Ampliar los controles del Tribunal de Cuentas, aliviar el bolsillo de las familias, garantizar una ambulancia donde hace falta. Decisiones que no ocupan titulares, pero construyen esperanza. Y en el 17 de octubre, la misma pregunta de siempre: la lealtad a una idea se mide en discursos o en la vida concreta de quienes dice representar. El sentido común sugiere que se mide en lo segundo.
Hay una frase que se repite en las campañas y que suele quedar flotando en el aire: hay que devolverle la esperanza a la gente. Suena bien, es emotiva. Y a menudo no significa nada. Porque la esperanza no se devuelve con un discurso. Se administra con decisiones. Y no siempre las decisiones que la construyen son las más visibles.
Esta semana, el gobernador, Hugo Passalacqua, envió a la Legislatura un proyecto para ampliar las facultades del Tribunal de Cuentas sobre las empresas y sociedades con participación estatal. Puede leerse como una modificación técnica. Pero es mucho más que eso. Es aceptar que el poder necesita más controles de los que tenía. Y hacerlo por iniciativa propia, no porque alguien los impuso.
Eso, en la política argentina, no es habitual. Lo habitual es concentrar decisiones, reducir cuestionamientos y evitar que otros revisen lo que uno hace. La transparencia, en ese esquema, suele interpretarse como debilidad. Passalacqua parece entenderlo al revés: un gobierno que acepta límites es un gobierno más fuerte, no más débil. O al menos, más confiable. Y la confianza, en un contexto de desesperanza, también es una forma de esperanza.
La reforma todavía tiene que aprobarse. Entraría en vigencia en 2027. Y sería apresurado celebrarla como un logro consumado. La prueba real llegará cuando los controles funcionen, las auditorías produzcan información y las responsabilidades puedan establecerse. Pero la decisión de impulsarla tiene valor por sí misma. Porque marca una orientación.
En esa misma orientación pueden leerse otras medidas de la semana. La reducción del límite de descuentos sobre los haberes de empleados públicos y jubilados, del 39% al 30%. El tope para las cuotas del IPRODHA. Las medidas de alivio fiscal para profesionales y pequeñas empresas. La continuidad de los programas Ahora. Y el Ahora Mamá, con seis cuotas sin interés y reintegros de hasta el 20%.
Ninguna de esas decisiones va a revertir por sí sola la pérdida de poder adquisitivo. Sería absurdo decirlo. Pero todas apuntan a lo mismo: evitar que las dificultades económicas absorban todo el ingreso de una familia. Y eso, para quien está haciendo malabares para llegar a fin de mes, significa algo.
Hay una diferencia de prioridades con el Gobierno nacional. Mientras Javier Milei sostiene un programa de ajuste fiscal que incluye reducción de subsidios, paralización de obras y disminución de transferencias, Misiones intenta sostener instrumentos de alivio dentro de sus posibilidades. No se trata de una discusión entre gastar y ahorrar. Ambos gobiernos administran recursos limitados. La diferencia está en qué gastos consideran prioritarios y cómo distribuyen los costos del ajuste. El contraste no es menor. Y tampoco es casual.
Pero hay algo más profundo. Cuando una familia consigue preservar una parte mayor de su salario, cuando un comerciante encuentra mejores condiciones para vender o cuando un productor recibe acompañamiento, no solo obtiene un beneficio inmediato. Recupera algo que la crisis viene deteriorando: la posibilidad de planificar. Pensar en el mes siguiente sin que todas las expectativas estén condicionadas por una deuda, una factura o la incertidumbre laboral. Esa posibilidad, aunque sea limitada, tiene una dimensión social que las estadísticas no siempre reflejan.
La semana también dejó otras decisiones que no producen alivio inmediato, pero construyen condiciones para el futuro. Passalacqua recibió al intendente electo de Encarnación, Sebastián Remezowski, para conversar sobre integración turística, comercial y cultural. En una provincia fronteriza, fortalecer la relación con Paraguay no es un gesto diplomático: puede abrir oportunidades para el comercio, el turismo y la circulación entre dos ciudades que comparten buena parte de su vida económica. También se reunió con jóvenes empresarios de UNAJE. Y acompañó a pequeños productores yerbateros y marcas emergentes en MATEAR, un espacio que ayuda a quienes producen a encontrar mercados y construir identidad comercial.
Son iniciativas distintas. Pero tienen algo en común: no parten de la idea de que el Estado debe reemplazar a los privados. Buscan generar condiciones para que puedan desarrollar sus actividades. Es una diferencia sutil pero importante. Porque el Estado puede intervenir para facilitar, abrir mercados, financiar infraestructura o acompañar sectores estratégicos. Lo que no debería hacer es convertirse en el dueño de las oportunidades. Cuando eso ocurre, la economía termina reproduciendo el mismo problema que la política intenta dejar atrás: la concentración.
