatario, la empresa eleva los peajes para favorecer su propio negocio de gas licuado en el país vecino. Esta acusación, realizada en el Council of the Americas, puso sobre la mesa un problema de fondo: la infraestructura existente está siendo subutilizada mientras el gas de Vaca Muerta busca una salida al Pacífico.
El gobernador acompañó su denuncia con datos concretos. Señaló que los consumidores chilenos pagan actualmente 15 dólares por el gas, cuando desde Neuquén podrían conseguirlo a 6 dólares, incluyendo el costo del transporte.
Desde la empresa, en cambio, aseguraron que la capacidad del gasoducto está a disposición de cualquier productor que quiera usarla, y sugirieron que el problema no es el precio del peaje, sino la escasa oferta de gas con destino a Chile. Sin embargo, la estructura de negocios de Naturgy complica la interpretación: el grupo controla más de la mitad del gasoducto en Argentina y, al mismo tiempo, participa en la distribución de gas en Chile y en la importación de gas licuado. Esto significa que la misma compañía tiene intereses tanto en el transporte por caño como en la comercialización de gas importado, lo que genera un evidente conflicto de intereses.
Esta disputa revela una división más amplia dentro de Vaca Muerta sobre cómo exportar el gas. Por un lado, empresas como Total Energies y CGC impulsan el uso de la infraestructura existente para vender gas a los países vecinos de forma rápida y con menores inversiones. Por otro lado, el proyecto Southern Energy LNG apuesta por la licuefacción y la exportación por barco desde Río Negro, lo que requiere inversiones millonarias, pero permite llegar a mercados internacionales.
Detrás de esta pelea empresarial hay una contradicción política que ya generó críticas. Sectores de la oposición señalaron que el gobierno de Javier Milei autorizó un aumento del 675% en las tarifas de transporte de gas para el mercado interno, mientras que ahora impulsa peajes bajos para exportar a Chile. De esta manera, lo que se presentó como un costo inevitable para los argentinos se vuelve negociable cuando se trata de venderle gas a otro país. Esta misma lógica ya había generado tensiones con Brasil, cuando se cuestionó los peajes que se pretendían cobrar para enviar gas a San Pablo.
Para Neuquén, el asunto es clave ya que cada metros cúbicos de gas que no se vende representa producción perdida, regalías que no ingresan y un recurso estratégico desaprovechado. La ofensiva de Figueroa también abre una posibilidad más ambiciosa de que el gas cruce la cordillera, utilice la infraestructura chilena y tenga una salida al Pacífico, evitando así las enormes inversiones necesarias para desarrollar una industria de gas licuado desde cero en la costa argentina. La discusión ya no es solo cuánto gas hay en el subsuelo, sino quién controla las puertas de salida, cuánto cobra por abrirlas y hacia dónde conviene dirigir la producción.
EL DESPERTAR REGIONAL DE VACA MUERTA
Cuando el buque SFL Tigris amarró frente a las costas de José Ignacio a mediados de año, pocos imaginaron que esa operación marcaría el inicio de una nueva era para el petróleo de Vaca Muerta. La boya de ANCAP, recientemente renovada, recibió 750.000 barriles de crudo Medanito provenientes de Puerto Rosales. Detrás de esa maniobra, una estrategia política binacional que viene consolidándose desde hace tres años. No se trata de un hecho fortuito.
Mientras la terminal de ANCAP estrenaba su sistema de amarre de punto único —que permite recibir buques de hasta 150.000 toneladas—, del lado argentino el muelle offshore de Otamerica ya despacha entre 20 y 25 buques por mes. Ambas inversiones ocurren en el mismo período y apuntan en la misma dirección: consolidar un corredor logístico regional que hoy opera con la regularidad de una ruta establecida.
Uruguay no produce petróleo. Su refinería La Teja, la única del país, depende por completo de las importaciones. Hasta hace poco, el crudo llegaba desde proveedores de ultramar. Pero la proximidad geográfica, la calidad liviana del crudo Medanito y la reducción de costos logísticos hicieron el resto. Las cifras hablan por sí solas: en 2023, Uruguay importó 62.800 toneladas de crudo argentino. En 2024, la cifra escaló a 224.000 toneladas. Durante 2025, alcanzó las 240.000 toneladas. En apenas tres años, el flujo se cuadruplicó. Y la tendencia no se detiene: solo en la ventana de junio de este año sumaron cerca de 200.000 toneladas, equivalentes a 1,5 millones de barriles.
Para Argentina, Uruguay se convierte en el socio más predecible del Cono Sur: un mercado estable, con cobros más ágiles que los destinos de ultramar y sin los vaivenes geopolíticos que afectan a otras regiones. Para Uruguay, la apuesta implica garantizar la seguridad de suministro de su sistema energético con un proveedor vecino, reduciendo la exposición a las fluctuaciones del mercado internacional y los riesgos de los largos trayectos marítimos.
