El Gobierno usa como excusa la defensa de la soberanía para promover una ley que reforma el rol de las FFAA y faculta a un organismo a hacer investigaciones administrativas que pueden quedar ocultas
El arrebato nacionalista que sufrió Javier Milei, que hizo que pasara de declararse un admirador de Margaret Thatcher a encarnar la defensa de la causa Malvinas, escondía algo detrás. El proyecto de “Defensa de la Soberanía Nacional” que la Casa Rosada envió al Congreso funciona, para opositores, especialistas y referentes de derechos humanos, como un caballo de Troya que encubre nuevas funciones para las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia, así como la posibilidad de perseguir a quienes sean sindicados por tener supuestos vínculos con Estados u organizaciones extranjeras o por realizar “campañas coordinadas de desinformación”.
Dos semanas después de que Milei hiciera una cadena nacional para hablar de la cuestión Malvinas –subiéndose a la ola que generó ver a un grupo de jugadores de la Selección flamear una bandera que decía que las Malvinas son argentinas y en medio de las rispideces entre Donald Trump y el Reino Unido–, apareció el proyecto de ley que el Gobierno había prometido enviar al Congreso.
La iniciativa tiene dos partes: una vinculada a sancionar operaciones en la zona de las islas –que es bastante escueta– y otra, mucho más frondosa, alrededor de la cuestión de la seguridad nacional, que es un tema que la administración de La Libertad Avanza (LLA) ya había anunciado en marzo del año pasado que iba a abordar. O sea, una vieja obsesión que el Gobierno encontró el momento para colar.
“El proyecto hace uso de una causa de enorme consenso social y político, como es Malvinas, como marco para introducir una agenda mucho más amplia de seguridad nacional, sin que haya una situación de riesgo que lo amerite”, explica Diego Morales, director de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Bajo ese paraguas, amplía las nociones de amenaza y agresión y, con ellas, el marco de intervención de las Fuerzas Armadas e incorpora nuevas herramientas de intervención estatal para restringir el espacio cívico, ampliar la agenda de seguridad nacional para aumentar el financiamiento y el descontrol de los servicios de inteligencia”, añade.
El diagnóstico es compartido por el diputado nacional Agustín Rossi, que preside la comisión de Defensa del Partido Justicialista (PJ). “Está claro que metieron un caballo de Troya. Es una ley ómnibus. Si el Presidente quiere modificar el sistema de seguridad nacional, que envíe una ley específica y la discutimos. No puede incluirla en un proyecto sobre las sanciones en Malvinas”, sostiene el exministro de Defensa.
Desde el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata también denunciaron que el Gobierno está usando la cuestión Malvinas para reeditar la doctrina de seguridad nacional y barrer los límites democráticos y constitucionales que separan la seguridad interior de la defensa.
El eje de la reforma tiene que ver con la creación de un Consejo de Seguridad Nacional (CSN). Si bien comparte el mismo nombre del que se conformó en los Estados Unidos en la posguerra, sus funciones no serían estrictamente las mismas. El de Washington funciona como un cuerpo que asesora al Presidente. Este, en cambio, será dirigido por el propio Presidente y funcionará como una especie de jefatura de gabinete ampliada, explica un conocedor de la política estadounidense.
En la cadena nacional, Milei había dicho que el CSN estaría integrado por el Presidente, el ministro de Defensa, el ministro de Economía, el canciller y el titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). En el proyecto se agregaron dos dependencias más: la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Legal y Técnica. Llama la atención la ausencia del Ministerio de Seguridad. Algunos lo atribuyen a que Alejandra Monteoliva quedó en offside por sus declaraciones sobre Malvinas en la previa del partido con Inglaterra.
“El CSN no debería existir. Argentina no es un país que esté permanentemente en guerra como Estados Unidos. Allá tiene esa lógica. Acá existe, por ley, un Consejo de Defensa Nacional”, sostiene Rossi.
Desde el CELS destacan, por ejemplo, que a diferencia de lo que sí sucede con la composición del Consejo de Defensa, el CSN no prevé la participación de representantes del Congreso o de las provincias, lo que contribuye a dotar al Poder Ejecutivo Nacional de mayor protagonismo en la toma de decisiones.
Según el proyecto, el CSN puede iniciar investigaciones administrativas contra infractores o contra quienes supuestamente atenten contra la seguridad nacional. La norma faculta al CSN a diferir la comunicación de que esa investigación está en marcha para facilitar la pesquisa. O sea, el Poder Ejecutivo puede investigar a una persona sin que ésta sepa o pueda ejercer su derecho a defensa.
¿Qué es una afectación o amenaza a la seguridad nacional? En el proyecto es definida como acto, actividad, decisión u operación que provenga de un Estado extranjero, una organización extranjera o que sea realizada por una persona humana o jurídica que actúe por cuenta, orden, bajo control o financiamiento de ellos. Con esa definición, una organización de derechos humanos que reciba financiamiento externo y critique medidas implementadas por el Gobierno podría quedar bajo el radar del CSN.
“En el CSN participa la SIDE. Esto quiere decir que la SIDE puede conducir una investigación sin control judicial, lo que puede dar lugar a todo tipo de arbitrariedades”, advierte Claudio Pandolfi, docente de la carrera de Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).
En materia penal, se establecen también penas de hasta doce años de cárcel para quien sea considerado parte de campañas coordinadas de desinformación masiva. También dice que quien no cuente con residencia permanente en el país no podrá hacer campaña ni propaganda electoral.
El proyecto también habilita el derribo de aeronaves por autorización del Presidente, que puede ser delegada en el ministerio de Defensa, explica también Pandolfi.
La exministra de Seguridad Sabina Frederic resalta que el proyecto busca que el Congreso apruebe cambios que el Gobierno había dispuesto por decreto y que habilitan una mayor injerencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, lo que rompe con el consenso que se generó después de la experiencia criminal de la última dictadura.
“Lo que hace el Gobierno, por ejemplo, es introducir en este proyecto de ley el cambio conceptual que existe en la reglamentación de la ley de Defensa Nacional. La reglamentación que hizo este Gobierno como el de Mauricio Macri, por decreto, introduce la posibilidad de que las Fuerzas Armadas actúen ante amenazas no estatales”, señala Frederic.
En el texto, de hecho, figura que los militares están facultados para ejercer operaciones convencionales y no convencionales. Las Fuerzas Armadas, además, estarán facultadas a intervenir en la protección de infraestructuras críticas, las que son definidas como “estructuras físicas, redes, sistemas o partes de éstos, públicos o privados, indispensables para el adecuado funcionamiento de los servicios esenciales de la sociedad, la salud, la seguridad, la defensa, la economía y el funcionamiento efectivo del Estado”. Pandolfi entiende que un hospital podría ser considerado una infraestructura crítica. Queda una pregunta abierta: ¿Qué pasaría, por ejemplo, si los trabajadores hicieran una huelga?
Por Luciana Bertoia-P/12