También hubo cambios en la estructura provincial. La salida de Roque Gervasoni de la presidencia del IMAC y la decisión de colocar el organismo bajo la conducción del ministro de Hacienda, Adolfo Safrán. Y un cambio en el Parque Industrial con una mirada más abierta a la comunidad y a nuevos emprendimientos. No son solamente reemplazos de funcionarios. Suponen revisar cómo trabajan organismos que tienen responsabilidades importantes en el acompañamiento a los productores y en la administración de los mercados concentradores. Una nueva imagen política necesita algo más que caras diferentes: requiere nuevas prioridades, mayor eficiencia y capacidad para transformar los recursos existentes en oportunidades concretas.
El Coop Bono Misionero, presentado esta semana para acompañar proyectos productivos de cooperativas escolares, va en esa misma dirección. La provincia cuenta con 98 entidades activas registradas y pretende ampliar ese universo. Los estudiantes podrán reunir recursos para sus iniciativas mientras adquieren experiencias de administración, organización y comercialización. No es solamente financiamiento escolar. Es una oportunidad para que los jóvenes aprendan a trabajar colectivamente, asumir responsabilidades y desarrollar proyectos propios. En una época donde la incertidumbre económica suele empujar a los jóvenes a pensar que su futuro estará lejos de Misiones, ofrecerles herramientas para producir y emprender tiene un significado que excede la actividad educativa.
Y después están las decisiones que tienen impacto directo sobre necesidades esenciales. La incorporación de ocho ambulancias adquiridas con fondos provinciales elevó de 154 a 162 las unidades operativas del sistema de traslados sanitarios. Tres son de alta complejidad y cinco para traslados simples, distribuidas entre hospitales y municipios de distintas regiones. Detrás de esos números hay una cuestión elemental: en una provincia extensa, con localidades alejadas de los centros de mayor complejidad, disponer de una ambulancia puede modificar las posibilidades de recibir atención a tiempo. También estuvo la respuesta provincial frente a la creciente del río y la asistencia a las familias afectadas. Las emergencias no esperan que las cuentas públicas mejoren. Exigen capacidad de organización, recursos disponibles y coordinación entre organismos y municipios. En Puerto Piray, la construcción compartida del polideportivo municipal. En Pozo Azul, la entrega de títulos de propiedad, que coloca en primer plano una necesidad diferente: la seguridad jurídica de las familias sobre la tierra que habitan.
No son intervenciones equivalentes ni tienen la misma magnitud. Pero muestran la diversidad de demandas que debe atender una administración provincial: salud, vivienda, producción, educación, infraestructura y asistencia social. Ningún gobernador puede resolverlas todas. Y menos en un contexto de restricciones económicas. El desafío consiste en establecer prioridades, administrar responsablemente y evitar que la falta de recursos se convierta en una excusa permanente para dejar de actuar.
Hay un problema que atraviesa a buena parte de la sociedad argentina y que no siempre aparece en los indicadores económicos: el deterioro de las expectativas. La sensación de que, por más esfuerzo que se haga, resulta cada vez más difícil progresar. Que trabajar no garantiza llegar a fin de mes, que estudiar no asegura encontrar empleo y que sostener un emprendimiento exige superar obstáculos crecientes. Cuando esa percepción se instala, la política enfrenta un problema mucho más profundo que la pérdida de popularidad de un gobierno. Enfrenta una sociedad que empieza a perder confianza en su propio futuro.
Y ningún posicionamiento electoral, ninguna encuesta favorable ni ninguna construcción de poder alcanza para resolver semejante problema. La esperanza no se fabrica con propaganda ni puede sostenerse indefinidamente mediante discursos optimistas. Necesita razones concretas.
Por eso tampoco corresponde presentar a Passalacqua como alguien que tiene todas las respuestas o que ya resolvió las dificultades de Misiones. La provincia sigue enfrentando problemas importantes: pérdida de empleos, dificultades productivas, endeudamiento familiar, restricciones presupuestarias y demandas sociales que exceden la capacidad de respuesta inmediata del Estado. No está el cielo ganado. Y sería un error político desconocerlo. Pero también sería injusto colocar en el mismo plano a quien reconoce esas dificultades e intenta intervenir sobre ellas y a quien considera que el ajuste, por sí solo, terminará resolviendo los problemas sociales. La diferencia debe buscarse en las decisiones, no en las declaraciones.