Mientras el mundo debate sobre transiciones energéticas y seguridad de suministro, Argentina y Uruguay demuestran que la integración regional no es un concepto abstracto: es una boya en el océano, un oleoducto en funcionamiento y un flujo de crudo que no para de crecer. La maniobra uruguaya no hizo más que confirmar lo que el petróleo de Vaca Muerta encontró en el Río de la Plata su puerta de salida más confiable.
YPF Y EL COSTO OCULTO PARA LAS PYMES DE VACA MUERTA
El discurso oficial sobre el despegue definitivo de Vaca Muerta choca una vez más con la dura realidad de su cadena de valor. Mientras se celebran récords de producción y se promociona la gestión de Horacio Marín al frente de YPF, una decisión silenciosa pero devastadora revela las grietas de un modelo que privilegia los balances de la petrolera por encima de la salud del entramado productivo nacional.
La reciente extensión de los plazos de pago a proveedores, de 45 a 75 días, no es una mera cuestión administrativa. Es una decisión política que convierte a YPF en un actor que, en lugar de motorizar el desarrollo, aprieta a los eslabones más débiles de la cadena. La petrolera se está financiando a costa de las pymes, trasladándoles su propia necesidad de caja y obligándolas a soportar un mes adicional de costos salariales, operativos y fiscales.
Este accionar no solo es injusto, sino profundamente errado. Al forzar a sus proveedores a un límite financiero extremo, la gestión de Marín está sembrando las bases de su propio problema futuro que será una cadena de servicios quebrada o descapitalizada que no podrá sostener el crecimiento de Vaca Muerta. El riesgo de embargos y la cadena de incumplimientos es un síntoma de que el "crecimiento" del sector se está edificando sobre un castillo de naipes, donde los primeros en caer son los que realmente sostienen la operación cotidiana.
La pregunta que resuena es si el éxito de YPF puede medirse únicamente por sus indicadores internos, o si debe incluir su capacidad de fortalecer el tejido productivo argentino. Mientras se mira hacia otro lado, 50 mil pymes están al borde del cierre. ¿Hasta cuándo el crecimiento de unos pocos será a causa de la asfixia para el resto?
AGENDA REGULATORIA Y NORMATIVA
1. Aprobación de RIGI para proyecto de MEGA (Resolución 1381/2026): Se aprobó el proyecto para que la Compañía Mega pueda acogerse al RIGI para ampliar su complejo industrial para producir más líquidos de gas natural (LGN). La ampliación del Complejo Industrial MEGA aumentará su capacidad de producción de LGN en 1.500 toneladas diarias (5.500 a 7.000). El proyecto, que implica una inversión de más de 365 millones de dólares, tiene previsto iniciar sus operaciones comerciales en febrero de 2029 y tendrá una vida útil de 18 años. Se estima que alrededor del 80% de esa nueva producción se destinará a la exportación (principalmente como GLP y gasolina natural), lo que generaría un impacto positivo de unos 213 millones de dólares en la balanza comercial argentina.
2. Aumento y ampliación del bloque subsidiado para septiembre (Resolución 221 y 223/2026): El Gobierno autorizó este martes un aumento del 1,75% en las tarifas de luz al tiempo que amplió de 150 a 200 kilovatios hora (kWh) mensuales el bloque de consumo eléctrico alcanzado por los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) durante septiembre, una decisión que modifica parcialmente el recorte que estaba previsto para este mes, y alcanza a los hogares beneficiarios del régimen en todo el país, sin distinción de zona bioambiental.
La ampliación del bloque subsidiado fue acompañada por una bonificación adicional extraordinaria del 25% sobre los primeros 200 kWh mensuales de los usuarios residenciales incluidos en el SEF. Ese porcentaje se suma a la bonificación general del 50% sobre el componente energético prevista por el régimen. En términos del precio estacional de la electricidad, la cobertura sobre el bloque subsidiado pasa así a representar el 75% durante septiembre.
3. Aumento en las tarifas de gas (Varias): El Gobierno autorizó un aumento promedio del 1,40% en las tarifas de gas natural para septiembre de 2026. La decisión fue formalizada a través de una serie de resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE), publicadas en el Boletín Oficial, que definieron los nuevos cuadros tarifarios para las empresas transportadoras y distribuidoras de todo el país. Este ajuste, que tiene alcance nacional debido a que la regulación del servicio es federal, se da en el marco de la emergencia energética, extendida hasta el 31 de diciembre de 2027.
Colofón: La energía no es un asunto técnico, es poder. La privatización de Transener y el reparto inmediato de dividendos no fueron un accidente, sino que fue la foto de un Estado que vende barato lo que costó décadas construir, mientras las tarifas suben para financiar el negocio de los nuevos dueños. Frente a eso, INVAP demuestra que hay otro camino basado en tecnología soberana, planificación y desarrollo con pymes. Pero mientras YPF asfixia a sus proveedores y el gas se negocia a precios distintos según cruce o no la frontera, la pregunta sigue en el aire: ¿para quién producimos y quién decide el destino de los recursos de todos los argentinos?
PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR ENERGÉTICO
C E P A: Informe: Centro de Economía Política Argentina (CEPA)