La Comisión de Legislación General, Justicia y Comunicaciones escuchó la exposición de Gabriela Sommer Aromí sobre las modificaciones planteadas para transformar el sistema de justicia penal de Misiones, con énfasis en la oralidad, la resolución de conflictos y la implementación gradual del modelo acusatorio.
La presentación se realizó durante el tratamiento del expediente que contiene una propuesta de los ministros del Superior Tribunal de Justicia y del procurador general de la provincia para conformar una mesa de trabajo interdisciplinaria entre el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Colegio de Abogados, con el objetivo de modificar el Código Procesal Penal y transformar integralmente el sistema de justicia penal de Misiones.
Durante su exposición ante los integrantes de la comisión, Sommer Aromí destacó la importancia de avanzar con la reforma y señaló que uno de los ejes centrales consiste en pasar de un procedimiento escrito y burocrático a otro organizado en torno a las audiencias. Según explicó, este cambio permitiría priorizar la gestión de las investigaciones y la resolución de los conflictos, en lugar de centrar la actividad en la producción de expedientes judiciales.
También se refirió a la incorporación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos y a la necesidad de adecuar el funcionamiento de los organismos que intervienen en el proceso. En ese sentido, mencionó la implementación de fiscalías especializadas y una mayor coordinación entre el Ministerio Público Fiscal y otras áreas del Estado, para que las modificaciones previstas en la normativa puedan traducirse en nuevas prácticas de trabajo.
Otro de los aspectos abordados fue la desformalización del proceso penal. La expositora explicó que la centralidad de las audiencias no implica una pérdida de calidad, sino una oportunidad para mejorar el desarrollo de los procedimientos y orientar las intervenciones hacia respuestas concretas. Asimismo, se refirió a la posibilidad de incorporar el juicio por jurados mediante una ley específica, independientemente de cómo quede regulado este aspecto en el Código Procesal Penal.
En relación con la organización institucional, hizo hincapié en el diseño de la oficina judicial como una condición relevante para implementar el sistema acusatorio. Explicó que esta estructura permitiría delimitar con mayor claridad las funciones jurisdiccionales de los jueces, concentradas en resolver los planteos de las partes, y diferenciarlas de las tareas administrativas y de gestión.
Respecto de los plazos para concretar la reforma, Sommer Aromí consideró que la transición requiere preparación y un proceso gradual. En particular, remarcó la necesidad de capacitar a fiscales, jueces y defensores, tanto particulares como oficiales, para que comprendan los cambios y puedan aplicarlos en su trabajo cotidiano.
“La ley puede cambiar y en la realidad no cambia nada si los operadores del sistema no entienden el cambio y no trabajan en consecuencia”, advirtió. En esa línea, sostuvo que la puesta en marcha debe respetar los tiempos necesarios y contemplar una evaluación de los recursos disponibles antes de definir el orden de implementación en las distintas circunscripciones judiciales.
Como conclusión, señaló que el objetivo de la transformación es brindar respuestas adecuadas a los conflictos que ingresan al sistema penal. Explicó que la gestión de esas situaciones debe estar orientada a resolver los problemas que llegan al Estado y no limitarse a la generación de expedientes, con efectos que alcancen tanto a quienes intervienen directamente en los procesos como a la ciudadanía.
Sommer Aromí es abogada especialista en Derecho Penal, mediadora, docente universitaria y capacitadora en reforma procesal penal. Participó en el proceso de reforma procesal penal de la provincia de Corrientes y en actividades de capacitación vinculadas con la reforma en Chaco.