Ampliar controles sobre los recursos públicos. Reducir cargas económicas. Sostener herramientas de consumo. Acompañar productores. Fortalecer servicios sanitarios. Abrir oportunidades comerciales y ofrecer instrumentos de formación a los jóvenes. Son hechos que pueden evaluarse, discutirse y mejorarse. No constituyen garantías de éxito ni sustituyen los resultados que todavía faltan. Pero permiten reconocer una orientación.
En un tiempo donde la política parece demasiado concentrada en las próximas elecciones, quizás la pregunta más importante no sea quién consigue posicionarse mejor para 2027, sino quién está contribuyendo a que los misioneros puedan imaginar una vida mejor después de 2027. Porque el poder no debería ser una finalidad en sí misma. Debería servir para construir condiciones que permitan a las personas vivir con mayor tranquilidad, desarrollar sus proyectos y recuperar la confianza en lo que viene.
La esperanza, al final, no se decreta. Se administra. Y se construye con decisiones que, muchas veces, no ocupan los titulares. Están en la letra chica del Boletín Oficial, en una ambulancia que llega a tiempo, en un título de propiedad que da seguridad, en un crédito que permite sostener un comercio o en un control que obliga a rendir cuentas. Ahí está la esperanza. No en los discursos. En los hechos.
Lealtad
Cada 17 de octubre, el peronismo se encuentra con su historia. Recuerda aquella movilización de 1945 que cambió el rumbo de la política argentina y que, con el paso de las décadas, se convirtió en una de las fechas más importantes de su identidad. La lealtad, en ese recorrido, dejó de ser una palabra para transformarse en bandera, en forma de reconocerse, en tradición que atraviesa generaciones. Pero las fechas históricas tienen un riesgo: que el recuerdo termine ocupando el lugar de las ideas que les dieron origen.
La lealtad, por sí sola, no alcanza para definir un proyecto político. Se puede ser leal a un partido, a un dirigente, a una doctrina o a una convicción, incluso a una idea libertaria que propone una manera completamente distinta de organizar la sociedad. La pregunta es qué se defiende cuando se es leal y, sobre todo, qué consecuencias tiene esa lealtad para los demás. Porque el 17 de octubre no quedó en la historia por una concentración multitudinaria ni por la fidelidad de un grupo a un nombre propio. Su significado está ligado a una transformación social y política, al protagonismo de los trabajadores y a la incorporación de sectores populares que reclamaban un lugar en las decisiones del país.
Por eso, para quienes se identifican con el peronismo, la fecha también debería servir para revisar cuánto queda de aquellas banderas en la práctica cotidiana. No alcanza con recordar a los trabajadores si el trabajo deja de ser una vía para construir una vida digna. Tampoco alcanza con invocar la justicia social si después cuesta explicar de qué manera se traduce en el salario, en la posibilidad de llegar a fin de mes, de sostener una familia, de acceder a una vivienda o de comprar los bienes y servicios que una persona necesita con el fruto de su esfuerzo.
En los últimos años, la discusión sobre la justicia social quedó atrapada demasiadas veces en una disputa de consignas. Para algunos, la sola existencia de un plan social representa una forma de justicia. Para otros, cualquier política de asistencia es una distorsión que debería desaparecer. Pero la realidad de una sociedad no entra con facilidad en esas dos posiciones. Hay personas que necesitan asistencia porque no tienen trabajo, otras que trabajan y aun así no consiguen cubrir sus necesidades, y millones que dependen de que la economía les permita vivir de su salario sin tener que elegir qué cuenta dejar para después. La asistencia puede ser indispensable cuando alguien la necesita, pero no debería convertirse en el horizonte permanente de una política social.
La justicia social también se juega en la posibilidad de que trabajar valga la pena. Que el salario permita vivir, que el esfuerzo tenga una recompensa concreta y que progresar no sea una promesa reservada para unos pocos. Si una persona cumple con su jornada, recibe su sueldo y descubre que ese ingreso ya no alcanza para pagar los servicios, llenar la heladera o resolver los gastos básicos de su familia, hay una parte de la discusión política que no se puede tapar con ninguna consigna. Y si esa persona deja de encontrar respuestas en el movimiento que históricamente se presentó como representante de los trabajadores, la dirigencia debería preguntarse qué está haciendo mal antes de reprocharle que busque otra alternativa.
Esa pregunta no pertenece solamente al peronismo. Los resultados electorales de la Argentina reciente muestran que la sociedad no entrega un cheque en blanco y que las identidades políticas, por profundas que sean, no garantizan una adhesión para siempre. En 2015, Mauricio Macri derrotó a Daniel Scioli, candidato del oficialismo kirchnerista, después de doce años de gobiernos encabezados por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Cuatro años más tarde, el propio Macri perdió la elección frente a Alberto Fernández, elegido – a dedo- como candidato presidencial por Cristina, que conservaba un peso decisivo dentro de su espacio. En 2023, Fernández terminó su mandato en medio de una crisis económica y una pérdida de confianza que favorecieron el triunfo de Javier Milei.
Cada una de esas elecciones tuvo sus propias razones, sus circunstancias y sus protagonistas. Reducirlas a una única explicación sería desconocer la complejidad del voto. Pero hay un hilo que las conecta: los gobiernos pueden llegar al poder con una expectativa enorme y perder el respaldo cuando una parte importante de la sociedad siente que su vida no mejora o que sus problemas se agravan. Las promesas pesan al comienzo. Los resultados, tarde o temprano, terminan pesando más.
Brasil acaba de ofrecer otra señal en esa misma dirección. En la primera vuelta presidencial del 4 de octubre, Flávio Bolsonaro superó en votos a Luiz Inácio Lula da Silva y ambos deberán enfrentarse en el balotaje. No hace falta interpretar ese resultado como una victoria definitiva de la derecha ni como una derrota consumada de la izquierda. La elección todavía no terminó. Lo que sí merece atención es que un presidente que busca la reelección se encuentre frente a una competencia tan ajustada y con un adversario que consiguió quedar primero en la primera ronda. La pertenencia ideológica no elimina la obligación de responder por la gestión.
En la Argentina también se debería tomar nota de algo que a menudo incomoda a la dirigencia: el elector no siempre vota de acuerdo con las categorías que los dirigentes, los analistas o los comunicadores utilizan para ordenar la política. Puede votar por una convicción, por una expectativa de cambio, por el rechazo a un gobierno, por una experiencia personal o por la esperanza de que alguien distinto resuelva aquello que los anteriores no pudieron solucionar. A veces esas razones conviven, se contradicen o cambian con el tiempo. El voto no es una declaración doctrinaria que deba ajustarse a las interpretaciones de quienes observan la elección desde afuera.
Por eso convendría tener más cuidado al calificar las decisiones de los ciudadanos. Cuando el resultado favorece a un espacio propio, es frecuente escuchar que el pueblo habló, que la sociedad comprendió el mensaje o que la democracia se expresó con claridad. Cuando gana el adversario, aparecen con rapidez las explicaciones que atribuyen la decisión al engaño, a la manipulación de las redes sociales, a los medios de comunicación o a la falta de comprensión de la gente. Puede haber operaciones, desinformación y campañas que condicionen el debate público, pero convertirlas en la explicación automática de cualquier resultado adverso es una manera de evitar la autocrítica. Y la autocrítica, en política, no es un lujo. Es una necesidad.
Además, quienes hoy descalifican el voto de una parte de la sociedad mañana tendrán que salir a la calle a pedirle ese mismo voto. La democracia exige algo más que aceptar el resultado cuando es favorable: exige reconocer que el otro tiene derecho a elegir, incluso cuando su decisión contradice las propias convicciones. Los grises existen, las razones son diversas y ninguna fuerza política puede arrogarse la representación exclusiva de la inteligencia, la sensibilidad social o el sentido común.
Retomando el 17 de octubre, la lealtad peronista tiene una historia y un significado que exceden la fidelidad a sus dirigentes. Está ligada a una idea de país en la que el trabajador no sea una variable descartable, en la que el empleo permita construir un proyecto de vida y en la que la movilidad social no dependa de la suerte de cada familia. Si esas aspiraciones siguen vigentes, el desafío consiste en volver a hacerlas posibles en las condiciones de la Argentina actual, no solamente en pronunciarlas durante un acto.
La lealtad también puede ser una exigencia hacia adentro. Ser leal a una historia no significa aceptar sin preguntas todo lo que se hace en su nombre. A veces, la forma más honesta de defender una identidad consiste en señalar la distancia entre lo que esa identidad promete y lo que efectivamente produce. El peronismo no necesita renunciar a sus principios para reconocer sus errores. Necesita demostrar que todavía tiene respuestas para los trabajadores, para quienes producen, para quienes buscan empleo y para quienes descubren que el esfuerzo ya no garantiza siquiera una vida tranquila.
Este 17 de octubre, recordar la lealtad debería ser algo más que volver sobre una fotografía de la historia argentina. Debería servir para preguntarse qué país se quiere construir y cuánto de ese país existe hoy en la vida concreta de la gente. Porque la lealtad a una idea no se mide solamente por la cantidad de personas que la recuerdan, ni por la intensidad con la que la defienden en una plaza. También se mide por su capacidad de mejorar la realidad de quienes dicen representarla. Y esa es una prueba que ningún partido, ningún dirigente y ninguna ideología puede evitar.
Por Sergio Fernández